Desde Guerrero,
México
Fecha: 10/Noviembre/2014
Responsabilidades del Nuevo Gobierno
Carlos Reyes
Romero
Finalmente el
gobernador Ángel Aguirre Rivero se ha separado del cargo. Era una decisión ya
cantada pero largamente pospuesta por el propio gobernador. Ya es capítulo
cerrado.Ahora el Congreso del Estado tiene la responsabilidad de nombrar a quien
habrá de sustituir al que se fue, conforme lo prevé la Constitución Política
del Estado.
Se barajan ya varios
nombres, entre ellos los de la Secretaria de Desarrollo Social Beatriz Mojica
Morga, el Diputado local Amador Campos Aburtoy el ex embajador de México en
Colombia Florencio Salazar Adame; todas y todos los cuales tienenprendas
políticas, éticas y administrativas suficientes para un buen desempeño en el
encargo. Seguramente habrá más y qué bueno.
Sin embargo,
ahora lo más importante es que el nuevo gobierno tendrá que identificar con
precisión y aplicar con determinación las medidas consensuadas que hay que
implementar de inmediato para distender la polarización y la crispación
política que se vive y propiciar la reconciliación.
Los
normalistas deben ser localizados cuanto antes.
De entrada, y en
primer lugar, habrá que establecer undiálogofranco, directo y propositivo con
el movimiento estudiantil-popular que exige la presentación con vida de los 43
normalistas desaparecidos y el castigo a los culpables materiales e
intelectuales del asesinato de tres normalistas, un joven futbolista de Los
Avispones de Chilpancingo, un ciudadano y una ama de casa; además de heridos
que continúan graves.
Hay que llevar
hasta el fondo las investigaciones caiga quien caiga y tiene que hacerse de
manera concertada con los padres de los normalistas y los propios dirigentes de
la Sociedad de Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y con la
coadyuvancia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero
y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, cuando menos.
El procurador
Murillo Karam y todo el gobierno federal deben cumplir efectivamente la palabra
empeñada al Padre Alejandro Solalinde.
Los cuerpos de
seguridad pública y de procuración de justicia tienen que agudizar todos sus
sentidos y utilizar las tecnologías y equipos más modernos para ubicar y detener
al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, a su esposa María de los Ángeles
Pineda Villa y al director de seguridad municipal Felipe Flores Velázquez; pero
también al “Chuky”, operador del cartel Guerreros Unidos, del cual se dice que ordenó
la desaparición de los normalistas. Él debe saber exactamente adonde se los
llevaron.
Por otra parte
es preocupante que la PGR ya no lo mencione, ni tampoco diga dónde quedó
Salomón Pineda Villa, alias “El Molón”, supuestamente detenido el miércoles 8 de
octubre en Cuernavaca. La Marina, el Ejército, el CISEN y Gobernación también
guardan sospechoso silencio.
Acabar
con la impunidad y la injusticia
En segundo
lugar, para contribuir a distender el encendido ambiente político que vive la
entidad, el nuevo gobierno está obligado apromulgar una Ley de Amnistía General
y Plena, a la que puedanlibremente acogerse todas las personas que con motivo
de su participación en actos que tienen el propósito de modificar o alterar la
forma de gobierno u obtener respuesta gubernamental a demandas económicas,
sociales o políticas,son perseguidas, están injustamente encarceladas o han
sido sujetas a desaparición forzosa, durante los gobiernos de Zeferino
Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero.
Conviene que
esta ley también sea respaldada por el gobierno federal,mediante la expedición
de una Ley de Amnistíade cortefederal, a favor de las personas contra quienes
se haya ejercitado o pretenda ejercitarse acción penal por delitos políticos
del fuero federal, que se vinculen a las personas mencionadas.
Hay que poner en
libertad inmediata a Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González, Arturo
Campos Herrera, todos ellos integrantes de la CRAC-PC y a Marco Antonio
Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la
Parota (CECOP).
Hay que ayudar a
reconstituir la CRAC-PC sobre sus bases originales y fortalecer al Sistema de
Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG.
Hay que acabar
con la impunidad y el encubrimiento, llevando hasta sus últimas consecuencias
la investigación del caso Chavarría; detener y sujetar a proceso al ex alcalde
de Tlapa Willy Reyes por el asesinato del diputado Moisés Villanueva de la Luz;
y aprender a José Luis Abarca por su responsabilidad en la matanza de Iguala,
pero también por el asesinato del ingeniero Arturo Hernández Cardona y sus dos
compañeros.
Urge esclarecer
los crímenes de Homero Lorenzo Ríos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas,
Álvaro Rosas Martínez, Rey Hernández García, Margarito Genchi Casiano, Rocío
MesinoMesino, así como las desapariciones
de Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, y Longino Vicente
Morales, entre otros y llevar a los culpables ante la Ley.
Se requiere
también aclarar a fondo los asesinatos de los periodistas Leodegario Aguilera
Lucas, Amado Ramírez Dillanes, Juan Francisco Rodríguez Ríos y su esposa María
Elvira Hernández Galeana; Evaristo Pacheco Solís; Jorge Alberto Ochoa Martínez;
Juan Daniel Martínez Gil; Juan Carlos Hernández; Jean Paul Ibarra Ramírez;
Misael Tamayo Hernández; Rafael Villafuerte, Marco Antonio López Ortiz, Jesús
Abel Bueno León y Jorge Torres Palacios.
Reencuentro
con la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”
Una tercera
medida trascendente, es transformar, modernizar y rehabilitar la Escuela Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos” con la plena participación de la comunidad escolar,
para definir conjuntamente como fortalecer y consolidar este bastión de la educación
popular.
Hay que tener en
cuenta que la Normal Rural de Ayotzinapajunto con los internados 20 y 21 de
educación básica, ubicados respectivamente en Coyuca de Catalán y Tixtla de
Guerrero, son centros educativos para niños y jóvenes de bajos recursos;
centros que sobreviven con raquíticos presupuestos, instalaciones ruinosasy condietas
alimenticias que son verdaderamente lastimosas.
Aun así, quienes
estudian en ellos dan su mejor esfuerzo para aprender y servir a sus
comunidades. De acuerdo a las estadísticas de la propia SEG, los normalistas
rurales tienen el menor índice de deserción de las comunidades donde son
asignados, por muy alejadas que estén de las zonas urbanas.
Urge el
reencuentro gubernamental y de toda la sociedad guerrerense con la Normal Rural
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Hay muchas otras
cosas que se pueden hacer, pero si se empieza con estas es posible avanzar más
rápido. El nuevo gobierno tiene la palabra.
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