DESDE MÉXICO
28 NOVIEMBRE 2012
El Gobernador Aguirre Cumple con la CNDH;
Disculpas no Aceptadas
Rodrigo Huerta
Peguero
El gobernador Ángel Heladio
Aguirre Rivero realizó en este puerto el pasado día miércoles un acto de
disculpas a las víctimas de la represión y asesinato cometido por servidores
públicos de la entidad y del gobierno federal en contra de estudiantes de la escuela
normal rural de Ayotzinapa ‘Isidro Burgos’ donde en forma irresponsable
uniformados accionaron sus armas y dieron muerte a dos normalistas. Durante la
agresión, se incendió una gasolinera en donde falleció un empleado de la
empresa distribuidora. El saldo fue de tres muertos, varios heridos, otros más
detenidos, golpeados, amenazados y desaparecidos (momentáneamente).
La disculpa pública que tuvo
que afrontar el gobernador Aguirre no tuvo destinatarios directos sino
indirectos, pues en el evento, efectuado en el puerto de Acapulco en un salón
particular del Centro Internacional, asistieron cientos de personas, la mayoría
representantes de la burocracia de los tres niveles de gobierno y solo unos
cuantos familiares del empleado asesinado, lo cual promovió una serie de
comentarios adversos por la ausencia total de estudiantes, familiares u
representantes de la normal de Ayotzinapa, lo cual se percibió como un total
rechazo a esta medida más política que moral y que como se sabe bien, en nada
abona al ejercicio de la legalidad.
El esfuerzo desgastante del
gobernador Aguirre se suma al ya de por sí disminuido bono democrático que
obtuvo para asumir de nueva cuenta la gubernatura y que poco a poco ha ido
despilfarrando a causa de los errores, pifias o abuso de poder de muchos y
variados colaboradores y ex colaboradores miembros del primer círculo de su
gabinete legal.
Los familiares de las víctimas
así como los estudiantes y autoridades de la normal rural de Ayotzinapa
externaron su rechazo a aceptar la disculpa del gobernador Aguirre, pues
enfatizan que éste ha actuado en forma dilatada y sesgada para ejecutar las
recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ha
intervenido en forma poco aseada para inhibir que en el poder legislativo lleve
adelante el proceso de juicio político contra los funcionarios estatales que
fueron separados del cargo por su sobre actuación en este incidente fatal del
12 de Diciembre del 2011.
Y no solo eso, sino que
debemos de agregar que el propio ejecutivo, quien sabe el porqué o los porqués,
solicitó que se abra una nueva investigación del caso bajo el argumento de que
quienes ejercieron violencia y victimaron a los normalistas fueron elementos de
la secretaría de seguridad pública federal destacamentados en el lugar de los
hechos. Esta petición no tiene otra finalidad mas que dilatar la acción de la
justicia y el cumplimiento de la recomendación de la CNDH.
Bien se podrá decir que el
Congreso del estado es un poder autónomo e independiente y que lo que haga o
deje de hacer será responsabilidad única de los legisladores, lo cual podríamos
decir que es una apreciación correcta desde el punto de vista legal, pero no
político, pues para nadie es un secreto que en el estado de Guerrero la
separación de poderes todavía sigue siendo una quimera.
Por lo tanto, a casi un año de
aquel fatídico día, el gobernador Aguirre tuvo que acatar una decisión de la
CNDH y mas por cuestiones políticas que de orden moral, externó las disculpas y
con ello aceptó que su gobierno actuó mal, que tuvo errores y por lo tanto
admite las consecuencias que esto trajo consigo. Mas sin embargo, si revisamos
el discurso del ejecutivo estatal, esté es un documento político-político,
ausente de un ejercicio de constricción y menos de humildad lo cual lo hizo
menos verosímil.
En descargo a esta actuación
fallida y a las disculpaos no aceptadas, el gobernador Aguirre informó
ampliamente de todas y cada una de las acciones tomadas por su gobierno para
evitar que acontecimientos como estos se vuelvan a repetir y que también se ha
hecho responsable de los daños causados por los funcionarios irresponsables y
poco diligentes—unos renunciados y otros en ejercicio—que provocaron este hecho
fatal y lamentable.
Asimismo se anunciaron una
serie de iniciativas de ley para que el Congreso local las debata y las apruebe
cuanto antes y entre estas iniciativas se incluyó la que versa sobre la
tortura, que como bien se ha denunciado una y otra vez, es práctica común de
los cuerpos policiacos de la entidad y sobre todo los que se dedican a la
investigación. Esta iniciativa es en respuesta (a bote pronto) de
organizaciones de derechos humanos, avaladas por organismos de derechos humanos
internacional.
Los guerrerenses no queremos
gobiernos teocráticos y menos gobiernos populistas—negación del gobierno
popular—quienes pretenden que con elevar oraciones u otorgar utensilios
materiales a los pueblos, los delitos y los abusos van a desaparecer. Esto no
lo ha logrado desentrañar el gobernador Aguirre, pero ciertamente esto que
decimos lo ha hecho, aconsejado seguramente por quienes visten sotana o son
agentes de la antidemocracia.
Sin embargo, con todo y que el
gobernador tuvo que pasar un rato incómodo—porque a nadie le gusta pedir
disculpas y menos públicamente—hoy está en manos del Congreso del estado el
accionar en sentido positivo para que tanto las iniciativas como las
recomendaciones hechas por la CNDH se cumplan a cabalidad y se muestre y
demuestre que hay voluntad para reconvenir y para reconciliar, pues estos
eventos se dan en este sentido y por ello hará falta que esta voluntad del
mandatario estatal no se extinga sino hasta que la justicia se haga presente y
logre resarcir los daños causados por un gobierno omiso, irresponsable y
abusivo.
Esto es así porque de lo
contrario, la CNDH no hubiese emitido las recomendaciones que hizo llegar al
gobierno de Guerrero y mucho menos el gobernador Aguirre hubiera aceptado pedir
disculpas públicas a víctimas de la represión y a la sociedad guerrerense en su
conjunto. Las disculpas se dan en función del error cometido, aunque bien
podríamos decir que lo mejor hubiese sido pedir perdón por las tres personas
que perdieron la vida en un acto que nunca debió escalar estos índices de
violencia y menos provenientes de parte de quienes deberían estar prestos para
otorgar seguridad pública a todos sin distingo alguno.
Hay que recordarle al
gobernador Aguirre que la reflexión, la discusión y las decisiones que se tomen
desde el poder tienen que venir sustentadas no solo en el ejercicio de la ley
sino con un alto contenido humano y moral que es lo que nos lleva
irremediablemente a construir una sociedad mas unida, predispuesta, propositiva
y sobre todo tolerante y democrática. Que no le vendan más espejitos con un
futuro próspero incluido, pues pueden ser los mismos culpables del retroceso y
la culminación de un caminar exitoso.
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