Desde
Venezuela
29/Julio/2013
El Peligro Principal En Venezuela
Guillermo
Almeyra
La economía venezolana debe ser
urgentemente reorganizada y saneada, sencillamente porque, una vez extraídos de
la producción petrolera los barriles para el consumo nacional y la parte
correspondiente al Alba y a Petrocaribe, el resto (más o menos un millón 150
mil barriles) no alcanza para pagar todas las importaciones. Éstas van, en
efecto, desde los insumos y la tecnología para la producción nacional hasta
todos los artículos de consumo cotidianos y los alimentos. Las divisas
petroleras se utilizan tanto para comprar whiskys, coches y motos importados,
para pagar deudas con otros países como para importar papel higiénico, toallas
higiénicas para mujeres o todo tipo de alimentos que Venezuela podría producir
pero no lo hace porque la renta petrolera desestimula las inversiones
productivas. El control de cambios es parcial y el desorden en la economía va
unido al despilfarro financiero, a la baja productividad de las empresas
estatales, a la falta de control sobre su funcionamiento y a la ineficiencia,
en muchos casos, de los administradores de las mismas.
La escasez de alimentos y de artículos
de primera necesidad, los cortes continuos en la red eléctrica, la corrupción y
el desorden administrativos, así como el altísimo nivel de delincuencia son los
motores de la protesta popular y llevan agua al molino de una oposición que
acusa al presidente Nicolás Maduro de enchufado (o sea, de falso socialista)
pretendiendo continuar mejor la obra de Hugo Chávez, al que en 2002 intentaron
derribar con un golpe de Estado.
El gobierno intenta en vano luchar
contra el despilfarro, la corrupción y la ineficiencia de los burócratas
utilizando métodos burocráticos. El gobierno de calle consiste en aplicar la
misma política decisionista y vertical del vértice del aparato de Estado, sólo
que fuera de las paredes de las oficinas, pero sin dar margen a la información,
la organización independiente y la participación en la definición de las
opciones y medidas por las bases chavistas.
Bajo el gobierno de Maduro se sigue
considerando que éstas son sólo un sostén electoral, una máquina para votar y
aprobar cada tantos meses o años las decisiones de un puñado de dirigentes. El
PSUV, por su parte, ni es partido ni es socialista ni está unido: es un aparato
burocrático, sin vida política interna y capacidad de propuestas independientes
o de control sobre el Estado que, como en todas las economías capitalistas, no
es socialista sino que debe administrar el funcionamiento del país de acuerdo
con las imposiciones del mercado capitalista mundial y del capital financiero
y, en su estructura misma, se caracteriza por su funcionamiento jerárquico, la
defensa de intereses privados y posiciones de mando y el secreto para los
trabajadores, unido a la transparencia para las trasnacionales y los grandes
capitales. El ejército, por supuesto, tampoco es socialista, aunque pueda haber
muchos nacionalistas o nacionalistas socializantes mezclados con los oficiales
conservadores. De modo que la garantía de una salida progresista a la actual
crisis no la dan los aparatos estatales.
Sin embargo, Maduro cree posible
eliminar la delincuencia transformando a los militares en policías, como hizo
Calderón en México con el resultado de incorporar el narcotráfico a las fuerzas
armadas que deberían haberlo combatido, destrozar su estructura y su moral,
hundirlas en una espiral represiva y sangrienta que les granjeará el odio
popular. Y cree factible, igualmente, poner orden en la economía recurriendo a
la movilización constante de los mismos que la están desorganizando porque
someten a Venezuela al papel pasivo y dependiente de importador de tecnologías
y productos que se pagan con la exportación de materias primas y no reorganizan
el país sobre bases no capitalistas porque se asocian a las grandes empresas y
a los importadores y, por lo tanto, ni siquiera aspiran a lograr la seguridad
alimentaria desarrollando la producción nacional de alimentos de primera
necesidad.
La reunión de Maduro con el gran
capitalista Mendoza y con el Grupo Polar, así como el nombramiento en el sector
financiero de personalidades consensuadas con los monopolios mandan una señal
gravísima a la burguesía: como Cristina Kirchner en su giro hacia los
empresarios, el gobierno poschavista no tiene como eje la profundización del
proceso de transformación social sino que se orienta hacia la conciliación y la
alianza entre el aparato estatal y la gran burguesía venezolana y, por lo
tanto, hacia medidas que le harán perder apoyo popular. Tal es el sentido de la
rebaja de los salarios reales por la reciente devaluación del bolívar o del fin
de la gratuidad de las casas otorgadas o de muchos subsidios. Pero, sobre todo,
ese es el significado de la sordina impuesta a las comunas nunca desarrolladas,
a las Misiones, a los movimientos sociales y de la teoría según la cual los
trabajadores industriales no tienen el derecho a hacer huelga porque,
supuestamente, son el poder en el Estado ya que votaron por quienes gobiernan
en su nombre.
Esa política es ingenua y nefasta. La
burguesía internacional y venezolana no aceptará jamás el chavismo de los
trabajadores, su movilización y su poder social de veto ni el ejemplo que dan
internacionalmente. Si no pueden dar un golpe militar, conquistarán por dentro
el aparato estatal para dar un golpe blanco uniendo detrás de la gran burguesía
y del imperialismo a todos los boliburgueses y corruptos que temen una
profundización social del proceso. La delincuencia se combate con la
movilización y organización en los barrios, al igual que la especulación con
los alimentos y las medicinas, y la ineficiencia en las empresas estatales, con
el control de los trabajadores de las mismas. Sólo la iniciativa de los
movimientos sociales salvará a Venezuela.
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