Desde México
07/Diciembre/2013
Ahora la Tormenta Política: Que
Paguen los Culpables
Rodrigo
Huerta Pegueros*
Está más que
claro que después de la tormenta natural, llega la tormenta política. Por ello
el gobierno federal ha empezado ya a difundir por todos los medios posibles todo
lo que ellos hicieron para alertar a los gobiernos estatales y municipales
sobre los efectos negativos que traerían consigo los fenómenos meteorológicos
que se avecinaban, solo días antes del histórico día 15 de Septiembre, fecha
emblemática para todos los mexicanos, pues es cuando conmemoramos con bombo y
platillo el inicio de la guerra de independencia nacional.
Conocemos ahora
los estragos que estos fenómenos tropicales: Manuel e Ingrid, causaron a su
paso por los estados del país que tocaron y la forma como el gobierno federal
junto con los estatales y municipales enfrentaron los estragos causados y que
todavía están ahí presentes, como si la tormenta hubiese sucedido solamente unos
días antes y no como sucedió, dos semanas atrás.
Pero cuando en
Guerrero los daños se han cuantificado en miles de millones de pesos y los
daños de los pueblos son todavía incuantificables, lo sucedido con los muertos
todavía no se terminan de contar pues existen decenas de desaparecidos.
Pero ya se ha
elevado la voz de la sociedad civil para demandar que se castigue a los que
resulten responsables de esta tragedia la cual fue, en gran parte, resultado de
la forma como los gobernantes manejaron a su antojo los planes de desarrollo
urbano, no los respetaron, los violaron en forma flagrante y sin el más mínimo
escrúpulo recibieron por ello los beneficios económicos de los también voraces
e irresponsables desarrolladores de viviendas, centros comerciales y
hospederías. Lo más grave de todo es que a dos semanas de lo sucedido los desarrolladores urbanos, particularmente
de la zona Diamante, no han dado la cara
para aceptar su responsabilidad frente a las víctimas y quienes de buena fe
compraron viviendas y terrenos en esas zonas inundables.
Ya la
dirección nacional de protección civil ha dicho que se avisó a todos los
gobiernos estatales y municipales sobre la peligrosidad de los meteoros y que
se tiene registro puntual de cuales gobiernos hicieron algo al respecto y con
ello salvaron vidas humanas y evitaron un mayor efecto destructor.
Pero también
han declarado los funcionarios federales, entre ellos el secretario de
gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que no se solapará a ningún gobernante
que no haya tomado cartas en el asunto de manera inmediata.
Tal parece que
muchos de estos gobernantes despachan en el estado de Guerrero, tanto en
palacio estatal, como en varios ayuntamientos.
Muchos
tratan ya de lavarse las manos pero pocos
podrán salir bien librados si es que las sanciones se imponen sin miramientos y
sin contaminación política.
En el caso de
las investigaciones que el presidente, Enrique Peña Nieto, ordenó realizar para
determinar fielmente quienes son los responsables de que se construyeran casas a
la vera de ríos y sobre humedales, las cuales fueran arrasadas y con ellas sus
habitantes quienes hoy no solo han perdido propiedades sino también todo lo que
tenían dentro y algunos hasta han sufrido la o las pérdidas de seres queridos.
En una forma de
oportunismo político el gobierno estatal, en voz del gobernador Ángel Heladio
Aguirre Rivero, ha declarado su adhesión a lo ordenado por el presidente Peña
Nieto, esto es, que se lleven a cabo las investigaciones reclamadas, aunque
como todos saben, parte de los daños
causados por el reciente meteoro se deben no solo a administraciones pasadas
sino también a la actual, donde están involucrados servidores públicos del
gabinete aguirrista y de otros de rango municipales incluido el de Acapulco.
Para conocer a
los culpables directos de esta inmunda corrupción política y oficial, bastaría
revisar los medios de comunicación impresos de los últimos 15 años y sabremos
quienes fueron las autoridades que dieron los permisos para construir en zonas
de alto riesgo, con serias afectaciones a las zonas de humedales sino también los
daños irreversibles a varios ecosistemas de la parte baja de lo que se conoce
como laguna negra de Puerto Marquéz y que desemboca a la playa del Revolcadero
en Playa Diamante.
Todo lo que se
vio inundado en la zona no fue otra cosa más que producto de la voracidad de
las autoridades y desarrolladores inmobiliarios por hacerse de esos terrenos y
construir sobre ellos sin importarles futuras consecuencias tal y como sucedió hace
unos días.
Habrá que
recordarles que en esta zona baja de Acapulco se unen el rio de la Sabana, la
laguna de Tres Palos, la laguna de Puerto Marquéz y un sinnúmero de arroyos que
con la creciente de estos afluentes provocaron la destrucción de todo lo que
encontraron a su paso.
Ojalá y la
puesta en marcha de la investigación del gobierno federal no vaya a ser tan
solo una maniobra de tipo político y transitoria y no se vayan a determinar y
consignar a los culpables de estos daños materiales y humanos y menos se les
vaya a castigar por la vía penal pues de suceder esto, el gobierno federal y
particularmente el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quedará en
serio cuestionamiento ante el pueblo guerrerense y en particular el del
municipio de Acapulco donde mayores daños causó el fenómeno Manuel.
Veamos qué
pasa, estemos atentos y denunciemos lo que no se haga para hacer justicia a las
víctimas de estos fenómenos meteorológicos.
El colegio de
arquitectos y de ingenieros del estado de Guerrero tiene mucho que aportar en
este tema pues saben bien quienes son los directamente responsables de las
violaciones al plan de desarrollo urbano
de la zona Diamante y tienen claramente identificadas las fechas y en que años
se realizaron los cambios que no debieron haberse realizado nunca.
Periodista/Analista
político*
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