Desde Venezuela
30 Agosto 2015
Venezuela Reclama Una Comunicación
Libre Y Plural
Tinedo
Guía Muñoz*
Agresiones,
detenciones y robos de cámaras fotográficas por grabar acciones represivas de
los cuerpos de seguridad, convirtieron al año 2014 en el año con la mayor
cantidad de denuncias de violaciones a la libertad de expresión en las últimas
dos décadas. Un total de 579 violaciones denunciadas, que corresponden a 350
casos, ocurridos principalmente durante la cobertura periodística de las
manifestaciones.
Son los
funcionarios públicos quienes, muchas veces, descalifican, insultan y acosan de
forma arbitraria a medios y periodistas con líneas editoriales independientes o
críticas. Los programas de medios estatales son monopolizados por el sector
gubernamental en aras de una “hegemonía comunicacional” que excluye y
criminaliza a la disidencia. Se abusa ilegítimamente de las transmisiones
obligatorias de radio y tv (cadenas). En 2014, el Presidente de la República
realizó 176 cadenas, con una duración total 185,25 horas, la media de estas
transmisiones fue de 63 minutos.
La violencia del
Estado también se observa en la recurrente criminalización de las ideas,
informaciones y opiniones adelantando sanciones mediante “medidas cautelares”
que desnaturalizan la posibilidad de la defensa. Entre 2013 y 2015 se
realizaron 20 procesos judiciales, en los más recientes se aplicaron penas
anticipadas de prohibición de salida del país, en un primer caso contra
periodistas y directores del diario Tal Cual y en un segundo caso contra 22
directivos del sitio web La Patilla, El Nacional y reiteradamente contra
periódico Tal Cual.
Ante el vacío
informativo dejado por medios radioeléctricos amenazados por las sanciones
ejercidas a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y
otras restricciones, más personas buscan información en la Web y redes
sociales. La política represiva incluyó el castigo a las expresiones en Twitter
por altos funcionarios, el bloqueo de páginas web por difundir información
incómoda al Gobierno y las filtraciones o hackeos de perfiles en redes sociales
y correos electrónicos. Durante el año 2014, las restricciones del derecho a la
libertad de expresión en Internet aumentaron 55%.
Desde 2013, al
menos 28 medios están afectados severamente por la escasez de papel, 14 dejaron
de circular de forma temporal o definitiva y 12 redujeron su paginación y
tiraje o modificado sus formatos, como consecuencia de esta crisis. En la
actualidad la falta de papel afecta al conjunto de los medios impresos
nacionales. La creación del Complejo Editorial Maneiro, por parte del Estado,
monopolizó la distribución y venta de papel, pero no soluciona el problema, lo
agudiza.
Los procesos de
compra-venta de medios de comunicación incluyeron cambios de la línea editorial,
que en todos los casos beneficiaron a la gestión gubernamental, reduciendo los
espacios para la opinión y la información crítica, haciéndola cada vez menos
plural. Estos cambios en la propiedad redundó en presiones de variada
naturaleza en contra de los periodistas y trabajadores en general de esos
medios y, en casi todos los casos, la imposición de censuras que invisibilizan
hechos y voceros de interés colectivo.
La suspensión
arbitraria del servicio de internet en situaciones de conflictividad social,
tal como sucedió en abril de 2013 en San Cristóbal, estado Táchira, y la
amenaza hacia los medios por transmitir hechos de violencia, que llevó al
silencio informativo el 12 de febrero de 2014, colocaron a la sociedad en un
estado de indefensión y opacidad informativa. El día 13 de febrero de 2014, se
ordenó la censura inmediata del canal de noticias NT24, que se difundía a
través de 2 servicios de televisión por suscripción y ulteriormente se
bloquearon más de 15 sitios web que distribuían sus programas e informaciones.
Consecuencias
Esta situación
afecta a las personas y a la sociedad. Son los venezolanos quienes sufren las
consecuencias de estar desinformados. La autocensura está cada vez más presente
en el ejercicio periodístico como consecuencia de los hostigamientos, las
restricciones de acceso a las fuentes de información, la violencia y la
política pública concertada para restringir ilegítimamente las libertades
públicas.
La violencia
institucional, por omisión y por acción deliberada del Estado, afecta
directamente el ejercicio profesional del periodismo y con ello se golpea la
calidad democrática de la sociedad. Las restricciones a la libertad reducen el
debate para el diagnóstico y construcción de soluciones para los graves
problemas que aquejan a los venezolanos.
Cada situación
que un reportero no alcanza a cubrir, sea por acceso restringido, agresión de
funcionarios o terceros, el robo de su equipo de trabajo, o censura; representa
una información que no es publicada, que no llega a los ciudadanos.
Sin información,
somos vulnerables. En este contexto el trabajo de los periodistas es cada vez
más necesario, por ello valoramos sus esfuerzos por informar con rigor y apego
a los estándares del oficio. La sociedad venezolana debe defender el derecho de
todos a una comunicación plural. Sin periodismo libre no hay democracia.
Nuestro reclamo:
Garantías para
un periodismo libre e independiente, lo que supone el cese de hostigamientos,
agresiones y censuras por parte de funcionarios, cuerpos de seguridad y
directivas de medios.
Desarrollar una
política de protección para el trabajo de los periodistas, con amplias
facilidades para acceder a la información pública, el respeto de las normas
profesionales y que la difusión de sus trabajos no tengan consecuencias
ulteriores.
La
reivindicación de un genuino carácter público para los medios administrados por
el Estado, es decir, que se constituyan como un servicio universal
no-gubernamental y regido por una autoridad independiente, al servicio de todos
los sectores de la sociedad y no solo de los intereses gubernamentales.
Que sean
atendidas, en el corto plazo, todas las solicitudes de papel prensa hechas al
Complejo Editorial Maneiro por los diarios de circulación nacional y regional.
En el mediano plazo que se restituyan otros mecanismos que permitan una
diversidad de proveedores o la compra directa de papel y otros productos.
Que se
restituyan otras modalidades de acceso a los insumos para el desarrollo de los
medios de comunicación, ya que ello constituye un mecanismo de censura
indirecta que castiga a líneas editoriales críticas procurando el cese de estos
medios o su venta a grupos afines a las élites gubernamentales.
Adhesiones
· Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello
· Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela
(CRGV)
· Coalición Proacceso
· Colegio Nacional de Periodistas
· Comité para una Radio y Televisión de
Servicio Público (RTSP)
· Espacio Público
· Expresión Libre
· Ininco - Universidad Central de Venezuela
(UCV)
· Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
· Miguel Ángel Latouche - Escuela de
Comunicación Social UCV
· Postgrado en comunicación social de la UCAB
- (Marcelino Bisbal)
· Ser Comunicación y asociados
· Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Prensa (SNTP)
· Tiziana Polesel - Escuela de comunicación
social de la UCAB
· Transparencia Venezuela
· Un Mundo Sin Mordaza
Cordialmente
*El
Presidente Del Colegio Nacional de Periodistas.
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