Desde Puerto Rico
11/Diciembre/2015
Histórico Acuerdo Entre FARC-EP Y Gobierno Colombiano
Por Berta
Joubert-Ceci
Después de más de dos años de diálogo para
la terminación del conflicto armado entre las FARC-EP y el gobierno colombiano,
finalmente se ha dado un paso importante que podría conducir a una paz duradera
con justicia social.
El pasado miércoles 23 de septiembre, se
reunieron por primera vez en la Habana-Cuba, el máximo líder de esa
insurgencia, comandante Timoleón "Timochenko" Jiménez y el presidente
de Colombia, Juan Manuel Santos para anunciar un acuerdo hacia la creación de
una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La gran importancia de esta Jurisdicción
es que proveerá el marco legal para juzgar a quienes participaron en el conflicto
armado ya sea directa o indirectamente, de forma que no queden impunes los
crímenes cometidos. Sobre todo, los crímenes cometidos por fuerzas del estado y
paramilitares. La impunidad en Colombia es lo que ha mantenido hasta ahora las
violaciones y asesinatos contra la población, el pueblo indígena y
afrodescendiente, las/os activistas de derechos humanos, sindicalistas,
estudiantes y todas/os aquellos que luchan por la justicia social en ese país.
Un ejemplo de impunidad ha sido la Ley de
Justicia y Paz establecida bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para la
desmovilización de los grupos paramilitares. Según una reciente entrevista por
Anncol a Enrique Santiago Romero, asesor jurídico de las FARC en los presentes
Diálogos de Paz, luego de 10 años de procesos jurídicos, sólo han resultado 10
sentencias que afectan a 150 paramilitares, de un total de 33.000-34.000
paramilitares “desmovilizados”. Además, la llamada ‘desmovilización’ realmente
ha sido un cambio de nombre, pues en vez de las AUC, Autodefensas Unidas de
Colombia, resurgieron paramilitares bajo el nombre de Águilas Negras y otros.
Las amenazas y asesinatos por fuerzas paramilitares no han cesado.
De hecho, según Santiago Romero, no puede
haber acuerdo final para la paz si no se erradica el paramilitarismo.
Esta JEP se puede considerar como una
victoria de la insurgencia. En el 2012, el gobierno de Santos había impuesto
unilateralmente una Ley de Justicia Transicional donde se buscaba mayormente la
penalización de las fuerzas insurgentes. Las FARC nunca aceptaron esta ley
puesto que se había concebido durante el proceso de Diálogos de Paz por el
gobierno santista sin ninguna intervención de la insurgencia. Además, se
trataba de ignorar los crímenes cometidos por el Estado y los paramilitares.
Aquí hay que precisar que un informe de la
Corte Penal Internacional sobre Colombia en noviembre del 2012, halló que los
mayores victimarios en el conflicto armado han sido los agentes del Estado y
los paramilitares. (http://www.icc-cpi.int)
El comandante "Timochenko", en
una rueda de prensa luego de la firma del 23 de septiembre, se dirigió a sus
compatriotas y a las/os amigos de la paz de Colombia diciendo “Les traemos hoy,
además de nuestro abrazo fraterno, un parte de victoria colectiva: hemos logrado,
con la invaluable ayuda de la subcomisión jurídica, retirar muchos de los
obstáculos que hacían más difícil el camino de nuestra reconciliación. Tenemos
una Jurisdicción Especial para la Paz que, además de garantizar el respeto a
los derechos de las víctimas, será factor dinamizador de la firma de nuevos
acuerdos en este tramo fundamental para alcanzar la terminación del conflicto”.
Comunicado Conjunto
En una rueda de prensa y con la presencia
del anfitrión de los Diálogos, el presidente Raúl Castro, y los representantes
de los países acompañantes, se leyó el Comunicado Conjunto de las FARC-EP y el
gobierno colombiano sobre el acuerdo. En él, ambas partes reafirmaron su
compromiso con los pre acuerdos logrados hasta ahora: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano:
Reforma Rural Integral", "Participación política: Apertura
democrática para construir la paz" y "Solución al Problema de las
Drogas Ilícitas".
Explica los puntos principales de la JEP
que resumiendo, buscan “una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de
las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera”.
Para ello, se construirá un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición” que se pondrá en movimiento a través de la creación de una Comisión
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Se crearán Salas de Justicia y un Tribunal
para la Paz compuesto principalmente por magistrados colombianos, con la
finalidad de “acabar con la impunidad, obtener Verdad, contribuir a la
reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de
los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los
más graves y representativos, garantizando la no repetición”. (Telesurtv.net)
De acuerdo al Derecho Internacional
Humanitario en materias de conflictos armados, “el Estado colombiano otorgará
la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos”. Esto
implicaría que los “delitos” de la insurgencia, los cuales son catalogados como
políticos, de rebelión, conllevarían una amplia amnistía. Por otro lado, el
comunicado agrega que “En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las
conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los
delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre
otros delitos graves…..”.
La JEP tendrá dos tipos de procedimientos,
“uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo
hacen o lo hacen tardíamente”. “A los primeros se les impondrá una sentencia” y
“los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal”. “Las
sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer
los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor
función restaurativa y reparadora del daño causado”.
Quienes voluntariamente reconozcan sus
delitos, tendrán sanciones más livianas conducentes a la reparación de las
víctimas; delitos muy graves tendrán penas de 5 años hasta un máximo de 8 en
condiciones especiales. “Las personas que se nieguen a reconocer su
responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena
de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias” (cárcel).
El comunicado termina diciendo que “en el
caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la
dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la
firma del Acuerdo Final, (el cual se espera que finalice en seis meses).
Y que la transformación de las FARC-EP en
un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el
apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.
Garantías de éxito
Si bien este es un acuerdo histórico, y
según Santiago Romero, quien está muy versado en jurisprudencia internacional,
no ha habido un marco jurídico tan integral en ningún otro proceso de paz, todo
dependerá de la puesta en práctica del mismo.
Para ello se necesita primeramente, un
financiamiento adecuado. También, la voluntad del gobierno actual y de futuras
administraciones. Asimismo, es esencial la revelación de los actos criminales
cometidos por el estado. Sobre este punto Santiago Romero recordó el caso de la
dictadura militar en Chile, donde los altos mandos militares bajo Pinochet
hicieron un pacto de silencio para no dar a conocer sus crímenes. Ese pacto
duró hasta hace muy poco, lo que representa un silencio por más de 40 años.
En este contexto tenemos que tener
presente el papel criminal, pasado y actual, del ex presidente Uribe y sus aliados
paramilitares, los cuales será difícil que declaren fácilmente.
Toca también a la comunidad solidaria
internacional de exponer los crímenes del estado colombiano y la participación
de Estados Unidos como promotor de la militarización y la violencia en Colombia
para beneficiar a sus grandes corporaciones.
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