Desde Panamá
11/Diciembre/2015
¿Presos Políticos En Panamá?
Por
Olmedo Beluche
Diez estudiantes
del Instituto Nacional, cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años, han
cumplido tres meses detenidos en condiciones que cualquier organismo
internacional de derechos humanos llamaría de tortura: casi incomunicados, con
restricciones a sus familiares para que los puedan ver, sufriendo tipo de
presiones sicológicas, mezclados con delincuentes comunes.
El gobierno de
Varela y su Procuraduría, imitando al genocida
George W. Bush, han acusado a los estudiantes de "terrorismo", y
creen que esa acusación basta para violar descaradamente la ley, la
Constitución Política y los principios del derecho moderno. La diferencia entre
Bush y Varela es que el primero se inventó llevar sus acusados de terrorismo a
Guantánamo, porque sabía que en territorio de Estados Unidos no puede mantener
a nadie preso indefinidamente, sin presentar
pruebas.
La Procuraduría
hace la misma arbitrariedad que Bush, pero no con hombres maduros, ni
combatientes, sino con jóvenes estudiantes que apenas están alcanzando su
mayoría de edad, cuya falta, no probada que fueron ellos, sería realizar una
protesta callejera con destrozos. Inclusive un informe de la Defensoría del
Pueblo señala que, tanto el profesor como la estudiante afectada, señalan que
sus quemaduras fueron accidentales y no intencionadas (Panamá América
12/10/15).
Estos métodos de
aislamiento y tortura que practican las autoridades con los estudiantes, no se
atreven a usarlos con los asesinos flagrantes, ni con los capos de las mafias y
menos con los millonarios que han robado al estado ¿Están reviviendo métodos
dictatoriales supuestamente superados?
La ciudadanía
conoció los disturbios cometidos en el
Instituto Nacional y la mayoría de las personas, incluyendo activistas
políticos, sindicales, de derechos humanos y ex dirigentes estudiantiles,
deploramos el vandalismo irracional.
Nadie defiende esas acciones que, por supuesto, deben ser sancionadas. Lo que
no está muy claro es que esas acciones califiquen bajo el delito de
"terrorismo".
Lo que
corresponde es que las autoridades prueben que los detenidos son los
responsables, que permitan a sus padres verlos, que puedan actuar sus abogados,
que se les concedan las mismas medidas cautelares a todos, ya que han sido
liberados unos y otros no. Al final del
proceso, si resultaran culpables, que se apliquen las sanciones
correspondientes atendiendo al principio de la rehabilitación, como recientemente
ha orientado el Papa Francisco. El catolicismo manifiesto del presidente no
debe permitirle olvidar ese principio.
También es
importante decir que desde hace unos años existe una conspiración para
justificar el cierre del Instituto Nacional.
Además que los abusos que se cometen contra esos institutores, la forma
como procedieron a detener a un grupo de universitarios durante la última
protesta y las amenazas del ministro de seguridad de que no permitirán cierres
de calle, nos dicen que se configura un estado represor que pretende criminalizar la protesta social. ¿Se
están preparando para reprimir las protestas contra las reformas a la Caja de
Seguro Social, el aumento de los impuestos, etc.?
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