Desde EEUU
El significado del Proceso de Paz Colombiano
Berta
Joubert-Ceci
Este último
año, Colombia ha estado repleta de eventos históricos. Paros agrarios,
negociaciones de paz, consultas populares, grandes manifestaciones estudiantiles,
en fin, un gran dinamismo en el entorno de los movimientos sociales. Aunque no
sea lo suficientemente masivo para cambiar la balanza del poder, si es lo
suficiente para que se vislumbre el camino a la esperanza para este pueblo al
que tanto ésta se le ha negado.
Negociaciones
de paz
Ya hace un año
que representantes de las FARC-EP y el gobierno del presidente Juan Manuel
Santos se encuentran en negociaciones en la ciudad de la Habana, Cuba con el
fin de buscar el fin del conflicto armado en ese país andino.
Estas
conversaciones que se iniciaron bajo un “Acuerdo General para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, no son
meramente diálogos entre fuerzas opuestas para lograr un consenso. Son y
reflejan la dura realidad colombiana que afecta a la gran mayoría de su
población. Exponen la enorme desigualdad que existe en este país, lo que hace
imposible una paz con justicia social. Exponen también la falta de garantías
democráticas para quienes se opongan a las políticas neoliberales impuestas por
los EE.UU. y llevadas a cabo por el gobierno nacional.
La insurgencia
armada, tanto las FARC-EP como el ELN, no son sino la expresión de un pueblo
ante tanta pobreza, hambre y desamparo sin otra posibilidad de lucha. En
Colombia, la lucha por los derechos humanos, sociales y sindicales se paga con
sangre y con la vida, como lo han demostrado las cientos de miles de personas
muertas, activistas sociales, de derechos humanos, campesinos,
afrodescendientes, estudiantes, sindicalistas, etc.
Es por esto
que este Proceso de Paz va dirigido a toda la población colombiana. De hecho,
las FARC han creado una página en el internet “mesadeconversaciones.com.co”
donde no solo están las propuestas, sino que se pide a la población en general
escribir sus comentarios y propuestas. Éstas han sido estudiadas por la
insurgencia en la mesa de diálogos e incorporadas a las propuestas dirigidas al
gobierno. La mesa de diálogo también hizo una convocatoria para la celebración
de foros temáticos en Colombia y así fomentar la participación activa en las
negociaciones.
De los seis
puntos de la agenda de discusiones, (1) política de desarrollo agrario
integral, (2) participación política, (3) fin del conflicto, (4) solución al
problema de las drogas ilícitas, (5) víctimas y (6) la implementación,
verificación y refrendación, sólo los primeros dos han concluido.
Cada paso de
las conversaciones se ha visto entorpecido por una clara renuencia del gobierno
a lograr una solución que no sea otra que la insurgencia deponga sus armas
unilateralmente. Por una parte el gobierno ha negado la posibilidad de un cese
a las confrontaciones armadas mientras se lleve a cabo el proceso, y por otra
no ha permitido un diálogo abierto de la ciudadanía con las fuerzas
insurgentes.
Sólo hace muy
poco, el 1º de octubre, se vio en la televisión colombiana una entrevista por
el periodista Antonio Caballero a Pablo Catatumbo e Iván Márquez, voceros de
las FARC desde Cuba, en el programa “Las Claves” en el Canal Capital donde
explican al pueblo cómo se están desarrollando las conversaciones.
(canalcapital.gov.co)
Paro agrario nacional
La gran
necesidad de una política agraria que beneficie al pueblo, primer punto de la
agenda de las negociaciones, fue expuesta el pasado 19 de agosto cuando
comenzó en Colombia un gran Paro Nacional Agrario y Popular.
Si bien el
problema de la tenencia de tierras ha sido central en el conflicto, la
aprobación del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. en mayo del 2012 ha agravado
la situación económica sobre todo para las poblaciones afrocolombianas,
indígenas y campesinas. El aumento del transporte, de los insumos, la
inundación de productos baratos desde EE.UU. para competir con los productos
colombianos, etc., hacen recordar el levantamiento en Chiapas a raíz de la
puesta en marcha del TLCAN entre México y EE.UU. en enero de 1994. Las
consecuencias del TLCAN destruyó la agricultura mexicana lanzando a millones a
la pobreza extrema y a la migración.
En todos los
sectores campesinos del país colombiano ha habido una profunda y creciente
insatisfacción que finalmente explotó en el mes de agosto.
“El paro
nacional agrario es consecuencia del descontento social de la situación
calamitosa en la que vive la mayor parte de la población rural en Colombia (…)
debido a la firma del TLC que fue diseñado fundamentalmente para favorecer a
los capitales extranjeros y a unos cuantos oligarcas nacionales que están
asociados a ellos, dijo Jairo Jurado, miembro de Marcha Patriótica’’. (andes.info.ec)
El paro, con
bloqueos de importantes carreteras, iniciado por organizaciones campesinas en
defensa de su territorio y contra los efectos del TLC, en pocos días se amplía
por todo el país sumándose además otros sectores sociales, sindicatos, estudiantes,
etc.
El gobierno de
Santos respondió con una enorme violencia. Para el 8 de septiembre, ya había
660 casos de violaciones a los derechos humanos, 485 heridos, 12 campesinos
asesinados, 262 detenciones arbitrarias y 52 hostigamientos y amenazas.
Aunque Santos
trató de desestimar el paro y su lucha a nivel nacional, para finales de agosto
“más de trescientas mil personas, entre campesinos, indígenas, afrocolombianos,
trabajadores, trasportadores, estudiantes, y colombianos y colombianas en general
participan activamente en esta justa lucha”. (viacampesina.org)
Luego de 21
días de bloqueos, se levantó el paro a nivel nacional, pero no las
movilizaciones. Se había formado una Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de
Interlocución y Acuerdo (MIA) para entablar un diálogo con el gobierno
nacional y hacerle ver sus exigencias, pero a pesar de varias reuniones con el
gobierno, éste aún no ha respondido a las necesidades y verdaderas propuestas
de la MIA. Las organizaciones convocantes dicen que las medidas concedidas por
el gobierno no han sido suficientes y que el gobierno habla y promete, pero no
cumple su palabra. Una de las exigencias del pliego de peticiones del Paro era
la de “Suspender y revisar, en conjunto con las organizaciones de pequeños y
medianos productores, los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la
Unión Europea, Corea y demás países”. (viacampesina.org)
La respuesta
del gobierno ha sido en cambio, intensificar la criminalización de la protesta
social en general. Por largo tiempo el gobierno colombiano ha acusado a
líderes y activistas sociales, estudiantiles y sindicales de pertenecer a la
guerrilla. Muchas mujeres y hombres han sido asesinados por paramilitares o por
fuerzas policiales o militares. Hay más de 10.000 prisioneros y prisioneras
políticas. Hay muchas personas aún desaparecidas y amenazadas.
El gobierno de
Santos pretende borrar esta realidad y aparecer con una nueva cara luego de la
terrible gestión de su antecesor, el presidente paramilitar, Álvaro Uribe.
Pero no sólo la situación sigue igual, sino que ha empeorado por la
intensificación de la invasión de corporaciones transnacionales,
particularmente de EE.UU. y el robo subsecuente de los territorios a sectores
campesinos, afrocolombianos e indígenas.
Uno de los
últimos sucesos que ha indignado al pueblo, ha sido el encarcelamiento de un
líder sindical que era vocero nacional de la MIA, vicepresidente de FENSUAGRO,
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, y miembro de la junta
Patriótica Nacional del Movimiento Político y Social – Marcha Patriótica, Huber
Ballesteros Gómez, acusado falsamente de los delitos de rebelión y terrorismo.
Lanzaron una campaña nacional e internacional exigiendo la liberación inmediata
de Ballesteros.
Ésta es la verdadera
respuesta del gobierno a las justas exigencias del pueblo colombiano.
Por eso es
imprescindible que los movimientos progresistas a nivel internacional acompañen
el Proceso de Paz de todos y todas las colombianas y rechacen la violencia de
parte del estado hacia los sectores populares. Y, quienes estamos en los
EE.UU., exigir la terminación de la ayuda militar estadounidense a la máquina
militar colombiana.
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