Desde Venezuela
27/Mayo/2013
Esta receta ya la conozco
Sergio
Rodríguez Gelfenstein
En
memoria de Javier Diez Canseco
Diputado
y luchador revolucionario peruano y latinoamericano.
Fallecido
en Lima el 4 de mayo de 2013
Chile 1970.
Salvador Allende gana las elecciones presidenciales de septiembre. Al no haber
obtenido la mayoría absoluta, debía ser ratificado por el Congreso. Según
consta en documentos desclasificados de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, desde ese mismo momento la
CIA traza un plan para impedir que Allende asuma la presidencia del país.
El dueño del
principal medio de comunicación de la derecha, el periódico El Mercurio Agustín Edwards, viaja de
inmediato a Estados Unidos, donde se reúne con Donald Kendall, alto ejecutivo de Pepsi Cola quien lo conecta
con la CIA. Edwards llevaba años conspirando para dar un golpe en Chile, bajo
la cobertura de un Club de Yatismo, la Cofradía Náutica del Pacífico Austral.
La derecha planea
el secuestro del Comandante en jefe del Ejército General René Schneider Chereau
con el fin de provocar la intervención de las Fuerzas Armadas y evitar la
sesión del Congreso que debía ratificar a Allende. Explotan bombas en lugares
públicos, el aeropuerto internacional de Santiago, Canal 9 de televisión, el Instituto
Geográfico Militar, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, estaciones eléctricas y la Bolsa de Comercio
de Santiago entre otros objetivos. La cadena de diarios de Edwards con El
Mercurio a la cabeza inmediatamente culpa a la izquierda.
Schneider resiste
el secuestro y es asesinado. Gran parte de los integrantes del grupo terrorista
que participó en el asesinato de René Schneider fueron reclutados de los
comandos electorales del derrotado candidato conservador Jorge Alessandri . El
Informe de la Comisión Especial del Senado de Estados Unidos que investigó las
actividades ilegales de la CIA, presidido por el Senador Frank Church registra
en la página 31 que se habían realizado entre el 5 y el 20 de octubre, 21
contactos de agentes de la CIA con elementos claves de las Fuerzas Armadas y
Carabineros chilenos. A aquellos chilenos (militares y carabineros) que se
inclinaban por dar un golpe se les aseguró un fuerte apoyo en los más altos
niveles del gobierno norteamericano, tanto antes como después del golpe.
En esta ocasión, el
golpe de estado fracasó, Allende asumió la presidencia el 4 de noviembre de ese
año. En julio de 1971 nacionalizó el cobre recuperándolo para Chile. Las
empresas estadounidenses Anaconda y Kennecott
tuvieron que abandonar el país debiéndole al Estado chileno 4 mil
millones de dólares producto de las utilidades excesivas que habían obtenido
durante los últimos años, gracias a los bajos (o nulos) impuestos que pagaban,
según una rentabilidad "razonable" de 10% a partir de 1955 a lo que se le restó la indemnización acorde
la ley. A partir de ese momento, estas
empresas se plegaron al financiamiento de la conspiración contra un gobierno
legal que había tomado una medida que fue ratificada unánimemente en el
Congreso del país austral.
El propio
presidente estadounidense Richard Nixon y su Secretario de Estado, Henry
Kissinger, dieron la orden para promover un boicot contra el gobierno de
Allende, mediante la negación de créditos externos y la petición de un embargo
al cobre chileno. Dos años después del golpe militar que puso fin al gobierno
de Allende, Pinochet pagó una
indemnización de 250 millones de dólares a la Anaconda, propiedad de las familias
Rockefeller y Rothschild.
Las medidas en
favor de los sectores más desposeídos que tomaba el gobierno de la Unidad
Popular comenzaron a ser resistidas por la derecha con el apoyo estadounidense
que veía en ellas un “mal ejemplo” para otros países en los que tenían
importantes propiedades. Comenzó el sabotaje a la economía y la creación de
dificultades a la gestión gubernamental. Pongámoslo en palabras de Jacques
Chonchol, ministro del gobierno de Allende “La otra cosa, que todos recuerdan,
fue el desabastecimiento y el mercado negro. Por dificultades económicas
externas y falta de créditos bloqueados por el imperialismo, se habían agotado
las reservas nacionales. La capacidad portuaria de Chile era limitada y, si
bien podíamos importar, muchas veces no teníamos cómo sacar la mercadería de
los puertos en óptimas condiciones, y así se fue creando desde fines de 1971 un
cierto desabastecimiento. Además, había un gran poder de compra en manos de la
gente, no solamente de los sectores populares, sino que de la clase media. ¿Qué
pasa cuándo se crea una situación de este tipo? La gente tiende inmediatamente
a comprar mucho más de lo que necesita porque quiere precaverse para el futuro,
entonces la gente que tenía que comprar el litro de aceite, si podía comprar
diez compraba diez. Así fue aumentando el desabastecimiento y generó una serie
de problemas. Se hizo un interesante y muy importante esfuerzo con la creación
de las JAP, las Juntas de Abastecimiento y Precios, pero no fue suficiente para
contrarrestar las dificultades y el sabotaje. La prueba fue que al día
siguiente del golpe de estado aparecieron enormes cantidades de mercaderías que
habían sido acumuladas…”.
Toda esta
situación, fue creando mucha tensión, la cual era aprovechada por la derecha
para generar desasosiego y conflicto con la realización de una campaña de
sabotajes a la economía que derivaron en el paro patronal de octubre de 1972,
en el que se realizaron una gran cantidad de acciones de bloqueo de carreteras, barricadas, disturbios
en concentraciones públicos y ocupaciones de sedes universitarias. Toda esta
medición de fuerzas a escala nacional, fue directamente apoyada por el Gobierno
de los Estados Unidos, a través de la CIA, coordinada con empresas
multinacionales como la International Telephone and Telegraph (ITT) y Kenecott,
además de financiar a El Mercurio para crear un ambiente de caos, incluso los
gremios de camiones recibieron dólares diarios para mantener la huelga.
La paralización de
los empresarios se detuvo después de la decisión del presidente Allende de hacer ingresar a miembros de las Fuerzas
Armadas al gobierno. El Comandante en
Jefe del Ejército general Carlos Prats, que había sustituido al asesinado
general Schneider fue nombrado ministro del interior. Caro le costó su apego a
la Constitución. En septiembre de 1974
un comando que actuaba bajo órdenes directas de Pinochet lo asesinó junto a su
esposa en Buenos Aires.
Como se dijo
anteriormente, las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 fueron el último
intento de la derecha para salir legalmente de Allende. Si hubiera obtenido dos
tercios de los votos, como era su objetivo, habrían tenido la mayoría
suficiente para acusar y destituir constitucionalmente al Presidente.
Fracasaron en el intento, a pesar de todo el sabotaje a la economía y el
bombardeo mediático en plena guerra fría, que acusaban al gobierno chileno de
ser un satélite de la Unión Soviética, la Unidad Popular aumentó su votación
llegando al 43,5% de los votos.
En esas
condiciones, se dio la orden para organizar el golpe de estado. La derecha
contaba con el liderazgo del partido demócrata cristiano (PDC) que tuvo su
origen –al igual que Primero Justicia en Venezuela- en las ideas falangistas de
Francisco Franco. Así como el PDC
chileno sostuvo una estrecha alianza con el dictador Franco, hoy Primero
Justicia es un adláter de sus seguidores organizados en el Partido Popular que
conduce ideológicamente José María Aznar.
Su paladín era Eduardo Frei quien condujo al conglomerado de derecha a
la creación de condiciones institucionales para el levantamiento de los
militares. Frei pensaba que una vez derrocado Allende se le iba a entregar al
poder a un gobierno civil en el cual el PDC tendría el control. Los militares
fascistas retribuyeron sus servicios por el derrocamiento de Allende, asesinándolo
en 1982, tal como lo dictaminó una investigación judicial en 2009. Así le pagó
la oligarquía a su lacayo “demócrata y cristiano”.
La semana pasada se
entregaron algunos elementos que permitían ir viendo como se fue configurando
el golpe de Estado contra Salvador Allende. Quedó absolutamente claro que
Estados Unidos actuó como la herramienta de articulación para la creación del
ambiente político, económico y social que vertebraran la insurrección de la
oligarquía: generación de condiciones subjetivas a través de los medios de
comunicación, creación artificial de escasez, acaparamiento de productos de la
dieta básica, subversión de las fuerzas armadas, acciones violentas de
sabotaje, reclutamiento de terroristas e incorporación de un componente civil
que le diera veracidad institucional al alzamiento, tarea cumplida en primera
instancia por los parlamentarios y partidos de la derecha. Todo ello financiado
por el gobierno y algunas compañías transnacionales de Estados Unidos y
ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia como ha quedado visiblemente
demostrado en documentos desclasificados.
Sin embargo, tales
acciones fracasaron en primera instancia, cuando en marzo de 1973 la UP elevó
su votación y con ello su número de parlamentarios por lo que la salida
institucional quedó de lado y se dio pasó al plan para salir de Allende de
cualquier forma.
En ese contexto, la
derecha arreció sus ataques contra los sectores constitucionales de las Fuerzas
Armadas. El gran valladar era el General Carlos Prats quien se oponía a una
salida golpista a la crisis del país. La violencia se hizo más permanente, casi
100 muertos por violencia política se podían contar a esta altura en un país
que desarrollaba su proceso “en paz y en el marco de las instituciones”. Por
supuesto, la casi absoluta totalidad de los asesinados eran humildes militantes
de los partidos que apoyaban al presidente Allende. Los escenarios de conflicto
eran múltiples, destacándose el estudiantil donde le cupo un importante papel
subversivo a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, en su
gran mayoría proveniente de los sectores empresariales y de la derecha
vinculada al Opus Dei.
Así mismo, el
conflicto era producido por el desabastecimiento y el acaparamiento de los
productos de primera necesidad. El pueblo creó las Juntas de Abastecimientos y
Precios (JAP) las que en coordinación con la Dirección de Industria y Comercio
(Dirinco) que en algún momento dirigió el General de la Fuerza Aérea Alberto
Bachelet, leal al presidente Allende,
dieron una batida contra los delitos económicos logrando atenuar la situación
creada, pero sin poder impedirla totalmente. Por esta acción, el General
Bachelet fue detenido, torturado y asesinado en la Academia de Guerra Aérea
después del golpe de Estado, por sus propios compañeros de armas. Su hija, ex
presidenta de Chile y actual candidata presidencial es hoy aliada de los que
crearon las condiciones políticas para el asesinato de su padre. Antes, hizo
una importante pasantía de estudios en el Departamento de Defensa de Estados
Unidos.
El 27 de junio, el
General Prats escapó de una provocación cuando iba en su vehículo, disparó
contra quienes lo agredían quienes se dieron a la fuga. Todo esto fue el
preámbulo del ejercicio de golpe de Estado que se llevó a efecto el 29 de junio
cuando el Regimiento de Blindados N° 2 de Santiago se sublevó contra el gobierno, intentando
tomar el Palacio de la Moneda que fue defendido por el General Prats en
persona. Los principales líderes de la organización fascista “Patria y
Libertad”, organizadora y promotora del alzamiento, huyeron del país. Esta
intentona produjo 20 muertos, la mayor parte de ellos civiles.
El 27 de julio fue
asesinado al frente de su casa el Capitán de Navío Arturo Araya Peeters, edecán
naval del presidente Allende, oficial constitucionalista, también leal al
Presidente. El hecho fue perpetrado por el agente de la CIA David Sánchez
Morales con el apoyo de “Patria Y Libertad”
y el Comando derechista Rolando Matus perteneciente al partido político
que dió origen a Renovación Nacional,
organización de la que es militante el presidente Sebastián Piñera. Los participantes en el homicidio del Capitán
Araya fueron hechos prisioneros y procesados, pero poco tiempo -posterior al
golpe de Estado- fueron indultados por Pinochet por “servicios prestados a la
Patria”.
El 22 de agosto la
mayoría derechista de la Cámara de Diputados aprobó un Acuerdo en el que se
establecía una situación de “grave quebrantamiento del orden institucional y
legal de la República”. En él se acusaba
al Gobierno de haber incurrido en diversas violaciones tales como aplicar medidas
económicas y políticas para instaurar un sistema “totalitario, violar garantías
constitucionales, dirigir una campaña de difamación contra la Corte Suprema,
violar la libertad de expresión, reprimir con violencia a los opositores e
intentar infiltrar políticamente a las Fuerzas Armadas”.
En ese contexto, el
presidente Allende se dispuso a convocar a un plebiscito para que fuera el pueblo quien decidiera si
continuaba al frente de los destinos del país. Incluso en esas desfavorables
condiciones, Allende confiaba en su pueblo, en su sabiduría y disposición de
solucionar por vía pacífica lo que se pretendía “resolver” a través de la
violencia. No había ninguna duda que el presidente hubiera renunciado, si los
resultados le hubieran sido adversos. No temía enfrentarse en las urnas
electorales. La derecha sí. La convocatoria a plebiscito aceleró los
preparativos golpistas…lo demás es conocido.
Esto ocurrió siendo
presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, republicano y blanco. Para los que
creen que el partido político o el color de la piel del presidente modifican el comportamiento
imperial de Estados Unidos, vale la pena revisar la historia para ver que en
cualquier época, la potencia del norte ha implementado diferentes métodos de
agresión acorde a cada situación,
contexto y circunstancia. El peregrinar de América Latina y el Caribe
durante los dos siglos pasados recoge un inventario de cursos de acción,
instrumentos y utilización de diversos actores encaminados al mismo objetivo:
retrotraer la historia en aquellos países donde los pueblos han elegido caminos
de independencia y soberanía.
Solo en lo que va
de siglo, en América Latina y el Caribe, el imperio ha puesto en funcionamiento
su arsenal de alternativas retrógradas. En 2002 y 2003, golpe de Estado y sabotaje petrolero con la
paralización de la principal industria de Venezuela con el objetivo de derrocar
al Presidente Chávez. 2004, golpe de Estado, secuestro y expulsión del país del
Presidente Jean- Bertrand Aristide en Haití. 2008, intento secesionista en
Bolivia. 2009, golpe de Estado, secuestro y expulsión del país del presidente
José Manuel Zelaya en Honduras. 2010, intento de asesinato del Presidente
Rafael Correa y golpe de Estado en Ecuador. 2012, golpe de Estado institucional
en Paraguay y derrocamiento del Presidente Fernando Lugo.
Y ahora, pretenden
continuar su seguidilla de acciones intervencionistas en Venezuela con motivo
de la reciente elección presidencial en la que la derecha no quiere aceptar el
resultado. Tal actitud está validada por el no reconocimiento del gobierno de
Estados Unidos al Presidente Maduro, lo cual significa -en los hechos- el
desconocimiento de la institucionalidad del país, toda vez que los poderes del
Estado en uso de sus competencias respectivas dictaminaron el resultado
electoral. La violencia posterior, que trajo como consecuencia nueve ciudadanos
asesinados entre ellos dos niños, es responsabilidad directa de la derecha
fascista, la que como hace 40 años en Chile pretende interrumpir el hilo
constitucional a cualquier costo. En uno y otro caso hay un elemento común: la
intervención de Estados Unidos con el objetivo de aplicar su conocida ”receta”
de destrucción, muerte e intranquilidad para los pueblos.
sergioro07@hotmail.com
Publicación Barómetro 09-05-13
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