Desde
México
23/Marzo/2013
¿ES OBLIGADO
REGALAR PEMEX?
Carlos
Reyes Romero
Quien
sabe qué extraño encantamiento padece el salinismo que lo impulsa a malbaratar
el país a como dé lugar. En el acto oficial del 75 aniversario de la
expropiación petrolera se afirmó y reiteró machaconamente que Pemex es y
seguirá siendo patrimonio de todos los mexicanos, la verdad es que hace mucho
que Pemex es una empresa confiscada a la Nación, un botín para la voraz clase
política mexicana, una fuente de ilícitos enriquecimientos.
Por
más que el presidente Peña Nieto se desgañite afirmando que Pemex no se vende
ni se privatiza, todo indica que el gobierno se encamina a compartir la renta
petrolera con los capitales monopólicos nacionales, pero sobre todo los del
extranjero. Todos sabemos que cuando un gobierno afirma enfáticamente que no va
a hacer tal o cual cosa siempre resulta que sí lo hace.
El
pretexto es ahora la supuesta incapacidad de Pemex para reinvertir y para dar
mantenimiento a sus instalaciones, que no tiene recursos para ampliar su
plataforma de producción.
Lo
que se oculta es que la estrechez financiera de Pemex es resultado de que el
gobierno destina todos los ingresos de la empresa a gasto público. Esa es la
opción que, desde 1976, eligió el gobierno para enfrentar el sobregasto
gubernamental sin tener que reducir el gasto público, como lo exigía el Fondo
Monetario Internacional, y ni hacer la tan postergada reforma fiscal para
ampliar la capacidad recaudatoria del estado mexicano.
Reforma
fiscal que por cierto, antes como ahora, requiere gravar efectivamente las
ganancias de los sectores monopólicos de la economía, que sólo aportan el 1.8
por ciento de los ingresos fiscales del país a pesar de que facturan el 53 por
ciento del PIB, para no seguir poniendo la carga fiscal en las espaldas de los
sectores no monopólicos, los profesionistas y pequeños negocios, los
asalariados y sobre Pemex, sectores que en conjunto aportan el 98.2 por ciento
del gasto público, no obstante que sólo generan el 47 por ciento de la renta
nacional.
Con
el pretexto lopezportillista de que íbamos a “administrar la abundancia” el
gobierno se lanzó en aquellos años a la aventura de petrolizar el gasto
público, al mismo tiempo que volviendo a confiar en los rentistas empresarios
que conforman la pichicata oligarquía mexicana ˗aquellos que “no nos volverán a
saquear”˗ puso en sus manos los recursos fiscales para el financiamiento del
desarrollo y les permitió durante casi 30 años no pagar impuestos,
supuestamente porque iban a generar un millón anual de empleos y a modernizar
tecnológicamente la planta productiva del país.
Nunca
lo hicieron; al contrario nos volvieron a saquear.
En
Pemex siempre ha habido participación privada. Todo el sistema de distribución
y venta de gasolinas, diesel, petróleo y nafta al menudeo y de lubricantes,
bajo diversas modalidades, ha estado en manos de particulares, desde que la
empresa se nacionalizó en 1938. Ese no es el problema.
Parte
importante de la petroquímica nacional, también está en manos de particulares;
ese tampoco es el problema.
En
una de nuestras refinerías y en la explotación del gas natural tenemos
participación de capital extranjero; tampoco es ese el problema.
Incluso
se les ha abierto espacios a las empresas privadas extranjeras en la
identificación y exploración de reservas petrolíferas y en la construcción de
plataformas y buques petroleros. Pero eso no les es suficiente.
Lo
que quieren el gobierno norteamericano, hay que decirlo claro, y las grandes
empresas petroleras que están detrás, es tener acceso a la renta petrolera del
país, quieren que se les permita tener acciones en Pemex-Exploración y
Producción para participar directamente en la extracción del petróleo y de esa
manera tener derecho a una parte del producto.
No
les interesa Pemex-Gas y Petroquímica Básica, ni Pemex-Petroquímica, ni mucho
menos Pemex-Refinación; saben perfectamente que la joya de la corona, está en
la extracción del petróleo y saben que los salinistas, saben que el gobierno de
Peña Nieta está dispuesto a hacerles el paro, que no se atrevieron a hacer los
dos gobiernos panistas.
El
objetivo principal de las petroleras trasnacionales es acceder a las ganancias
del principal corporativo de Pemex. Eso es lo que esconde el gobierno; eso es
lo que tenemos que impedir los ciudadanos.
No
nos hagamos bolas, la solución a la actual estrechez financiera de Pemex, para
la recuperación y el desarrollo de esta vital empresa, está en cambiar el
severo y confiscatorio régimen fiscal de Pemex y en aumentar sustancialmente
los recursos de la empresa destinados a reinversión, exploración, innovación
tecnológica y mantenimiento de instalaciones, y sobre todo en establecer un
modelo fiscal que obligue a las 422 empresas consolidadas y a las mineras a
pagar impuestos.
Debe
prevalecer el mandato constitucional de que es obligación de todos contribuir
para los gastos públicos de manera proporcional y equitativa.
No
tenemos por qué regalar los recursos no renovables del país.
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