Desde Panamá
Fecha:
05/Marzo/2016
Reformas Electorales: Ni Muy Muy,
Ni Tan Tan
Por
Olmedo Beluche
Los magistrados
del Tribunal Electoral han presentado ante la Asamblea Nacional el conjunto de
reformas al código que rige los comicios nacionales que salieron de los debates
de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) de 2015. Esas reformas expresan
un ideal de funcionamiento electoral, en algunos aspectos consensuado y otros
decidido por mayoría en la CNRE, en la que la sociedad civil, técnicos del
tribunal y voceros no muy autorizados de
los partidos políticos revisan los problemas de cada contienda.
La propuesta
presentada en enero de 2016 contiene muchas de las reformas de la propuesta de
la CNRE de 2010, que fueron planchadas por el gobierno y la mayoría legislativa
de Martinelli. Ahora esa propuesta, con sus luces y sombras, pasará por la
máquina de moler de los diputados y jefes partidarios que se las saben todas.
Por lo cual, el producto que saldrá de la Asamblea no será igual a la propuesta
que entró y lo más seguro es que los aspectos más progresivos de la reforma no
pasen del primer debate, como ha sucedido en ocasiones anteriores.
Por ser producto
del debate de la CNRE, en el que participan sectores sociales no comprometidos
con la partidocracia imperante, la reforma expresa algunos aspectos que
constituyen un avance respecto a lo que hay. Pero es un avance a medias, porque
en algunos temas hay retrocesos. En general, la reforma no modifica el problema
de fondo: un régimen oligárquico con careta democrática expresada en el rejuego
de un puñado de partidos y políticos profesionales, con la exclusión de la
participación de actores sociales provenientes de las capas medias y bajas de
la sociedad y de proyectos alternativos.
Avances de la
reforma:
1. Paridad de
género, que obliga a postular desde las primarias, una alternancia de hombres y
mujeres (la ley actual estipula al menos un tercio de mujeres, lo que no se
cumple de hecho, y la nueva propuesta ya ha sido amenazada de demandas de
inconstitucionalidad por algunos abogados);
2. Reducción del
4 al 2% de firmas de adherentes para inscribir un partido político nuevo;
3. Control del
financiamiento de las campañas electorales, empezando por la publicidad que
solo se pagará de fondos públicos (pero para tranquilidad de los dueños de los
medios habrá casi 100 millones de balboas disponibles del erario);
4. Control del
financiamiento privado, fijando límites al monto general de las donaciones, a
donantes particulares (no más del 1% del financiamiento proveniente de un mismo
donante en el caso de candidatos presidenciales) y ha llevar un registro (pero
no se obliga a hacer pública la lista);
5. Límites a la
publicidad estatal de obras públicas, al período de campañas y a los fueros electorales, etc.
Aspectos
negativos de la reforma:
1. El principal
obstáculo a la democratización del régimen político sigue siendo el elevado
número de adherentes que se exige para constituir un partido político. Aunque
bajan del 4 al 2 % de firmas respecto de la última elección presidencial (poco
menos de 40 mil firmas ahora), este requisito sigue siendo superior al promedio
de 0,5% de firmas que se exige en la mayor parte de América Latina.
2. El retroceso
mayor se da en el caso de la libre postulación presidencial, derecho ya
recogido en 2014 gracias a que la Corte Suprema de Justicia (en 2009) se lo
impuso a los magistrados del Tribunal Electoral. En 2014 se exigió recoger el
1% de firmas de adherentes para inscribir un candidato presidencial por libre
postulación. Ahora ha sido elevado al 2%, igual que un partido político. Con el
agravante de que un partido tiene 5 años para inscribirse y un postulado por la
libre seis meses.
3. El sistema de
financiamiento de partidos y campañas permite el reino de la plutocracia en
Panamá, pese a los nuevos controles, ya que la cifra de referencia de la que parte
es el 1% del presupuesto gubernamental, con lo cual estamos hablando ahora de
100 millones de dólares, a lo que se suman financiamientos privados que
rondarán otros 15 millones. Tanto dinero para campañas electorales sesga el
proceso a favor de los partidos y candidatos de la oligarquía y deja en
desventaja a quienes provienen de estratos populares. O te corrompes buscando
dinero por cualquier medio, o no puedes competir.
4. A estos
problemas, y otros menores, hay que sumar el "blindaje" que se han auto
regalado los magistrados del Tribunal Electoral, algunos que ya tienen más de
un cuarto de siglo rigiendo el sistema,
igualándose al que se ha investido la Corte Suprema y los diputados de
la Asamblea. Este gesto, al igual que el tamaño del edificio nuevo que
inauguraron el año pasado, es un grito de los magistrados en el sentido de
hacer sentir que ellos son el cuarto poder del estado (o el quinto detrás de
los medios de comunicación) y que, en últimas, ellos escrutan, eligen, y que
pueden estar por encima de la ley pues es difícil investigarlos.
En conclusión,
no nos hagamos falsas ilusiones con estas reformas electorales, tanto porque
las propuestas progresivas no avanzan tanto como debieran, como porque lo que
saldrá de la Asamblea será peor. En última instancia, más que una reforma, el
régimen político panameño, con sus inequidades y corrupción, necesita ser
demolido y vuelto a hacer, mediante una movilización popular que refunde las
instituciones a través de una Asamblea Constituyente. Pero que eso suceda, se requiere como prerrequisito que el
movimiento popular supere el infantilismo actual y se movilice unitariamente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario