SU FRACASO EN EL PROPÓSITO POR ACABAR CON LA INSURGENCIA - JEMR

Desde Colombia
Fecha: 20/Abril/2016


El Plan Colombia
Su Fracaso En El Propósito Por Acabar Con La Insurgencia
Por José Eulícer Mosquera Rentería*

El muy publicitado Plan Colombia, junto con la imposición del modelo neoliberal de las privatizaciones aperturas económicas y los TLC, han sido considerados por respetados analistas internacionales, como la periodista e investigadora social, argentina, Stella Calloni, como “el mayor proyecto geoestratégico que se haya trazado para recolonizar América Latina”.

Hace dos semanas cumplió 15 años dicho plan y aunque inicialmente se quiso presentar como un plan estratégico dentro del combate del narcotráfico y la contribución a la construcción de la paz en Colombia, muy pronto quedó en evidencia su propósito prioritario de aniquilar a la insurgencia y a las fuerzas progresistas y revolucionarias consideradas por la ultraderecha nacional y el imperialismo yanqui como aliadas de la misma, y del “comunismo internacional” ó “castro-chavismo”, según el cínico ex presidente Uribe.

Lo cual ha tenido su máxima manifestación en el crecimiento exagerado del aparato militar del Estado colombiano, bajo la asesoría y orientación del Departamento de Estado y el Comando Sur de USA, que de tener 53.000 efectivos cuando se iniciaron las Conversaciones del Caguán, en enero de 1999, ha pasado a más de 200.000, de los cuales el 30% son soldados profesionales.

Buenaventura: Narcoparamilitarismo, Militarismo, Violencia y Pobreza Vs Opulencia  para Unos Pocos Foráneos. 

Con su propuesta del Plan Colombia los asesores gringos le calentaron la cabeza a Uribe Vélez, a tal punto, que al posesionarse en su primera presidencia anunció que en menos de seis meses habría derrotado a la insurgencia, convencido de que por la vía militar su establecimiento resolvería el conflicto de más de medio siglo. 

Durante los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, los recursos del Plan Colombia se concentraron en su denominada política de “Seguridad Democrática” contra la insurgencia y las fuerzas de oposición de izquierda; y el acondicionamiento militar del territorio, en alianza con el narco paramilitarismo, para “la confianza inversionista” de los megaproyectos minero energéticos y el saqueo extractivista de las transnacionales y multinacionales, que traen consigo la depredación del medio ambiente y de ecosistemas maravillosos, fundamentales para el país y el planeta.

Después de gastar mucho más de 10.000 millones de dólares en la ejecución de este plan, Colombia, además de haber sido su mayor financiadora, sigue siendo el mayor productor de cocaína en el mundo; el conflicto social, político y armado se continúa agudizando, por lo cual el Gobierno Colombiano se ha visto forzado a adelantar acercamientos, diálogos y negociaciones de paz con la insurgencia, dejando atrás las calenturas guerreristas de Uribe Vélez, que solo han traído sufrimientos y agudización de la pobreza a las comunidades rurales, afrocolombianas e indo colombianas.

Sin embargo, siguen creciendo los grupos narco paramilitares y de delincuencia común organizada, y su accionar criminal sobre las comunidades. Por tanto, uno no entiende cual es el éxito del Plan Colombia que están celebrando los gobiernos de Colombia y Estados Unidos y sus áulicos de los grandes medios de desinformación. La violación a los derechos humanos en Colombia durante los gobiernos que han puesto en práctica el Plan Colombia, ha sido alarmante y signada por las masacres, violaciones a mujeres, crímenes de lesa humanidad y el desplazamiento forzado.

Según la Unidad Nacional de Víctimas, solo en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) hubo más de 1.550.000 desplazados forzados; durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), fueron desplazadas casi 3.000.000 de personas; y durante el mandato de Juan Manuel Santos, se han desplazado cerca de 1.000.000 de personas. Al punto que en 2014, el Informe de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ubicó a Colombia en el segundo lugar con mayor número de personas en condición de desplazamiento forzado, al registrar la escandalosa cifra de seis millones de personas. Aunque otros organismos especializados en el estudio del tema consideran que las cifras pueden ser mayores.

A través del Plan Colombia se realizaron fumigaciones con glifosato en miles de hectáreas de campos y selvas colombianas, con el propósito de destruir plantaciones de coca y amapola, con lo cual también se afectó los cultivos de los campesinos, comunidades afrocolombianas e indo colombianas que vieron destruidos sus sembradíos de yuca, maíz, ñame, sorgo, arroz, coco, chontaduro, entre otros. Lo cual contribuyó a envilecer más las condiciones de vida de miles de familias campesinas, afrocolombianas e Indo colombianas, impulsando a algunos hacer nuevos cultivos de coca en aras de la supervivencia familiar y a otros al desplazamiento forzado. El Gobierno Colombiano autorizó estas fumigaciones con glifosato a pesar de que había sido prohibido por la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, porque había  causado graves daños a la salud de muchas gentes en diferentes partes del mundo. Este herbicida es producido y distribuido por la multinacional Monsanto, que es la más grande productora/exportadora de los transgénicos, que tanto daño vienen causando a la salud de muchas personas en el mundo.

El año pasado, El informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas creada por el Gobierno colombiano y las FARC, informó que entre 2003 y 2007, soldados y contratistas norteamericanos abusaron sexualmente de más de 50 adolescentes colombianas. Violaciones que fueron grabadas y luego vendidas como material pornográfico, y los autores de estos actos violentos, indignantes y violatorios de la integridad humana, por cláusulas de los convenios del plan, fueron cobijados por la impunidad.

Mediante el Plan Colombia también se incentivó en las Fuerzas Armadas la necesidad de ofrecer resultados a sus superiores, ávidos de mostrar ante el Gobierno Nacional y el Gobierno de Estados Unidos logros contundentes en la lucha contrainsurgente, y de paso cobrar las jugosas bonificaciones o recompensas preestablecidas por instrucciones de los presidentes Bush y su Departamento de Estado. Por lo cual militares colombianos asesinaron a miles de jóvenes que luego fueron presentados como integrantes  de la guerrilla dados de baja en combate, práctica conocida como “los falsos positivos”, que en su mayoría de casos se mantienen en la impunidad. Pues según el portal Verdad Abierta, existen más de 5.700 denuncias de las cuales la Fiscalía solo investiga unas  3.500. Entidades dedicadas al estudio de la violencia en Colombia consideran que estos casos de falsos positivos también podrían ser mayores del número oficialmente reconocido, si se suman víctimas de la población civil y guerrilleros asesinados en estado de indefensión.

Por otra parte, la Organización No Gubernamental estadounidense Fellowship of Reconciliation Peace Presence y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos –CCEEU–, consideran que existe una conexión directa entre el entrenamiento militar de Estados Unidos y los casos de falsos positivos. 

A partir del Plan Colombia el intervencionismo militar de Estados Unidos se intensificó en Colombia. Llegaron más de 2.000 asesores militares estadounidenses; en 2009 el Gobierno de Álvaro Uribe autorizó la instalación de siete bases militares del Ejército de los Estados Unidos en nuestro territorio nacional, desde las cuales ha quedado claro que además, las Fuerzas Militares Estadounidenses ejercen su control geopolítico sobre Latinoamérica, amenazando todo intento de proceso de cambio progresista y revolucionario en la región, especialmente los que se adelantan en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

Como lo denunciaron varios parlamentarios del Polo Democrático en su momento, el Gobierno Colombiano destinó a la financiación del Plan Colombia recursos que deberían destinarse presupuestalmente para el gasto público y la inversión social, en materias de educación, salud, saneamiento básico, atención al agro y la seguridad alimentaria del país. Además, el Departamento Nacional de Planeación ha reconocido que muchos de los recursos provenientes de USA para el Plan Colombia, no han sido donaciones sino préstamos, lo que quiere decir que ese plan ha contribuido a incrementar la deuda externa y la dependencia de nuestro país. Y según datos de ese departamento, realmente lo gastado en el Plan Colombia durante sus 15 años de ejecución, equivale a invertir cerca de 20 veces el Producto Interno Bruto colombiano del año 2015. La mayor parte de estos recursos se pagaron en contrataciones con empresas del ámbito militar de Estados Unidos, Israel y algunas potencias europeas.

Con sus acostumbrados comportamientos imperiales y arrogantes, el Gobierno de Estados Unidos ha presentado un nuevo plan, que en el fondo constituye la continuidad de su contrainsurgente Plan Colombia, denominado ahora por el presidente Barack Obama, “PaxColombia”, el cual fue acogido sin chitar una palabra por el presidente Juan Manuel Santos y el ex presidente Pastrana Arango, durante su pasada visita del 10 de febrero de 2016 a la Casa Blanca, con la acostumbrada genuflexión de la dirigencia de las oligarquías liberal-conservadoras colombianas ante la dirigencia del imperio neocolonial.

Lo preocupante es que “PaxColombia” entre sus rubros  de “inversión” de los 450 millones de dólares que le está asignando el Gobierno USA, pendientes de aprobación por el Congreso de ese país, no se contempla ni un dólar para combatir y acabar el narco paramilitarismo en Colombia, ni para la parte social. Lo que viene a confirmar que Estados Unidos no está interesado en acabar con el flagelo paramilitar, sino al contrario, como viene ocurriendo en países africanos y del oriente medio y cercano, está interesado que se mantenga como fuerza generadora de caos, amovilidad, saqueo, atraso y dependencia, y de mercado para su Complejo Militar  Industrial. De tal manera que si nos basamos en esta segunda versión del Plan Colombia, la paz en Colombia queda en veremos, porque con militarismo y sin justicia social no se podrá arribar a ella.

Para las comunidades afrocolombianas e Indo colombianas en particular, el Plan Colombia les significó las mayores escaladas de violencia, de crímenes terribles, desapariciones, violaciones de mujeres y desplazamientos forzados, generados por las fuerzas armadas oficiales, el narco paramilitarismo y otros grupos armados ilegales. Además de la destrucción de muchos de sus ecosistemas territoriales y cultivos básicos para su supervivencia, por las fumigaciones militares contra los cultivos de coca, el desarrollo de proyectos mineros grandes y medianos, legales e ilegales, por parte de transnacionales y otros agentes foráneos, al punto de  desaparecer especies vegetales, de peces y animales de caza en muchos lugares, con lo cual se incrementó y profundizó su pobreza, y su marginalidad social histórica.

Precisamente, un año después de entrar en vigor el Plan Colombia, se produjo la masacre de Bojayá, Chocó, el 2 de mayo de 2002, donde quedó demostrada la alianza del narco paramilitarismo con el Ejército Nacional, enfrentados a la FARC-EP, quien lanzó un cilindro-bomba a los paramilitares, el cual se desvió y fue a caer dentro de la iglesia donde se encontraban refugiadas muchas gentes del pueblo; y finalmente aparecieron efectivos del Ejército Nacional por lanchas y helicópteros artillados atacando a las FARC-EP, protegiendo a los narco paramilitares y lanzando insultos y manifestaciones de menosprecio a las gentes del pueblo, incluidos los heridos en estado grave, a quienes el personal médico del Ejército Nacional no le prestó atención alguna, faltando gravemente a la ética profesional y al Juramento Hipocrático.

Por todo lo anterior, una vez más, uno no entiende cual es el éxito del Plan Colombia que se encuentran celebrando los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, algunos desfachatados dirigentes de las oligarquías colombianas, sus medios y periodistas incondicionales. Al pueblo colombiano solo le queda la esperanza que siga avanzando exitosamente hasta llegar a feliz término el proceso de paz que se ha iniciado en la Habana, y que debe iniciarse con otros grupos insurgentes, en aras de aliviarse de tantos martirios y que se creen condiciones para la construcción de una vida digna, tranquila, de convivencia pacífica y con justicia social.

Pero para que este proceso llegue a feliz término, debe ser más participativo e incluyente, especialmente de los sectores o grupos sociales como los afrocolombianos e indo colombianos que han sido los más golpeados por el conflicto en los últimos 25 años. No es posible que se sigan tomando unas decisiones que van afectar sus vidas, territorios y culturas sin contar con sus opiniones o puntos de vista y sus propuestas. Pues eso es violatorio de convenios internacionales acogidos por Colombia y de la Constitución Política Nacional, que estableció una democracia participativa y que el Estado debe reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

*Instituto AZABACHE
jlicher001@yahoo.es
Publicación Barómetro
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