Desde Uruguay
29/Julio/2013
La Suprema Corte ante la conciencia pública
Niko
Schvarz
El lunes 20 de mayo
se efectuó en Montevideo la Marcha del Silencio, que este año sobrepasó en
magnitud y concentración las 17 anteriores y se reprodujo en la mayor parte de
los departamentos del interior: en Carmelo, Colonia (en recordación de Aldo
“Chiquito” Perrini), en San José, Maldonado, Paysandú, Salto, Durazno, Florida,
Tacuarembó y Treinta y Tres. En los dos días siguientes, martes 21 y miércoles
22, se realizó en París, en el recinto del Senado del Palais de Luxembourg, un
coloquio internacional titulado: “ El derecho de saber. URUGUAY: Los
desaparecidos durante la dictadura 1973-1985”, con amplia y muy destacada
participación.
En Uruguay las
manifestaciones desfilaron bajo el lema: “En nuestra patria no hay justicia.
¿Quiénes son los responsables?”. El interrogante apunta inequívocamente a la
mayoría de la Suprema Corte de Justicia, que en una decisión condenable (y
condenada por la opinión pública) declaró inconstitucional la ley que derogó la
impunidad impuesta por la ley de caducidad. Esta decisión tiende a frenar todas
las investigaciones pendientes y en curso sobre los crímenes y desapariciones
perpetradas por la dictadura. Análogamente, en el coloquio desarrollado en
París la decisión adoptada por la Suprema Corte de Uruguay fue objeto de una
crítica intensa y fundamentada desde todos los ángulos, particularmente a la
luz del derecho internacional y de la salvaguardia de los derechos humanos.
El tema adquirió
por ende estatura internacional, con repercusión mundial. A ello se agregó otra
circunstancia. El jueves 23 de mayo, en la sede de la UNESCO en París se le
entregó un pasaporte que certifica la ciudadanía universal a la jueza uruguaya Mariana Mota, que estuvo
presente en el coloquio. Veamos los antecedentes de este hecho.
Existe un proyecto
de creación del Pasaporte de Ciudadanía Universal, con el objetivo de promover
la libertad mundial de circulación y de instalación de las personas. La
iniciativa ha sido sostenida inicialmente por el movimiento Utopía y presentada
en una cumbre en Cochabamba, luego en el Foro Social Europeo de Estambul en
2010 y reiterada en el Foro Social Mundial de Dakar en 2011. Con ese fin, está
en proceso la construcción de un nuevo organismo internacional denominado
Organización de la Ciudadanía Universal (OCU), sostenida principalmente por el
Movimiento Utopía, Emmaus Internacional, la Fundación France Libertés –
Danielle Mitterrand y el gobierno ecuatoriano. El lanzamiento de esta
organización se verificó en la UNESCO el 23 de mayo, con la presencia de
Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO; Albert Tévoédjrè,
mediador de la República de Benin, el politólogo y economista italiano Riccardo
Petrella y un conjunto de artistas y personalidades públicas: Florence Arthaud,
Tiken Jah Fakoly, Reza Deghati, Rona Hartner, Oliviero Toscani, Adolfo
Kaminsky, entre otros muchos. Pues bien: el primer acto de la novel
organización (OCU) fue otorgar el Pasaporte Universal a la jueza Mariana Mota.
Está previsto que en el curso del año 2013 sean entregados 100 pasaportes
universales, en forma simbólica. La OCU solicitará además oficialmente a la
Organización de Naciones Unidas que inscriba en el orden del día de su próxima
Asamblea General una propuesta de conferencia internacional sobre la libertad
de circulación y de instalación de las personas.
La distinción
conferida a la jueza Mariana Mota rubricaba el concepto expresado por el
eminente jurisconsulto Luis Joinet en el coloquio del que fue la verdadera alma
mater, cuando al dirigirse a ella le expresó: “Usted ha salvado el honor de la
magistratura uruguaya”. Este fue el instante de máxima emoción del encuentro.
Otra prueba de sus
repercusiones es la amplia crónica que le dedicó el diario L’Express de la capital francesa bajo el título:
“Movilización en París por los desaparecidos de la dictadura uruguaya”. Con el
subtítulo “La Suprema Corte señalada con el índice”, dice que las decisiones de
la Corte fuero calificadas de “ubuescas” en el coloquio, y que las mismas fueron condenadas en las manifestaciones
realizadas en Uruguay, ya que la SCJ declaró inconstitucional la ley de 2011 que determinaba la
imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura. Agrega que la jueza Mariana
Mota, que llevó a cabo un largo combate para el esclarecimiento de estos
crímenes, después de haber ejercido durante siete años en la órbita penal e
investigado sobre unos cincuenta casos de violaciones d los DDHH, fue
transferida a la órbita civil en febrero por orden de la Suprema Corte. Sobre
este punto cita las opiniones vertidas en el coloquio por Louis Joinet,
Philippe Texier y la senadora Constanza Moreira. Se detiene en el caso de
Macarena Gelman (“la niña robada”) y en las gestiones de su abuelo, el poeta
Juan Gelman. Macarena recordó que el presidente de la Suprema Corte dijo que
cuando los procesos judiciales llegaran al ámbito del organismo se iban a
encontrar con una muralla. De ahí surgió la decisión colectiva de derribar esa
muralla. Se ha invocado al respecto el ejemplo bíblico de la muralla de Jericó.
Los oradores del
coloquio expresaron que los crímenes de la dictadura son crímenes de lesa
humanidad, por ende no prescriptibles. Señalaron asimismo: “Increíblemente, la
Suprema Corte de Justicia uruguaya pretende que las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Uruguay en el caso Gelman, no
se le imponen. E incluso pretende que los tratados y convenciones
internacionales que Uruguay ha suscrito no pueden ser adaptados al derecho
nacional, lo que constituye una aberración jurídica”.
El magistrado Louis Joinet, ex miembro del
Tribunal de Cassation (equivalente a la Suprema Corte de Justicia), a la vez
impulsor de la Convención internacional sobre desapariciones forzadas y ex
consejero del presidente François Mitterrand, formuló la siguiente declaración:
“La controversia sobre la justicia que tiene lugar en Montevideo sobrepasa las
fronteras de Uruguay. Concierne a toda la comunidad internacional. La decisión
de su Corte Suprema, que niega la imprescriptibilidad de los crímenes contra la
humanidad que son las desapariciones forzadas y que ordena el traslado de una
jueza independiente que se esfuerza, con profesionalismo, en luchar contra los
autores de ese drama nacional, constituye un grave precedente, con el riesgo de
que se inspiren en el mismo los Estados predatorios prontos a dar vuelta la
página para que no sea leída. Pero esto significa olvidar que esta nueva aliada
de la ley que es la antropología científica, con los progresos del ADN,
contribuye a neutralizar esta organización del olvido al permitir retroceder
casi sin límites en el tiempo. Ella facilita en lo sucesivo la posibilidad de
encontrar, exhumar, identificar los cuerpos de nuestros desaparecidos para
restituirlos a sus allegados. El derecho a tener una tumba se ha vuelto un
derecho fundamental”.
Sobre este último
aspecto insistió el magistrado Philippe Texier en el cierre del evento, al
sugerir caminos a seguir en la lucha contra la impunidad, subrayando asimismo
que “lo de Uruguay reviste hoy alcance internacional”. También lo hizo el
profesor de derecho civil Olivier de Frouville, especialista en el tema de las
desapariciones forzadas.
El Dr. Oscar López
Goldaracena se refirió a las dificultades que se presentan en las causa
judiciales ante la actitud de la SCJ de declarar inconstitucional la ley que
posibilitaba continuar los procedimientos y reabrir casos archivados por la ley
de caducidad, insistiendo en “el imperativo de justicia y reparación, y la
búsqueda de los caminos a transitar, en lo jurídico y en lo político, hacia
verdad y justicia en todos los casos”. En su turno la Dra. Mirtha Guianze,
miembro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, efectuó un recorrido
histórico de cómo se fueron presentando las pruebas en los procesos, los cuales
fueron fruto de la acción persistente de los denunciantes.
La senadora
Constanza Moreira, apoyada en un power-point, enumeró las distintas etapas de
la lucha contra la impunidad hasta llegar a la “muralla” de la SCJ, esbozando
luego distintas líneas de acción para llegar a la verdad. El Dr. Edmundo Gómez
Mango, médico y escritor uruguayo radicado en Francia, en su calidad de
psicoanalista analizó los traumas padecidos por los torturados y los familiares
de los desaparecidos. Macarena Gelman refirió su peripecia personal de hija de
desaparecidos, que recobró su identidad siendo ya mayor, subrayando que los
golpistas se negaron a proporcionar dato alguno sobre el lugar donde está
sepultada su madre. No podemos olvidar la contribución que aportó a la
organización del coloquio en todas sus fases el embajador Omar Mesa, él mismo
preso y torturado bajo la dictadura.
En síntesis: la
actitud incalificable de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia uruguaya
quedó expuesta ante la faz del mundo en estas jornadas, lo mismo que dentro del
país, en el curso de las demostraciones multitudinarias en Montevideo y en el
interior, demostrativas de que esta causa está profundamente anclada en el
corazón del pueblo. Todo ello constituye un aliciente a continuar la lucha sin
desmayo, en busca de verdad y justicia, a
pesar de la SCJ y su muralla. Se ha dicho con razón que las murallas
están para ser derribadas o pasarles por encima.
nikomar@adinet.com.uy
Publicación
Barómetro 30-05-13
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