Desde Gro. México
11/Diciembre/2015
Estado De Los Derechos Humanos En México
Carlos Reyes
Romero
El estado mexicano se defiende como loco
ante las aseveraciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en su informe preliminar sobre su visita “in loco” (en el terreno) a
México realizada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015.
No es para menos. Nunca el estado mexicano
había sido cuestionado tan acremente por un organismo internacional sobre la
situación que guardan los derechos humanos en el país.
Vamos, ni siquiera durante los años de la
guerra sucia que inundaron las cárceles militares y civiles de presos y
desaparecidos políticos, cuando se ejecutó extrajudicialmente a cientos de
activistas opositores al régimen priista y se torturo y desterró a miles de sus
familiares.
Ni Cuba ni Rusia ni China han sido objeto
de tan graves y bien documentados señalamientos, no obstante que estos países
vivieron y viven todavía fuertes crisis humanitarias.
El diagnóstico de la CIDH es contundente y
demoledor: “La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de
derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de
inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones
forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad
y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.”
Y sigue: “La falta de acceso a la justicia
ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el
efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves
violaciones a los derechos humanos.”
Con todo la CIDH afirma: “La Comisión
valora las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente a esta situación.”
Y hace un detallado recuento de las reformas constitucionales y legales que
México ha implementado a partir del 2011 en materia de derechos humanos y de
implantación a partir del 2008 del sistema de justicia penal acusatorio y oral,
así como la publicación en enero del 2013 de la Ley General de Víctimas, acerca
de la cual refiere que ha “recibido información respecto a la necesidad de una
revisión integral del Sistema Nacional de Atención a Víctimas para cumplir
eficazmente con su mandato.”
También reconoce la CIDH el valor de la
publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en marzo de 2014,
aunque admite que “ha recibido información que indica que algunas disposiciones
contenidas en dicho Código requieren una revisión a la luz de los estándares
internacionales de protección a los derechos humanos.”
Asimismo,
reconoce que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
muestra avances en el territorio nacional, pero expresa sus dudas acerca de que
“el Estado, en sus diferentes niveles, cumpla oportunamente con la implementación
total de dicho sistema.”
Con todo la CIDH afirma que a pesar de los
avances señalados en materia de protocolos, códigos y leyes, la respuesta
estatal enfrenta insuficiencias y obstáculos en su implementación.
Y remata: “La CIDH constató una profunda
brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que
viven millones de personas en el país. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH
escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una “simulación”.”
Lo cual terminó de encabronar todavía más
a las autoridades mexicanas, las que de inmediato mandaron al ex candidato
presidencial de Elba Esther Gordillo en las elecciones del 2006, Roberto Rafael
Campa Cifrián, ahora subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de
Gobernación, a rechazar y descalificar el informe preliminar de la CIDH.
El ínclito subsecretario se lanzó con todo
al ruedo, afirmando que: “el reporte preliminar de la CIDH no refleja la
situación de los derechos humanos que se vive en el país” y que por tanto el
gobierno federal no comparte que las observaciones realizadas por la CIDH “en
cinco días y sobre casos particulares” pueda reflejar la situación general de
México.
Y enseguida se lanza a fondo: “El caso
Ayotzinapa es una situación extraordinaria. No hay posibilidad de compararla
con ninguna otra en el país y mucho menos plantear que esta situación es
generalizada en el país (…) Por distintos motivos, razones y características
ésta es una situación absolutamente extraordinaria.”
El subsecretario Campa finge ignorar que
éste precisamente es el meollo del asunto. Porque precisamente el caso
Ayotzinapa puso al descubierto la profunda colusión que existe entre el crimen
organizado, los cuerpos de seguridad, los jueces y las autoridades gubernamentales
de los tres órdenes de gobierno.
Ayotzinapa mostró a México y al mundo que
el estado mexicano es rehén de sus vínculos con la narcopolítica y que la
corrupción y el predominio de la impunidad campean en todos los niveles de la
administración pública.
No es solo Ayotzinapa. Son también las
ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el ejército en El Charco, que la
ONU exige al estado mexicano que se investiguen y sancionen; son los masacrados
en San Fernando por los narcos en complicidad con los cuerpos de seguridad; son
los otros desaparecidos de Iguala y los cientos de fosas clandestinas que
pululan en el país; son los niños quemados en la guardería ABC de Hermosillo;
es Tlataya, es Tanhuato y otros casos señalados por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) antes que lo hiciera la CIDH.
Son los crímenes de alto impacto de
activistas sociales y políticos que el estado mexicano se niega a investigar y
que en muchos casos encubre a sus autores materiales e intelectuales porque son
connotados miembros de la clase política.
Es la impunidad que se aprestan a hacer
valer ante los tribunales José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles
Pineda, por su responsabilidad en los sucesos de Iguala; a los cuales el PRD ha
declarado inocentes por voz de su dirigente Pablo Gómez Álvarez, autor del
informe del PRD sobre el caso.
Como bien decía, nuestro finado amigo
Armando “El Chito” Fierro, nuestros políticos no solo están hundidos hasta el
cuello en el estiércol y la podredumbre moral, sino que todavía se regodean
haciendo gorgoritos.
Que con su pan se lo coman.
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