ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO - CRR



Desde Gro. México
11/Diciembre/2015


Estado De Los Derechos Humanos En México
Carlos Reyes Romero

El estado mexicano se defiende como loco ante las aseveraciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe preliminar sobre su visita “in loco” (en el terreno) a México realizada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015.

No es para menos. Nunca el estado mexicano había sido cuestionado tan acremente por un organismo internacional sobre la situación que guardan los derechos humanos en el país.

Vamos, ni siquiera durante los años de la guerra sucia que inundaron las cárceles militares y civiles de presos y desaparecidos políticos, cuando se ejecutó extrajudicialmente a cientos de activistas opositores al régimen priista y se torturo y desterró a miles de sus familiares.

Ni Cuba ni Rusia ni China han sido objeto de tan graves y bien documentados señalamientos, no obstante que estos países vivieron y viven todavía fuertes crisis humanitarias.

El diagnóstico de la CIDH es contundente y demoledor: “La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.”

Y sigue: “La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.”

Con todo la CIDH afirma: “La Comisión valora las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente a esta situación.” Y hace un detallado recuento de las reformas constitucionales y legales que México ha implementado a partir del 2011 en materia de derechos humanos y de implantación a partir del 2008 del sistema de justicia penal acusatorio y oral, así como la publicación en enero del 2013 de la Ley General de Víctimas, acerca de la cual refiere que ha “recibido información respecto a la necesidad de una revisión integral del Sistema Nacional de Atención a Víctimas para cumplir eficazmente con su mandato.”

También reconoce la CIDH el valor de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en marzo de 2014, aunque admite que “ha recibido información que indica que algunas disposiciones contenidas en dicho Código requieren una revisión a la luz de los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.”

Asimismo,  reconoce que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal muestra avances en el territorio nacional, pero expresa sus dudas acerca de que “el Estado, en sus diferentes niveles, cumpla oportunamente con la implementación total de dicho sistema.”

Con todo la CIDH afirma que a pesar de los avances señalados en materia de protocolos, códigos y leyes, la respuesta estatal enfrenta insuficiencias y obstáculos en su implementación.

Y remata: “La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una “simulación”.”

Lo cual terminó de encabronar todavía más a las autoridades mexicanas, las que de inmediato mandaron al ex candidato presidencial de Elba Esther Gordillo en las elecciones del 2006, Roberto Rafael Campa Cifrián, ahora subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, a rechazar y descalificar el informe preliminar de la CIDH.

El ínclito subsecretario se lanzó con todo al ruedo, afirmando que: “el reporte preliminar de la CIDH no refleja la situación de los derechos humanos que se vive en el país” y que por tanto el gobierno federal no comparte que las observaciones realizadas por la CIDH “en cinco días y sobre casos particulares” pueda reflejar la situación general de México.

Y enseguida se lanza a fondo: “El caso Ayotzinapa es una situación extraordinaria. No hay posibilidad de compararla con ninguna otra en el país y mucho menos plantear que esta situación es generalizada en el país (…) Por distintos motivos, razones y características ésta es una situación absolutamente extraordinaria.”

El subsecretario Campa finge ignorar que éste precisamente es el meollo del asunto. Porque precisamente el caso Ayotzinapa puso al descubierto la profunda colusión que existe entre el crimen organizado, los cuerpos de seguridad, los jueces y las autoridades gubernamentales de los tres órdenes de gobierno.

Ayotzinapa mostró a México y al mundo que el estado mexicano es rehén de sus vínculos con la narcopolítica y que la corrupción y el predominio de la impunidad campean en todos los niveles de la administración pública.

No es solo Ayotzinapa. Son también las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el ejército en El Charco, que la ONU exige al estado mexicano que se investiguen y sancionen; son los masacrados en San Fernando por los narcos en complicidad con los cuerpos de seguridad; son los otros desaparecidos de Iguala y los cientos de fosas clandestinas que pululan en el país; son los niños quemados en la guardería ABC de Hermosillo; es Tlataya, es Tanhuato y otros casos señalados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) antes que lo hiciera la CIDH.

Son los crímenes de alto impacto de activistas sociales y políticos que el estado mexicano se niega a investigar y que en muchos casos encubre a sus autores materiales e intelectuales porque son connotados miembros de la clase política.

Es la impunidad que se aprestan a hacer valer ante los tribunales José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, por su responsabilidad en los sucesos de Iguala; a los cuales el PRD ha declarado inocentes por voz de su dirigente Pablo Gómez Álvarez, autor del informe del PRD sobre el caso.

Como bien decía, nuestro finado amigo Armando “El Chito” Fierro, nuestros políticos no solo están hundidos hasta el cuello en el estiércol y la podredumbre moral, sino que todavía se regodean haciendo gorgoritos.

Que con su pan se lo coman.
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