Desde
Guatemala
11/Octubre/2013
Ecuador: una política exterior soberana
que resiste los embates del imperio
Sergio Rodríguez Gelfenstein
Históricamente,
la política exterior del Ecuador se desarrolló en el tiempo a través de los
principios universalmente aceptados. Sin embargo, la misma se definió a partir
de su condición de país pequeño, convirtiéndolo en un Estado débil en el orden
internacional, en el que las agendas se tornaron vulnerables a las influencias
privadas de origen doméstico y especialmente sensible a la política exterior de
otros países, en particular de Estados Unidos que de manera similar a lo que
ocurría en otras naciones de la región intervenía directamente en los asuntos
del país, todo ello favorecido por instituciones frágiles y decisiones
gubernamentales inestables y contradictorias.
La
nueva Constitución Nacional de 2008 -en contraste con la de 1998, que trazaba
un articulado escaso y esencialmente normativo en temas relativos a la política
exterior del país- estableció que las políticas públicas debían poseer un
carácter indiscutiblemente democrático, reflejando los intereses y aspiraciones
de los más amplios sectores de la población ecuatoriana, con la intención de
construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con
la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir, el sumak kawsay. Una sociedad que
respete en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las
colectividades. Un país democrático, comprometido con la integración
latinoamericana, tal como lo planteó la Asamblea Constituyente.
Es
así como los principios ético-políticos que cruzan la concepción y la ejecución
de la política exterior, trascienden al articulado dedicado a este tópico
dentro del texto constitucional, fusionándose con los derechos emanados del
Buen Vivir, los derechos de la naturaleza, la ruptura con patrones coloniales,
la creación de políticas de corte pos neoliberal, la soberanía nacional, y la
inserción estratégica del Ecuador en el escenario internacional, procurándose
entonces la integración con los países de América Latina y del Caribe y su
interdependencia con los intereses del pueblo ecuatoriano, por lo que resultaba
necesario romper con el viejo modelo y bloquear acuerdos al estilo y contenido
de los tratados de libre comercio, que limitarían la capacidad de impulsar un
modelo de economía endógena para el Buen Vivir.
Acorde
con las transformaciones políticas que vive la región en la actualidad, la
Constitución del Ecuador innova y contiene así, el conjunto de demandas e intereses
que emergieron desde la resistencia popular en contra del neoliberalismo y de
otras agendas de modernización democrática y transformación social del Estado,
persiguiendo la ruptura con el sistema político anterior y estableciendo un
nuevo pacto de convivencia para el largo plazo, que se materializa en la
Constitución de 2008. Su sustento queda claramente manifestado en la idea de
que La Revolución Ciudadana inició este camino que ahora se expresa en diversos
artículos de la nueva Constitución, en lineamientos claros para una política
exterior transformadora, que va más allá de un gobierno, a fin de lograr la
consolidación de una política exterior de Estado.
En
este sentido, y entendiendo como principios generales de la política exterior
aquellos cimientos ético-jurídicos que permiten sustentar y argumentar la
gestión internacional del Estado, y que señalan la identidad del Ecuador en el
escenario internacional a partir de los paradigmas fundacionales aprobados por
el pueblo en un referéndum que fue diseñado como instrumento que consagra la
democracia participativa, es necesario apuntar que la Carta Magna, en su
artículo 416, hace referencia a principios generales que rigen las relaciones
internacionales y por ende la Política Exterior del Ecuador, bajo la premisa de
responder a los intereses del pueblo ecuatoriano.
De
los paradigmas constitucionales emanó el Plan nacional para el Buen Vivir en el
que las estrategias diseñadas buscan continuar los cambios generados en el Plan
anterior, a fin de radicalizarlos y dar respuesta a los problemas estructurales
del Estado ecuatoriano, persiguiendo la construcción de una identidad colectiva
a través de un proyecto soberano e igualitario. En ese sentido, el Plan
2009-2013 pretende consolidar como lineamiento estratégico en materia de
política exterior los objetivos de fortalecer un orden internacional
multipolar, desarticular viejos colonialismos y robustecer alianzas
prioritarias, insertar al Ecuador estratégica y soberanamente en el mundo y
priorizar la integración latinoamericana, establecer como premisa de la
integración el ejercicio de la soberanía de forma amplia y solidaria donde cada
pueblo tenga la capacidad de auto determinarse,, privilegiar el impulso a la
integración Sur-Sur, salvaguardar la intención del Estado ecuatoriano de
reestructurar el sistema de acumulación, distribución y redistribución de las
riquezas, promover una nueva arquitectura financiera internacional, establecer
acuerdos comerciales colocando especial énfasis en la necesidad de sustituir
selectivamente las importaciones y proclamar la movilidad humana para todos los
rincones del planeta tal como establece la Carta Magna.
Acorde
a estos principios constitucionales y a los lineamientos estratégicos del Plan
del Buen Vivir, el Ecuador se ha despojado de su faceta de “país pequeño” en el
contexto internacional para asumir importantes batallas en favor de su propia
soberanía y de la de toda la región. En esa condición el Canciller ecuatoriano
Ricardo Patiño asistirá esta semana al 68° Periodo de Sesiones de la Asamblea
General de la Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Nueva York, donde
aprovechará la ocasión para exponer sobre la contaminación ambiental que dejó
en la Amazonía ecuatoriana la transnacional petrolera Chevron-Texaco. Esta acción
se realiza después que el presidente Rafael Correa solicitara a la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) que
tomara acciones contra la petrolera estadounidense a fin de detener la
campaña de desprestigio que emprendió la transnacional contra Ecuador, cuyo
fundamento es “desconocer un millonario fallo judicial por contaminación
ambiental”. Con este propósito, según Correa, Chevron ya ha gastado más de 400
millones de dólares en una campaña contra Ecuador y ha contratado decenas de
empresas de lobistas y a unos 900 abogados.
En
2012, Chevron fue condenada a pagar 19 mil millones de dólares, por la
contaminación generada por su filial Texaco durante los casi 30 años que operó
en la Amazonía ecuatoriana. No obstante, el fallo aún debe ser ratificado por el
máximo tribunal ecuatoriano. Desde entonces, Chevron busca que Ecuador asuma la
millonaria indemnización, con el argumento de que la petrolera estatal
ecuatoriana fue la responsable de los daños por un mal trabajo de recuperación
ambiental. Según informa TELESUR, el Jefe de estado ecuatoriano apuntó que el
daño ambiental causado por Chevron es 85 veces peor que el derrame de British
Petroleum (BP) en el Golfo de México en 2010 y 18 veces más que el
desastre ocurrido por el encallamiento
del súper tanquero Exxon Valdéz en Alaska en 2010.
Texaco
que en 2001 se fusionó con Chevron dejó
abiertas desde 1964 a 1992 una mil piscinas tóxicas en las que vertió unos 18
mil millones de galones de agua contaminada con petróleo que siguen filtrándose
en la tierra o se derraman durante la época de lluvias, además de otros 17
millones de galones que se vertieron en accidentes. Esto ha producido la contaminación de alrededor de 480 mil
hectáreas de tierras y aguas en uso de
la población local lo que ha ocasionado afectaciones a la vida silvestre y la
producción agropecuaria, además de numerosos casos de cáncer con más de mil
ciudadanos fallecidos y graves afectaciones en la piel de los residentes de
esta región.
A
pesar que para la época existían tecnologías de protección, Texaco evitó su
utilización a fin de bajar costos en la producción del crudo. Según lo que
reporta Sally Burch de la agencia Amai-amlatina, “En el momento en que Texaco
operó, la norma ecuatoriana para el volumen de hidrocarburos totales de petróleo
en el suelo y el agua, era diez veces
más blanda que la norma vigente en EE.UU., pero aun así, la contaminación
hallada en los 54 sitios (inspeccionados por la Corte de Justicia de Lago Agrio
en la amazonía ecuatoriana) fue en promedio 20 veces mayor que la norma
ecuatoriana, llegando, en algunos sitios, a un nivel hasta 900 veces mayor”
El
Presidente Correa ha afirmado que este es "…un caso emblemático que
demuestra lo injusto e inmoral del orden internacional, donde existe la
supremacía total del capital, de las transnacionales sobre los pueblos, sobre
las sociedades, las naciones". Esta situación debería obligar a una
reforma del sistema jurídico internacional
a fin de que los mismos operen bajo condiciones en la que las partes
estén amparadas en la igualdad jurídica de deberes y derechos.
sergioro07@hotmail.com
Publicación Barómetro 26-09-13
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