Desde Colombia
29/Octubre/2012
Las
nuevas formas de discriminación contra los afrocolombianos
José Eulícer Mosquera Rentería.
Algunas personas se han extrañado por
la afirmación del presidente Juan Manuel Santos de que en su gabinete no ha
incluido ningún afro porque a estos puestos se llega es por méritos. Pero en
realidad este tipo de afirmaciones y comportamientos no deberían extrañar a
nadie, porque los hechos históricos han demostrados que las clases dominantes
colombianas y latinoamericanas heredaron la mentalidad colonialista, racista y
discriminatoria de los abuelos colonialistas europeos, la cual reproducen de
generación en generación por efectos del neocolonialismo eurocéntrico que se
instauró a partir de las “independencias” y el advenimiento de las repúblicas,
y en especial por el sistema educativo imperante, que también es eurocéntrico,
individualista y de corte capitalista.
Durante las guerras de independencia se escucharon voces
desde la comandancia de los ejércitos patrióticos - que estaba integrada por
caudillos que representaban los intereses de las nacientes clases dominantes
criollas - que consideraban necesario colocar en la primera línea de combate y
como escudo de los demás patriotas y combatientes, a los afro-cimarrones que
acudieron a integrar las filas de estos ejércitos, a objeto de “reducir a
través de la guerra su peligroso número”. Y comenzando la época republicana,
coincidencialmente todos los mandatarios y dirigentes de las nuevas repúblicas
y representantes de las clases dominantes criollas, consideraron necesario
deshacerse de los africanos y sus descendientes, llevándolos a arrojar a las
costas africanas y a las zonas desérticas de las Américas, supuestamente para
evitar que fuera a ocurrir como en Haití, donde “los negros” se habían tomado
el poder. Es decir que después de haber contribuido con su trabajo y sus
aportes culturales y patrióticos a la construcción de estos nuevos países, no
merecían un lugar en ellos, sino, ser sometidos a un genocidio.
Estas clases dominantes además de haber mantenido una
mentalidad fascistoide en relación con los afros y aborígenes, renuevan o
modernizan sus formas de racismo y de discriminación hacia los mismos, de
acuerdo al momento o a la coyuntura histórica, recubriéndolas con ciertas
sutilezas a objeto de que sean admitidas pasivamente por estos pueblos, y de
aparentar de justas, incluyentes y democráticas ante la opinión mundial. En el
caso de Colombia, es de recordar que al aplicar la ley de abolición de la
esclavitud los gobiernos republicanos obligaron a los africanos y sus
descendientes a marcharse hacia los territorios más inhóspitos con las manos
vacías, mientras a los esclavistas que los habían expoliado durante casi cuatro
siglos, se les indemnizó por cada esclavizado/a que quedaba en “libertad”, al
tiempo que podían continuar disfrutando de los territorios domeñados por los
esclavizados, de las fincas, haciendas, minas, infraestructura y de todas las
riquezas construidas por los mismos y sus mayores muertos bajo la esclavitud colonial.
Mientras los nuevos territorios ocupados por los afros y los poblados que
construyeron en ellos nunca fueron incluidos justa y equitativamente en los
planes de desarrollo nacionales y regionales, y si se destinó algún recurso
para ellos, fue marginal, y en muchos casos fue objeto de la corrupción y la
rapiña de miembros de las clases dominantes nacionales y regionales en
contubernio con politiqueros locales.
Luis López de Mesa, quien fuera varias veces Ministro de
Educación de Colombia, entre los años 1930 y 1970, afirmó que la única forma
que se podría lograr algún desarrollo en regiones como el Chocó y el Pacífico,
era provocando el mestizaje de sus pobladores con blancos criollos o
extranjeros. Y con base en razonamientos como este, entre los años de 1930 y
1940, utilizando medios de transporte del Ejército y de la Armada nacionales se
llevaron grupos de familias campesinas pobres del interior del país a instalar
en la cuenca del rio Baudó, Bahía Solano, Nuquí y Juradó, en el Chocó; y en las
costas pacíficas nariñense, caucana y valluna, pero a su mayoría las
inclemencias climáticas y ambientales las obligaron a retornar muy pronto a sus
lugares de origen. Sin embargo, esta medida tenía otro objetivo que iba más
allá, cual era contribuir a la reducción de la presión de las luchas campesinas
por la tierra, que se encontraba al rojo vivo por esa época en el interior del
país. Con base en razonamientos fascistoides como el de López de Mesa también,
se justificó el otorgamiento de numerosas concesiones y licencias a compañías
extranjeras para llevar a cabo la explotación de los recursos naturales y la
sobre explotación de la mano de obra nacional en los territorios ancestrales
afrocolombianos.
Actualmente en el orden nacional y en departamentos como
Antioquia, los administradores públicos no hacen sino inventarse argumentos
para desconocer y descalificar a las organizaciones sociales afrocolombianas
soportadas en la Ley
70 de 1993, cuando presentan propuestas serias para la atención de las problemáticas
de sus comunidades, haciéndoles exigencias que solo pueden cumplir las grandes
empresas capitalistas y las corporaciones creadas por otras gentes, incurriendo
en actitudes corruptas violatorias de la constitución y la ley.
La respuesta de la mayoría de los gobiernos a las
reclamaciones de las comunidades afrocolombianas ha sido racista,
represiva, demagógica y ofensiva, diciendo que “los negros son un estigma y un
obstáculo para el desarrollo de la sociedad”, que “los negros viven en la pobreza
y el atraso debido a su naturaleza perezosa, parrandera y morbosa”, y que en
vez de andar fregando con paros cívicos y manifestaciones reclamando servicios
públicos domiciliarios, etc., lo que deben es continuar recogiendo su agua con
ollas y otros recipientes en las lluvias, ríos y quebradas, y haciendo sus
necesidades fisiológicas en cualquier espacio de sus extensos territorios,
entre otras groserías. En algunos casos las protestas, manifestaciones y paros
cívicos, realizados siempre en forma pacífica por estas comunidades, han sido
reprimidos en forma brutal por la fuerza pública, con saldos trágicos.
Todos los afrocolombianos/as que han ocupado un alto
cargo del Estado en Colombia, han sido nombrados más que por sus meritos, por
una necesidad urgente de la clase gobernante nacional en una coyuntura
histórica, donde este funcionario o funcionaria está llamada/o a afrontar una
situación difícil y delicada, y a garantizar unos resultados favorables para
dichas clases dominantes, a corto plazo. Para no ir muy lejos, cuando se nombró
a Manuel Mosquera Garcés y a Adam Arriaga Andrade en los Ministerios de
Educación y del Trabajo, respectivamente, entre los años de 1940 y 1950, fue
porque las oligarquías liberal-conservadoras no sabían cómo controlar a unos
movimientos obrero y estudiantil en ebullición y fuertemente motivados
por la influencia de las revoluciones socialistas de la época, delegándole
estas difíciles tareas a estos dos ilustres afrocolombianos, pero a la vez
tuvieron que convertirse en incondicionales y hasta vincularse a la Logia Masónica de
estas oligarquías, que es la que decide quién puede ocupar un alto cargo del
Estado y quien puede seguir existiendo en el país. Cuando se nombró a la
condoteña Nazly Lozano Aljure como Ministra de Justicia, fue porque venía
desempeñándose como funcionaria de ese ministerio y los narcotraficantes
acababan de asesinar al Ministro Lara Bonilla por atreverse a proponer una ley
de extradición de narcotraficantes hacia los Estados Unidos, todo el mundo
temía coger ese ministerio, a la nueva ministra le tocó firmar las primeras
extradiciones y muy pronto también le tocó exiliarse por largo tiempo. Además,
es sabido que la última persona afrocolombiana nombrada en un ministerio, Paula
Moreno, ministra de Cultura, lo fue por la necesidad que tenía el gobierno de
Álvaro Uribe de ganarse la voluntad de los parlamentarios afroestadounidenses
para la aprobación del TLC de Colombia con USA, pero algunas y algunos
afrocolombianos/as, arribistas e ilusos, daban por sentado que a partir del
momento los gobiernos siguientes garantizarían la presencia afrocolombiana en
sus gabinetes, y que bastaba conseguirse una recomendación de uno de los
caciques políticos de la cuerda presidencial para lograrlo. Es que el
capitalismo por su propia naturaleza es colonialista, racista y discriminador,
y Juan Manuel Santos es un representante del capitalismo internacional, y
especialmente de USA, por tanto no es de extrañar su actitud discriminatoria
hacia los afros, no obstante trate de dorar la píldora con lo de los “méritos”.
¿A estas alturas de nuestra historia patria quien le va a creer al
Presidente Santos que en Colombia no hay personas afros con los méritos para
ocupar un ministerio o para hacer parte de un gabinete nacional a cualquier
nivel? Estoy seguro que nadie se la cree.
El presidente Santos, al igual que hizo Uribe Vélez, ha
empezado a hacer visitas coyunturales al Chocó, Buenaventura y el Cauca, para
decirle a sus habitantes que quiere mucho a los “negritos y negritas” y que les
hará importantísimas atenciones e inversiones. Uribe Vélez no cumplió ni
siquiera con la adecuación de la carretera Medellín-Quibdó, de tanta
importancia no solo para los chocoanos, sino también para su departamento,
Antioquia, porque a través de ella ha controlado en forma colonialista al
mercado chocoano, como un mercado cautivo para sus industrias, y ha sacado del
Chocó inmensas riquezas. A pesar que los dineros para esta carretera los habían
logrado los chocoanos/as con paros cívicos desde antes de él llegar a la Presidencia de la República , y junto a su
Ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego se dedicaron fue a fraccionar estos
recursos para darle contratos a los Nules y a otros estafadores de su cuerda,
para que hicieran simulacros de trabajos en esa vía, y para que finalmente se
los robaran. Hasta la fecha Santos tampoco ha hecho nada trascendental por las
comunidades afrocolombianas y sus territorios; nada que apunte a sacar a estas
comunidades de la extrema pobreza y de la marginalidad históricas. Ni siquiera
las ha hecho merecedoras a estar representadas en uno de sus ministerios o vice
ministerios.
Lo que las comunidades afrocolombianas requieren con
urgencia es la ejecución del Plan de Desarrollo Integral, diferencial, ordenado
por la
Constitución Nacional desde 1991, y la Ley 70 de 1993, soportado en
el convenio 169 de 1989 de Naciones Unidas y la Ley 21 de 1991 mediante la cual Colombia asume
este convenio, y otras disposiciones legales. Plan de Desarrollo que es
mucho más importante para la población afro que la ocupación de un ministerio
por parte de una persona afrocolombiana, porque pueden llegar a las más altas
posiciones y al poder muchos Obamas, y hasta repetir mandato, pero siempre y
cuando la mentalidad de esos obamas sea proimperialista y neoliberal, y por
tanto, lleguen a esas posiciones solo a hacer realidad los planes, programas y
proyectos de las clases dominantes, nuestros pueblos continuarán de mal en
peor, como le está ocurriendo a los afroestadounidenses. De tal manera que Asumir
con seriedad el reto de ejecutar el Plan de Desarrollo Integral para las
Comunidades Afrocolombianas, sería la mejor demostración de un mandatario de
que ha superado la mentalidad racista y discriminadora heredada de los abuelos
colonialistas ibéricos.
Pero desgraciadamente, los mandatarios y administradores
públicos de Colombia solo se inventan estrategias para burlar las disposiciones
constitucionales y legales que favorecen a las poblaciones afrocolombianas y
aborígenes, convirtiéndolas en letra muerta. Hoy se ha montado todo un proceso
para liquidar y/o burlar la Ley
70 de 1993 ó Ley de Comunidades Afrocolombianas, y sus decretos reglamentarios,
frente a lo cual no le queda otro camino al pueblo afrocolombiano que responder
con acciones de masa y de exigibilidad de sus derechos. Reiterando que no se
podrá avanzar hacia una paz real y duradera en nuestro país, sin primero hacer
efectiva la justicia social.
Publicación
Barómetro 22-10-12
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