Desde
Age. Internacional
20/Septiembre/2014
La ONU pone a prueba la impunidad de las
transnacionales
Pablo Elorduy
El
26 y 27 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido esa semana
en Ginebra, votó la propuesta de Ecuador y Sudáfrica, que ha sido respaldada
por 85 países, de crear un grupo de estudio que valore la posibilidad de
introducir obligaciones y normas vinculantes a las empresas transnacionales de
cara a que éstas rindan cuentas por sus actividades.
Actualmente,
la ONU funciona bajo “la lógica de la voluntariedad”, indica el profesor de
Derecho Internacional Juan Hernández Zubizarreta, que está presente en Ginebra
en el paralelo Tribunal Permanente de los Pueblos, que busca influir en la
decisión de Naciones Unidas para combatir “la arquitectura de la impunidad” en
la que funcionan las empresas transnacionales.
De
aprobarse la propuesta de Ecuador y Sudáfrica esta semana, comenzaría una fase
de consulta en la que no escasearían los obstáculos, “en el mejor de los casos
puede ser un instrumento”, explica Hernández. Sin embargo, el valor simbólico
de ese paso puede dar un espaldarazo a los movimientos que trabajan para
controlar a las transnacionales. Para Hernández Zubizarreta, la clave es
terminar con la asimetría entre corporaciones y pueblos, lo que debe favorecer
el fin del uso de la violencia por parte de las transnacionales para obtener su
tasa de beneficio.
Mientras
más de 500 organizaciones de la sociedad civil apoyan la iniciativa de la
diplomacia ecuatoriana, el ministro de Exteriores José García Margallo se ha
alineado con las tesis de las principales empresas del mercado global.
Margallo, según han denunciado las organizaciones presentes en el Tribunal
Permanente de los Pueblos, declaró ayer que “las corporaciones tienen derecho a
imponer determinadas decisiones para instalarse”. Esto, a juicio de Hernández
Zubizarreta, muestra la “connivencia, no solo sumisión, del poder político con
los intereses de esas empresas”. De este modo, Margallo se sitúa “por encima
del derecho internacional” en su afán por proteger los intereses del gran
capital.
Pero,
recuerda Hernández Zubizarreta, el de Margallo no es un apoyo en abstracto a
estas empresas, sino que guardan relación con la actividad comercial de
transnacionales españolas, acusadas por víctimas y ONG de pisar los derechos,
la dignidad y el respeto a la naturaleza de los territorios en los que operan.
Es el caso de la empresa gallega Hidralia, uno de los doce que se juzgan en el
Tribunal Permanente de los Pueblos. Como denunció en noviembre de 2013
Diagonal, la puesta en marcha la Hidroeléctrica Canbalam I ha conllevado la
violación de derechos, las detenciones arbitrarias y el despojo de tierras de
las comunidades indígenas, y, en 2012, el asesinato del dirigente indígena Andrés
Francisco Miguel.
Lo que se discute en Ginebra
La
propuesta de Ecuador, que cuenta, según los mentideros de Naciones Unidos, con
el apoyo de la mitad de países miembros, pretende incluir un código vinculante
que ya fue propuesto por el presidente chileno Salvador Allende en los 70. “A
la hora de hablar de transnacionales la ONU está muy colonizada por las ideas
de la responsabilidad social corporativa; se refieren a normas blandas, que se
encuadran dentro de la ética empresarial”, explica Hernández Zubizarreta. El
blindaje funciona en dos direcciones: por un lado las transnacionales buscan
mantener la desrregulación en cuanto a sus responsabilidades y sobre los
derechos de las poblaciones en las que opera. Al mismo tiempo, denuncia
Hernández Zubizarreta, buscan un “aumento de la regulación” a la hora de
proteger sus intereses mediante mecanismos de protección. Uno de estos
mecanismos son los tribunales de arbitraje inversores-estados (ISDS por sus
siglas en inglés), que incluyen disposiciones como restricciones sobre la
expropiación o la libre transferencia de fondos. Precisamente, unos de los
puntos sobre los que pivota el acuerdo de libre comercio EE UU-UE es la
adopción de este mecanismo ISDS, un código que protege los derechos de las
empresas aun a costa de la soberanía de los Estados.
Frente
a esa “arquitectura de la impunidad”, estos días en Ginebra se exploran las
formas de poner en marcha “una arquitectura jurídica de los derechos” para
controlar a las empresas transnacionales. En este sentido, Hernández
Zubizarreta valora como necesarios tres pasos: un código o tratado de control,
una corte internacional con capacidad de juzgar los abusos y un “centro público
de empresas transnacionales” cuyo objetivo sea recibir las denuncias de las
víctimas e investigar las prácticas de las empresas para terminar con la
invisibilización de muchas de estas denuncias. Pero junto a estos mecanismos,
los movimientos que forman el Tribunal Permanente consideran que las personas
jurídicas deben asumir responsabilidades civiles y penales, también en la
cadena de subcontratación como responsables solidarios. Junto a esto, se debe
imponer el establecimiento de precios justos y razonables, medidas destinadas a
evitar condiciones como las que provocaron el incendio de Rana Plaza, en Dacca
(Bangladesh), en el que murieron 120 personas que elaboraban ropa que luego
comercializaron marcas como El Corte Inglés o Mango.
http://suramericapress.com
Publicación
Barómetro 03-07-14
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