Desde México
29/Julio/2013
Legisladores Deben Promover Reforma
Urgen
Procuradurías Autónomas en México.
Rodrigo Huerta Pegueros*
El caso del ex gobernador Andrés Rafael Granier Melo, del estado de
Tabasco, nos muestra una vez más en forma ejemplar el uso discrecional de la
procuración de justicia, al revelarse declaraciones en contra de policías
ministeriales inmiscuidos en casos de tortura y violación a los derechos
humanos.
Por lo tanto, es necesario y urgente que los legisladores federales y
locales del país puedan reconocer la necesidad de que estas instituciones sean
separadas del poder ejecutivo y transformadas en una instancia autónoma y con
ello devolverle la credibilidad que han perdido ante la opinión pública
nacional.
No solo en Guerrero se ha manejado en forma por demás equivocada y
discrecional la procuración de justica como lo demuestran los hechos recientes
cometidos por el ex procurador Alberto López Rosas, en el caso de los
normalistas asesinados de Ayotzinapa, sino también con la forma como operó la
ex titular, Martha Elba Garzón Bernal, quien al dejar el cargo hace unos días,
reveló que varias investigaciones en curso por asesinatos de personajes
políticos no han sido concluidos por el
hecho de no haberse solicitado y por ende liberadas las ordenes de aprehensión
en contra los presuntos culpables.
También tenemos presentes las denuncias que en contra de la ex procuradora
general de la República, Marisela Morales Ibáñez, se interpusieron para
acusarla de haber manejado a su antojo y por encargo tal institución. Ante
estas evidencias no queda más que pensar que algo no funciona en estas
dependencias de los gobiernos federales y estatales.
El más reciente caso del ex gobernador Granier de Tabasco, mas allá de su
borrachera y su boca floja, es paradigmático, pues se continúan cometiendo los
mismos delitos y excesos de autoridad que ocurrían en el pasado reciente, pues
no solo se incrimina a personas en contra de su propia voluntad para declarar
contra funcionarios de la administración pasada, sino que se hacen montajes
burdos como lo hacía hace unos años atrás el ex secretario de seguridad pública
federal, Genaro García Luna con el caso de Florence Cassez.
En el caso Tabasco los que declararon bajo amenazas y torturas, han
desmentido su versión y han dado la cara ante la opinión pública para decir que
todo lo que se ha estado mostrando de parte del procurador de justicia
tabasqueño, Fernando Valenzuela, es un vil montaje y que temen por sus vidas ya
que han sido severamente amenazados de muerte por quienes los llevaron a
declarar y hasta el lugar donde presuntamente se escondían los más de 88
millones de pesos en efectivo.
Cuando volvemos a escuchar estas narrativas, lo único que se nos viene a la
memoria es los usos y costumbres del viejo régimen que desgraciadamente está
reviviendo en Tabasco el actual gobernador Arturo Núñez, a quien no se le han
olvidado sus raíces priistas y quizá los métodos que ahora aplica a su viejo
compañero de partido y compadre, Andrés Rafael Granier Melo a quien ahora se le
ha iniciado una investigación por peculado y quien será citado a declarar ante
la procuraduría, aún y cuando no le han logrado ubicar su paradero, por lo
tanto, difícilmente podrán comprobar que este haya sido oficial y legalmente
notificado y enterado de su nueva situación jurídica.
Lo mismo harán con los demás colaboradores de Granier, particularmente los
que tienen que ver con los dineros públicos, esto es al ex secretario de
finanzas y al ex subsecretario de egresos, según reveló en entrevista el propio
procurador Valenzuela.
El uso faccioso de la procuración de justicia en México ha sido desde hace
ya varios lustros una constante y un cuestionamiento que se tiene en contra de
la administración pública en el país, pues pocas acciones se pueden llevar a
cabo en contra de quienes utilizan indebidamente los recursos económicos de los
mexicanos, pues para ello deben actuar en consecuencia, forman parte del mismo
tinglado oficial y quien decide su operatividad y hasta dónde llegar, es
responsabilidad única y exclusiva de los ejecutivos estatales o federal.
Guerrero es un caso ejemplar.
Aquí la procuraduría no ha logrado desentrañar ningún hecho delictivo que
se ha registrado en el territorio guerrerense contra personas común y corriente
o personajes de la vida económica, social, partidistas o de gobierno, pues los
mandatarios han optado por desviar la acción justiciera y trasladar la responsabilidad
al poder ejecutivo federal a fin de que ahí se les de carpetazo y el tiempo
logre el objetivo de su olvido.
Solo para recordar, ahí están también los usos facciosos de las
procuradurías en los casos del ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, a
quien se acusa de haber dejado endeudada la administración estatal y haber
hecho uso indebido de cientos de millones de pesos; la misma acusación se hace
al ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat a quien se
señala como el responsable de haberse quedado con recursos materiales públicos
de millonaria cuantía y está también la acusación que la PGR hizo contra el ex
gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por estar involucrado con el
narcotráfico y de haber logrado amasar una fortuna incalculable.
Aquí en Guerrero las acusaciones contra los ex gobernadores no pasan de ser
mero formulismo de escándalo, como el caso reciente del ex mandatario Zeferino
Torreblanca Galindo, a quien se le imputaron una serie de malos manejos
económicos, desviación de recursos públicos pero que hasta la fecha no han sido
suficientes para liberar alguna orden de aprehensión en su contra ni a sus mas
cercanos colaboradores.
Una vez mas, los mexicanos estamos ante la necesidad urgente de que los
legisladores federales y locales puedan hacer los cambios necesarios en la
legislación correspondiente para que la procuración de justicia en México sea
independiente y autónoma del poder ejecutivo y con ello no se pueda ni
manipular y menos inclinar la balanza en contra o a favor de gobernante,
funcionario, administrador, comerciante, empresario o ciudadano común, sino que
sea en realidad una instancia que persiga y sancione a quienes no solo
incumplan sus responsabilidades oficiales sino quienes abierta y burdamente violenten
la ley y se sepan protegidos por el también absurdo fuero constitucional.
¿Podrán los legisladores guerrerenses, tanto en el congreso local como en
el congreso de la unión hacer el trabajo de proselitismo y sacar adelante esta
reforma legal que es más necesaria que las demás reformas anunciadas y que
están en víspera de debate y discusión en ambas cámaras?
Esperemos que los representantes populares
actúen en consecuencia a favor de los votantes y no de sus propios
intereses.
Periodista/Analista Político*
porteno4964@gmail.com
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