25/Abril/2014
Desde Venezuela
Una Nueva Batalla
Sergio Rodríguez Gelfenstein
Las variables políticas que caracterizan la situación en Venezuela han
tenido continuidad en marzo respecto de lo ocurrido desde el comienzo de la
ofensiva violentista de la derecha iniciada el 12 de febrero, aunque se
pusieron en juego nuevos componentes que establecieron una dimensión que cada
vez marca el sello externo y mediático del problema.
En cuanto a la situación política, la misma pareciera estabilizarse con
una clara victoria del gobierno ante la intentona de la derecha por derrocarlo.
Permanecen remanentes de violencia que en el caso de Caracas obedecen más a la
necesidad mediática internacional de sostener el conflicto que al poder real de
convocatoria de los partidos políticos. En la práctica, los manifestantes
violentos no responden a los lineamientos del liderazgo político tradicional de
los partidos de la derecha encarnados en
Henrique Capriles sino a uno emergente construido en torno a las figuras
de María Machado y Leopoldo López. A ellos se les suma Antonio Ledezma, oscuro
personaje de pasado adeco que ha
reconstituido sus prácticas represivas.
El cansancio de ciertos sectores de la clase media que habita en las
urbanizaciones del este de la capital y
en general, de fracciones de la
derecha que se ven asediados por la actuación vandálica de los manifestantes
violentos se ve reflejada en las declaraciones que a comienzos de mes hiciera
el opositor y presidente de la empresa encuestadora DATANALISIS, Luis Vicente
León quien manifestara que “Esas personas quieren canalizar su energía en la
búsqueda de una solución, pero no han encontrado nada ni a nadie que se las
ofrezca de manera racional y estructurada. Y entonces explotan. Pero lo hacen
sin tener ni un plan, ni un objetivo concreto ni una articulación formal. Y eso
se traduce en una especie de estallido de acciones y emociones incontroladas. Y
no es su culpa no saber cómo expresarse eficientemente.
La culpa, o al menos buena parte de ella, es de un liderazgo perdido,
dividido, desarticulado y pobre que no es capaz de conducirla ni de conectarla
por rutas creativas, articuladas y más sofisticadas que tirar piedras o quemar
basura en una calle que, además, es su propia calle y no la del destinatario de
su protesta”.
En el mismo sentido, vale destacar la demanda interpuesta por el conocido abogado derechista Juan Ernesto
Garantón, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra los alcaldes de los
municipios Baruta y El Hatillo por “incumplir con sus funciones y colaborar
contra la tranca de las calles”. Garantón manifestó que “soy vecino y necesito
transitar por las vías del municipio…esto lleva días en un caos total”
El gobierno por su parte ha actuado con suma paciencia para evitar la
violencia innecesaria de las fuerzas de seguridad por un lado, y por otra, el
desborde del pueblo chavista, molesto con la actuación de la derecha violenta.
La mesura en la actuación de las fuerzas de seguridad contrasta con el pasado
cuando las mismas instituciones desprovistas de mandos que sirvieran al pueblo
volcaban todo su odio en la represión indiscriminada que provocaba cientos y
miles de ciudadanos muertos, heridos y desaparecidos.
La mayor intensidad en las acciones violentistas se siguen manifestando en
los estados Táchira y Mérida donde la dinámica del conflicto sigue derroteros
propios que tampoco tienen su conducción en los partidos de la derecha. En
Táchira, las fuerzas paramilitares colombianas que tienen trascendental
influencia en los destinos de ese estado, han aprovechado el conflicto que vive
el país a fin de hacer una práctica para medir las fuerzas que han logrado
consolidar. Las formas violentas de actuar que han introducido desde hace
algunos años en la práctica de la delincuencia común ha comenzado a ser
trasladadas al quehacer político con el objetivo de ampliar su base de apoyo y
crear condiciones que permitan una virtual intervención de fuerzas militares
extranjeras en el país. Los paramilitares colombianos en sí mismo son una
fuerza militar extranjera en Venezuela que el gobierno no ha combatido con la
fuerza y la contundencia necesaria. En ella está el principal contingente
desestabilizador del país que está actuando ahora y lo hará en mayor medida en
el futuro si no se le pone coto temprano.
La debilidad mayor del gobierno se ha manifestado en la incapacidad de
impedir o al menos reducir el manejo mediático exterior que muestra un falso
país en medio de una virtual guerra civil que no existe, pero que permite
mantener la tensión a través de la magnificación en tiempo, espacio y magnitud
de participación de las jornadas de violencia, las declaraciones de voceros del
gobierno de Estados Unidos, además del de Panamá y sectores afines a la derecha
española. En este sentido, no guarda ninguna relación la realidad del país con
lo que se transmite a través de los medios en el exterior.
A nivel interno, el conflicto ha permitido –una vez más– la cohesión de
las fuerzas políticas que apoyan al gobierno, así como de las fuerzas armadas y
de seguridad no solo en el manejo operativo del mismo, también en la visión
doctrinaria de cómo enfrentar el intento de profundizar la situación hasta
generar una crisis. Se ha hecho evidente
que estas fuerzas armadas no son las de 1989. No están dispuestas ni operativa,
ni sicológica, ni políticamente a reprimir al pueblo, pero asumen más que nunca
el mandato constitucional de “…garantizar la independencia, la soberanía de la
Nación…” y “asegurar (…) la cooperación en el mantenimiento del orden interno”.
Mi percepción es que conflictos como éste coadyuvan a profundizar la alianza
cívico–militar que tanto pregonara el Comandante Chávez como núcleo
imprescindible de su proyecto.
En el plano internacional, a pesar de la arremetida estadounidense y de
los medios de comunicación, el contundente apoyo al gobierno de Venezuela en la
OEA y UNASUR es una muestra de los cambios que están acaeciendo en el
continente y que dan cuenta, que al menos en el plano regional, Estados Unidos
no tendrá apoyo para sus aventuras desestabilizadoras , lo cual no impide
que –como en los casos de
Honduras y Paraguay– de encontrar base de sustento interno, apuntarán al
derrocamiento del gobierno por la fuerza, para posteriormente encontrar una
base jurídica que respalde y legitime su
acción.
El contexto internacional da cuenta, cada vez con mayor certeza que, como
repite una y otra vez el presidente Rafael Correa vivimos un “cambio de época”.
Los sucesos que ocurren en diversos escenarios de la región y del mundo están
dando elementos para entender que los factores de poder mundial están
construyendo con suprema vertiginosidad un paradigma distinto de democracia.
Venezuela no es ajena a ello y debería ser una responsabilidad compartida
encontrar respuestas para las nuevas modalidades imperiales de actuación que cuestionan los basamentos propios de la
democracia representativa que los poderes oligárquicos edificaron a lo largo de
200 años.
Retumban premonitorias las palabras del presidente Allende el 4 de
septiembre de 1973, una semana antes del golpe de estado que lo derrocó. Al
referirse a lo que estaba ocurriendo y ante la inminencia del alzamiento de la
derecha apoyada por los militares dijo “Pero, mientras el pueblo ha cambiado en
calidad, para mejorar su capacidad de construir una nueva realidad económica y
política, el adversario ha desarrollado sus tácticas. Si antes del 4 de
septiembre [se refiere a 1970 cuando fue elegido presidente de Chile (NA)] se
usó la campaña del terror psicológico, hoy se le acompaña del atentado: el
terrorismo efectivo contra vidas humanas, bienes públicos y privados. La
reacción está demostrando que, para atajar el avance del pueblo, no vacila en
recurrir a prácticas fascistas. Pero, hoy como hace tres años, Chile entero y
el mundo están contemplando nuestra capacidad para seguir adelante, frente a un
adversario que recurre a todo para derrotar al pueblo, aún a riesgo de destruir
la Patria. Los que crearon ayer el sistema de gobierno que nos rige, no aceptan
hoy ser gobernados y quieren destruirlo. Los que apoyaron ayer las
instituciones del régimen para mantenerse en el gobierno, consideran hoy que ya
no les sirven para sus intereses. Llegan a dejar reemplazar sus partidos
políticos por grupos aventureros…” Estaba a 41 años de distancia de la
Venezuela del año 2014.
Finalmente, la gran responsabilidad del gobierno sigue siendo restablecer
la normalidad en el funcionamiento de la economía. Aunque ha quedado claro que
la derecha tiene objetivos políticos desestabilizadores, el soporte de su
discurso está montado sobre las dificultades económicas y sobre ellas ha
incidido su actuación a partir de un plan bien estructurado que ya se conoció
en tiempos de la Unidad Popular en Chile. En esa medida, el conflicto que se
pretende establecer en las calles de forma permanente se soluciona haciendo que
la economía responda de manera eficiente a las necesidades de los venezolanos.
sergioro07@hotmail.com
Publicación Barómetro
27-03-14
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