25/Abril/2014
Desde México, Gro.
Aguirre y Fausto: Debilidad Institucional
Guerrero y
Michoacán, Estados Intervenidos
Rodrigo Huerta Pegueros*
Lo que está sucediendo ahora en el vecino estado de Michoacán, no es para
nada diferente a lo que ocurrió hace varios meses atrás en el estado de
Guerrero, cuando las fuerzas federales, atendiendo el llamado del gobernador
Ángel Heladio Aguirre Rivero, acudieron a enfrentar a los grupos criminales que
envolvieron en forma violenta y drástica la mayoría de los municipios y
provocaron el surgimiento de los llamados grupos de autodefensa que ocuparon
territorios rurales y urbanos que estaban en una situación de indefensión
frente a quienes se dedicaban a la extorsión, el secuestro, el cobro de piso,
la violación de mujeres y la venta de estupefacientes en forma impune.
La aparición de los grupos de autodefensa o comunitarios en el estado de
Michoacán fue provocado por cuestiones similares a las de Guerrero, donde los
carteles de las drogas, obligaban a los productores y a los explotadores de
minas o comerciantes de cualquier tipo y nivel e incluso a funcionarios
públicos de los ayuntamientos y el gobierno estatal, a entregarles ciertas
cantidades de dinero en forma mensual o de lo contrario sufrirían de actos violentos.
En Guerrero está sobradamente documentado que los empresarios de los
principales municipios se quejaban de ser igualmente tratados por los
criminales y extorsionados, con la complacencia y muchas de las veces, con la
participación de las propias autoridades policiacas que permitían, coadyuvaban
y operaban a favor del crimen organizado.
La respuesta del gobierno estatal fue siempre el que no estaban preparados
para enfrentarlos y que solo con la participación de la federación podrían
hacerle frente a este flagelo que no solo consistiría en erradicar la
producción y comercialización de drogas, sino frenar y desterrar los delitos
del secuestro, extorsión, pago de piso y violación a mujeres que cometían y
siguen cometiendo las bandas de criminales.
Lo que había entonces en la entidad era a luces, un gobierno fallido, un
gobernante que no tenía posibilidad de cumplir con su responsabilidad
primigenia de otorgar seguridad pública y protección a los ciudadanos,
acompañado de gobiernos municipales igualmente débiles e indefensos, pero sobre
todo cooptados por los cárteles de las drogas.
El gobierno federal llegó a Guerrero en auxilio a la población y realizó
una serie de acciones para descontaminar primero a las fuerzas policiales del
estado y los ayuntamientos, los cuales por cierto, salieron mal calificados y
por ende imposibilitados a ser parte de las nuevas corporaciones de seguridad
pública.
La violencia desatada en las regiones de la tierra caliente, de la capital
del estado, en la región de la costa chica y la montaña y en el municipio de
Iguala y Acapulco, tuvieron sus etapas de contención y lograron disuadir a los
cárteles de las drogas y evitar los enfrentamientos violentos, los cuales ahora
se dan en diferente contexto y en lugares alejados de los centros urbanos.
La situación de Guerrero en el caso de su incapacidad para atender la
demanda social, no solo disminuyó sino
que se agravó con la presencia de los fenómenos naturales que azotaron la
región durante el pasado mes de Septiembre y que afectó seriamente a varias
regiones y particularmente a municipios como Acapulco, Atoyac de Álvarez,
Chilpancingo, Coyuca de Benítez y Tixtla.
Los daños causados no han sido reparados y las familias damnificadas han
sido poco menos que atendidas por los gobiernos federal y estatal, no digamos
por las autoridades locales que fueron desde un principio hechas a un lado por
la federación.
Durante los eventos realizados por los gobiernos federal y estatal para
atender a los habitantes damnificados, una vez más el gobernador Aguirre Rivero
fue seriamente cuestionado por la ciudadanía que solicitó al mismísimo
presidente de la República, Enrique Peña Nieto que la ayuda se canalizara a
través de funcionarios federales pues no se tenía confianza en el gobierno
estatal.
Una vez más, el gobierno local quedó expuesto ante la federación como una
institución desacreditada, lo cual vino a agravarse con el pronunciamiento del
secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong al prometer a los
ciudadanos de Acapulco una amplia investigación sobre los acontecimientos de la
tormenta tropical Manuel que devastó varias comunidades aledañas a la zona de
playas conocida como Acapulco Diamante y que fueron víctimas de las ambiciones
desmedidas de funcionarios locales, estatales y federales que unidos otorgaron
permisos y licencias de construcción y funcionamiento de casas habitación,
establecimientos comerciales, decisiones que fueron los causantes de la grave destrucción de la flora y fauna
impactando negativamente la ecología y el medio ambiente del área.
Frente a este cuestionamiento, tanto el gobernador Aguirre como el alcalde
de Acapulco, Luis Walton Aburto, oficiosamente ofrecieron su concurso para
integrar los expedientes y dar así con los culpables del desastre en la zona
devastada por el fenómeno Manuel.
Sin embargo, la investigación quedó truncada al no entregar ni en tiempo ni
en forma los documentos ofertados por ambos gobernantes a la federación y la
promesa de entregar resultados por parte del gobierno federal y particularmente
por el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong quedó en el limbo.
Las organizaciones civiles involucradas en esta demanda de esclarecimiento
de los hechos, tampoco han realizado el trabajo que les corresponde como
sociedad civil para presionar a las autoridades y demandar que se haga justicia
y se corrijan las anomalías que existan todavía en el plan director urbano de
Acapulco y particularmente para aquella zona afectada.
Tras el impasse de la tormenta, la inseguridad pública volvió a retomar su
importancia en la entidad y cada día mas grupos de autodefensas aparecían a lo
largo y ancho de la entidad, lo cual provocó que el propio gobierno tratara de
unificarlos y al fracasar en el intento, promovió ante el Congreso del estado una
iniciativa de ley para constituir en el estado la figura de la policía rural, a
fin de que esta nueva figura fuese atendida por grupos comunitarios o
autodefensas, las cuales, una vez promulgada la ley mencionada, rechazaron
tajantemente integrarse como policías rurales.
Ha sido no tradición sino una consecuencia, que las leyes que se emiten por
parte del legislativo son siempre consecuencia de una demanda social y en esta
ocasión no resultó así sino que fue consecuencia de una clara intención del gobierno
estatal para cooptar a quienes se alzaron en armas contra la inseguridad
pública y la presencia de criminales comunes u organizados en sus regiones que
no eran ni son hasta ahora, combatidos por las autoridades locales ni estatal y
en forma circunstancial son enfrentados por las autoridades federales.
En Guerrero, tras todos estos acontecimientos, el gobierno federal y
particularmente el presidente Peña Nieto, llegó hasta la mismísima capital del
estado para dar a conocer que en este año del 2014 se invertirán dentro del
llamado Plan Nuevo Guerrero poco más de 30 mil millones de pesos en diferentes
obras, las más, en infraestructura carretera y menos en obras sociales y para
la reconstrucción de los municipios dañados por los pasados fenómenos naturales
se entregarían poco más de 7 mil millones de pesos.
Sin embargo, quedó claramente especificado que los recursos que serán
invertidos en Guerrero van a ser manejados por la federación y no por el
gobierno estatal, menos por los ayuntamientos, ya que existe ahora, una amplia
desconfianza de la federación en la forma como en Guerrero los recursos
públicos son utilizados y donde no existe la más mínima praxis de transparencia
y rendición de cuentas y si en cambio está clasificada la entidad como una de las
tres con el más alto grado de corrupción.
Con tal motivo, la federación desplegó en Guerrero a dos personajes para
atender los asuntos de la seguridad pública y el desarrollo social que son nada
menos que el comisionado nacional de seguridad pública federal, dependiente de
la secretaría de Gobernación, Manuel Mondragón y Kalb y la secretaria de
desarrollo social, Rosario Robles Berlanga.
Luego entonces, la entidad quedó intervenida y el gobernador Aguirre
maniatado u debilitado para operar a sus anchas y para hacerse de recursos
frescos para operar este año pre electoral.
Lo ocurrido en los últimos días en el estado con las autodefensas y la
inseguridad pública—que será materia de otra reflexión—es reflejo de la
ausencia de gobierno y de que la procuración de justicia no es mas que una
entelequia ya que no tiene ni los equipos necesarios para investigar mucho
menos los agentes preparados para llevar a cabo tales labores.
Esta es una realidad que duele y cala frente a una situación caótica que se
vive en materia de la prevalencia del estado de derecho tal y como hace unas
semanas calificó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al
realizar en terreno una investigación a fondo sobre la operatividad de los
grupos comunitarios y de autodefensa en Guerrero.
Lo que pasa en el vecino estado de Michoacán es cuantitativamente similar a
lo de Guerrero, salvo la forma como el gobierno federal implementó su
estrategia para combatir al crimen organizado y para regularizar a los grupos
de autodefensa que estaban implementando ya, como grupos paramilitares,
acciones efectivas contra el enemigo común que son los carteles de las drogas y
los grupos que los estaban extorsionando.
Allá en Michoacán existe un comisionado plenipotenciario para decidir sobre
seguridad y desarrollo. Su actuación ha resultado en poco tiempo efectiva y
efectista, sin embargo, en Guerrero, los comisionados para la seguridad no han
operado en la misma forma y no han frenado ni al crimen organizado quienes no
han disminuido su accionar para la extorsión, la violación, el secuestro y la
venta de drogas y por otro lado, la comisionada para el desarrollo social no ha
logrado implementar con éxito ni siquiera la cruzada nacional contra el hambre,
mucho menos la atención a los grupos de damnificados por las pasadas lluvias
quienes todavía claman la presencia de la federación.
En Michoacán el gobierno también está intervenido. El gobernador Fausto
Vallejo es solo un acompañante de la federación y nada puede operar con
libertad, lo cual al igual que en Guerrero, para cada paso que deba de dar,
debe solicitar permiso primero al gobierno federal.
Por eso causa hilaridad que el gobernador Aguirre diga que para frenar la
violencia y la reproducción de grupos de autodefensa, no solicitará la intervención
de la federación, cuando esta está ahí, en forma permanente, interviniendo y un
ejemplo fehaciente y reciente es la presencia del comisionado nacional para la
seguridad pública federal, Manuel Mondragón y Kalb quien el pasado viernes 31
de Enero estuvo presidiendo una reunión sobre el tema de Chilpancingo quien fue
no solo un mentís y un tapaboca para un gobernante. Aguirre quien no solo es un
dependiente de la federación sino que vive
una creciente debilidad política e institucional como su homólogo
Vallejo, lo que se puede visualizar desde ahora, precisamente a año y medio de
las elecciones locales y la entrega del poder.
Periodista/Analista Político*
porteno4964@gmail.com
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