DESDE VENEZUELA
29 NOVIEMBRE 2012
Panamá
en llamas
Miguel Guaglianone
Durante varios
días el país del istmo se paralizó por las protestas populares que comenzaron
en la localidad de Colón y que posteriormente se extendieron hasta la capital.
Las protestas contra la Ley
72, se realizaron con fuerza inusitada, a pesar de la represión policial y
amenazan en convertirse en un huracán social que pone en riesgo la estabilidad
del gobierno de Ricardo Martinelli.
Un país
comprometido
Desde su nacimiento como estado independiente, Panamá ha
sido un país sometido a la influencia directa del gobierno estadounidense. Los
intereses norteamericanos y sus tropas apoyaron la secesión del territorio que
fuera una provincia de Colombia desde la época de la independencia. El fracaso
de los franceses en la construcción del Canal que uniría ambos océanos y la
venta a compañías norteamericanas de los equipos y bienechurías de ese intento,
decidieron a la Casa Blanca
a promover la creación del nuevo Estado, cuyo primer acto importante de
gobierno fue la firma de un tratado que otorgaba a los Estados Unidos la
construcción del canal. Una vez terminada la obra en 1914, el gigante del Norte
administraba (reconociendo teóricamente la soberanía panameña) una franja de 10 millas (16 km ) a lo largo de todo el
canal.
Durante el resto del siglo XX los gobiernos panameños, a
pesar de ser dependientes de los Estados Unidos, fueron logrando algunos
reconocimientos de su soberanía sobre el canal. En 1972 toma el poder en Panamá
el general Omar Torrijos, un nacionalista que cambia la constitución, promueve
reformas sociales en el país y logra firmar con la administración
norteamericana los tratados Torrijos-Carter, que reconocen la soberanía real de
Panamá sobre el canal y establecen la entrega de su administración en un tiempo
determinado, así como el cierre de las bases militares estadounidenses en el
territorio. El general Torrijos muere en un sospechoso accidente de aviación en
1981.
En 1983 toma el poder por las armas el general Antonio
Noriega, un hombre formado militarmente en Perú y que fuera captado por la CIA (existen pruebas de ello)
desde su temprana formación militar, y al que algunas fuentes vinculan
directamente con la muerte de Torrijos. Noriega gobierna como jefe militar y
mantiene en la presidencia a hombres que responden a sus mandatos.
Los Estados Unidos parecían entonces haber cumplido sus expectativas
de tener al frente de Panamá a un hombre de su propio cuño. Sin embargo Noriega
va dejando de responder a esas expectativas y comienza a promover iniciativas
independentistas, mientras realiza un gobierno signado por la corrupción y con muy
probables vínculos con el narcotráfico.
Tal como posteriormente sucediera con Saddam Hussein y
Osama Bin Laden, Noriega encabeza la lista de los hombres formados por los
EE.UU. para promover sus intereses imperiales en la periferia que “saltan la
talanquera” y una vez en el poder dejan de responder a las directivas de la
Casa Blanca y el Pentágono,
enfrentándoseles. Esa actitud le cuesta primero a Noriega un bloqueo económico
de parte de los Estados Unidos, acusaciones personales de narcotráfico en 1988
en tribunales de Tampa y Florida y finalmente una invasión militar en 1989, en
la que, con el pretexto de detenerlo por las acusaciones de narcotráfico, las
fuerzas norteamericanas arrasan localidades enteras en Panamá, prueban armas de
última generación y consolidan nuevamente su poder en el istmo. La captura de
Noriega no deja de tener visos de realismo mágico, estando refugiado en la
nunciatura apostólica de Panamá, ésta es rodeada por las tropas
estadounidenses, que durante tres días la bombardean con sonido de Heavy Metal
a través de un sistema de grandes parlantes, hasta que el nuncio apostólico
convence a Noriega que se entregue.
A partir de la invasión, con elecciones absolutamente
influenciadas por los intereses de las grandes corporaciones y del gobierno de
los EE.UU. los sucesivos gobiernos panameños han respondido fielmente a una
administración neoliberal, promotora de los grandes capitales y sin tener en
absoluto un enfoque popular. Esto ha dejado como resultado que si bien en
cifras brutas el ingreso per capita
de Panamá es uno de los mejores de América Latina, debido a la gran circulación
de dinero de su zona franca, los términos de desigualdad social hayan venido
aumentando y el capital se vaya concentrando en cada vez menos manos.
El conflicto
El gobierno del empresario Ricardo
Martinelli ha sido un típico representante de esta situación. Acusado de
corrupción, de beneficiar a los grandes capitales y de hacerle el juego a los
intereses norteamericanos, hizo aprobar una semana atrás a través de la mayoría
de su partido en el Congreso una ley (la 72) que permite las ventas a capitales
privados de los terrenos fiscales de la zona franca de Colón. La zona franca de
Colón existe desde 1948 y es la más grande del continente americano, a través
de ella se produce un muy importante flujo comercial y sus tierras son
propiedad del Estado Panameño. Con esta ley y respondiendo a la orientación
neoliberal del gobierno se pretendió beneficiar directamente al capital privado
(sobre todo el de las grandes corporaciones)
Pero la respuesta del pueblo panameño ha sido
contundente. Salió a las calles a protestar desde el 24 de octubre y a pesar de
la dura represión policial y las declaraciones de voceros del gobierno que todo
estaba en situación normal, prácticamente paralizó al país. El apoyo a las
movilizaciones populares del SUMTRACS, el poderoso sindicato de la construcción
les dio más fuerza para avanzar hacia una huelga general.
El gobierno se vio acorralado, con un presidente en gira
por el Lejano Oriente y la incapacidad de la represión policial de contener las
manifestaciones. El día viernes 26 de
octubre a través del Ministro de la Presidencia Roberto
Henríquez, se anunció que se derogaría la ley y que el congreso necesitaría
unos días para formalizar los trámites. Al día siguiente Ricardo Martinelli
desde Vietnam en su cuenta en Twiter, confirmaba esta decisión.
Las
consecuencias
Este rápido retroceso muestra la debilidad estructural
del gobierno de Martinelli. Existía ya desde el principio de su gestión un
progresivo descontento popular a partir de sus medidas regresivas y ese
descontento hoy ha estallado. Es evidente que la posibilidad de perder el
control del país si continúan aumentando las protestas, es lo que ha llevado a
la decisión de echar atrás la ley producto del conflicto.
Sin embargo no podemos saber si ya no es demasiado tarde.
Un problema con el comedor estudiantil de Nanterre provocó el estallido del
Mayo francés de 1968, las protestas por el aumento del pasaje público en una
ciudad periférica, fueron el origen del Caracazo que conmovió a Venezuela en
febrero de 1989 (y que algunos señalan como el detonante del proceso de cambios
que hoy vive el país). En Panamá parece ser la primera vez que la gente sale a
la calle a exigir sus reivindicaciones con tal intensidad y determinación.
¿Será entonces que éste es el inicio de un proceso social
capaz de producir grandes cambios en la sociedad panameña?
Amanecerá y veremos
Publicación Barómetro 29-10-12
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