PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA IMPUNIDAD - UPOEG

Desde Gro. México
30 Agosto 2015


Pronunciamiento Contra La Impunidad
El estado de Guerrero ha llegado a límites históricos de impunidad.

Ya no es solamente la desigualdad, la pobreza y la marginación social lo que obstruye y amenaza la integridad y el futuro de sus habitantes.

Hoy, la violencia y la inseguridad pública se han detonado a niveles inaceptables y han dado lugar a una crisis cuyas consecuencias desgarradoras podemos observar todos los días en las calles y en los hogares guerrerenses.

Ante este flagelo que nos carcome como un cáncer terminal, los gobiernos federal y estatal han mostrado absoluta incapacidad, insensibilidad y complicidad, pues no han aportado soluciones eficaces ni políticas que proporcionen bienestar, seguridad y justicia a la sociedad.

En este ambiente de degradación social, incertidumbre y zozobra, el comportamiento de las autoridades lastima y profundiza el dolor de una sociedad que ya no puede más.

La impunidad y la corrupción que la patrocina, se han arraigado y adquirido carta de naturalización en nuestro estado.

Suplantan al Estado de derecho y se asumen como “normalidad cotidiana”.

Crímenes sin castigo, ilícitos de toda índole que se consuman al amparo de la complicidad política y gubernamental, el derramamiento de sangre inocente, la criminalización del movimiento popular y la persecución contra defensores de los derechos humanos,  todo ello se alimenta de dejar sin castigo lo que en una sociedad civilizada y democrática sería castigado al amparo y el rigor de la ley.

Del pacto de impunidad que envilece la política y el ejercicio de gobierno, se nutre la violencia y la inseguridad pública. Ahí se encuentra en gran medida el origen de la crisis que nos devasta.

Los ríos de sangre que surcan la geografía de nuestro estado y del país, son el reflejo de la descomposición social generalizada y son, ante todo, resultado de  la incapacidad del Estado, que ha renunciado a garantizar el derecho a una vida digna, libre de violencia, con justicia y desarrollo para todas y todos los mexicanos.

El ataque bestial contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre del 2014 con un saldo de 3 normalistas y tres civiles asesinados y la desaparición de 43 estudiantes, se incubó en las décadas de impunidad que ha vivido Guerrero.

Esta atrocidad, la peor y la más indignante que registra la historia de nuestro estado y el país, dio nacimiento a una nueva  conciencia de los grandes atrasos que padecemos los guerrerenses, sintetiza la descomposición del Estado y pone al descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos de todos los niveles de gobierno.

El movimiento heroico de los padres de Ayotzinapa representa la reserva moral y la lucha de la sociedad guerrerense contra la impunidad, desde la guerra sucia de los años setenta hasta los otros desaparecidos de Iguala, incluidos los asesinatos de Armando Chavarría Barrera, ultimado el 20 de agosto de 2009; Moisés Villanueva de la Luz; levantado y asesinado el 4 de septiembre de 2011 junto a su chofer; de la desaparición del joven activista indígena Longino Vicente Morales, ocurrida el 22 junio de 2012; de Arturo Hernández Cardona, levantado y luego ultimado el 30 de mayo de 2013 junto a tres compañeros de su organización; de Rocío Mesino Mesino, acribillada el 19 de octubre de 2013 y todos los crímenes y desapariciones forzadas, cuyos casos están muy presentes en nuestra memoria y son del conocimiento público.

Quienes estamos en esta mesa somos una pequeña muestra de la sociedad lastimada por la violencia criminal, por la falta de justicia y por la impunidad auspiciada y protegida desde el Estado.

Nos unifica la indiferencia y el desdén del gobierno hacia nuestra exigencia de justicia.

En la víspera de cumplirse el sexto aniversario del asesinato de Armando Chavarría Barrera, exigimos al gobierno del estado y al gobierno federal que cese la impunidad, que se esclarezcan y castiguen ejemplarmente éste y todos los crímenes que permanecen en el olvido institucional.

Manifestamos nuestra absoluta solidaridad y apoyo a la lucha heroica de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, por la aparición con vida de sus hijos.

Exigimos al gobierno estatal y federal, la libertad irrestricta e inmediata de Nestora Salgado García, Gonzalo Molina, Arturo Campos, Marco Antonio Suástegui y de todos los presos por motivos políticos.

Nuestras voces son un eco de las víctimas y aspiramos a ampliar y consolidar la conciencia colectiva para levantar un cerco social contra la impunidad.


Chilpancingo, de los Bravo Guerrero, a 19 de agosto de 2015.


Tita Radilla Martínez, Martha Idalia Obezo Cázares, Lucía Leyva Rojas, Bladina Diéguez Castro, Sofía Lorena Mendoza Martínez, Norma Mesino Mesino, Clotilde Salgado García, José Enrique González Ruiz, Manuel Olivares Hernández.
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