25/Abril/2014
Desde México,
Gro.
NARCO Y POLITICA
Rodrigo
Huerta Pegueros*
Cuando se
habla de lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno están haciendo
para disminuir la inseguridad pública en la entidad, no se tiene en claro las
responsabilidades de cada una de las dependencias para para enfrentar esta
calamidad y por ende no se tienen tampoco los grados de irresponsabilidad,
ineficacia u omisión en las que han incurrido y ante la ausencia de evaluación,
no se ha logrado tener una visión respecto a si las estrategias de seguridad
aplicadas en los últimos años ha sido o no las correctas.
Luego
entonces, se olvida casi en automático, que cuando se inició en México la
cruzada contra el narcotráfico, Guerrero fue uno de los lugares preferidos por
los gobiernos panistas y fue entonces cuando se desató la violencia entre
grupos delictivos y las fuerzas federales, dando como consecuencia que poco después
se enteraran que en las entidades y en los municipios, las fuerzas del orden
público, estaban involucradas o cooptadas por el crimen organizado, dándose
entonces la recuperación de la confianza de los cuerpos policiacos mediante
exámenes llevados a cabo por la federación.
Tras la batida
contra los narcotraficantes, el gobierno estatal y los municipales, continuaron
cada vez siendo presa de los capos de las drogas y fueron amenazados y llegaron
incluso a llegar hasta sus oficinas, abofetearlos, tirarles cabezas de personas
descuartizadas frente a las instalaciones del ayuntamiento y funcionarios
cercanos o de dependencias importantes como el catastro, fueron asesinados una
y otra vez.
La federación
continuó su guerra sin cuartel, provocando que en calles y avenidas
principales, se tuvieran tiroteos cruzados en donde personas de la sociedad
civil fueron víctimas de dichas balaceras.
Al tiempo de
que se daba esta guerra contra los capos de las drogas, los criminales
extendieron sus tentáculos hacia la sociedad civil, hacia los empresarios y
después hacia los trabajadores de distintos rubros a quienes no solo
extorsionaban sino que secuestraban y les exigían pago de piso.
Fue entonces
cuando los maestros y catedráticos de escuelas primarias, secundarias, preparatorias
y universitarias fueron víctimas de la extorsión y ante este hecho, se
iniciaron las primeras movilizaciones y las protestas por la inseguridad púbica
rampante y las denuncias de que algunos elementos policiacos continuaban
colaborando con los criminales.
El gobierno
del estado, a través de la Secretaría de Educación de Guerrero, ofreció
seguridad a los maestros y a la ciudadanía en general, mas sin embargo, estos
ofrecimientos fueron en vano pues se continuaron las extorsiones, los secuestros
y hasta asesinatos de algunos mentores.
Esta situación
dio como resultado que la federación hiciera presencia masiva en la entidad y
se apropiara de las dependencias de seguridad a fin de que no continuaran
siendo correa de trasmisión con los criminales.
Los tentáculos
de los narcotraficantes se expandieron entonces hacia otras regiones de la
entidad—mas allá de Acapulco, su periferia y la costa grande con Zihuatanejo a
la cabeza—como la tierra caliente, Taxco de Alarcón, Iguala, Chilpancingo,
Tlapa y Ometepec, entre otras, lo cual produjo una reacción de los ciudadanos,
quienes a la vez de demandar protección para regresar la paz y la tranquilidad,
solicitaban la presencia de las fuerzas públicas a fin de detener las
violaciones, la trata de blancas, la extorsión, el secuestro y el pago de piso.
La tolerancia
de las comunidades invadidas por los criminales tuvo su límite y se inició la
conformación de policías comunitarias, de policías ciudadanas, de las ahora
llamadas autodefensas y de autoprotección.
Fue entonces
cuando el gobierno estatal solicitó nuevamente la presencia del gobierno
federal pero no solo para atender el caso de la inseguridad sino también para
frenar los nuevos delitos aleatorios que cometían los criminales como la
extorsión, el secuestro, la trata de personas y la violación a mujeres en
regiones de la alta montaña y en la costa chica, particularmente.
Luego
entonces, la federación tenía peticiones distintas de una autoridad que se decía
rebasada en sus capacidades para hacer frente a los criminales. No podía contra
los grupos del narcotráfico y no lograba contener la inseguridad pública y los
delitos que se cometían alrededor del narcotráfico.
La opinión
pública se dio cuenta de que el gobierno estatal estaba rebasado. El nuevo
gobierno federal ofreció el apoyo. Se aplicó una nueva estrategia para combatir
al narco y la inseguridad. Esta no dio resultado. Las autodefensas se
multiplicaban a consecuencia del propio fracaso federal y fue entonces cuando
las dependencias de seguridad del estado mexicano diseñaron una nueva
estrategia para combatir la inseguridad pero enfocadas a impedir que los
ciudadanos hicieran justicia por su propia mano, olvidándose o disminuyendo su
capacidad para combatir a los narcotraficantes que se multiplicaban cada día
mas en todas las regiones de la entidad.
Información de
las propias autoridades federales revelan que en Guerrero operan cerca de 20
grupos criminales del narcotráfico entre los que destacan a los grupos de los
Beltrán, los Zetas, Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Cartel
Independiente de Acapulco, Cartel de Sinaloa, La Barredora, Los Pelones, Los
Rojos, la Resistencia, Comando del Diablo, El Vengador del Pueblo, Ejército
Libertador del Pueblo, Nueva Alianza de Guerrero, La Tejona, Los Calentanos,
Pueblo Pacifista Unidos, La Empresa, Nuevo Cártel de la Barbi, La Oficina, La
Máquina, Santana Ríos Bahena, El Mudo, El Yey, El Güero Guetamo, El Pelos, El
Solano, Los Granados, Nuevo Cártel de la SDierra, Los Zafiro, El Tigre, Los
Ardillas entre otros más.
Sin embargo,
varias personas y grupos que se refieren en esta información de la federación,
han sido aprehendidos y desintegrados, lo cual ha provocado una recomposición
de los grupos que se han repartido el territorio estatal, lo cual resulta harto
difícil que las fuerzas federales puedan combatirlas y destruirlas y a sus
capos los puedan detener y enjuiciar.
Pero lo más
grave es que ahora, con la nueva estrategia contra la inseguridad pública, el
gobierno federal ha decidido combatir los delitos de la extorsión, el
secuestro, la trata de blancas, el pago de derecho de piso a fin de que la
población civil se vea libre de estas presiones criminales y puedan desempeñar
sus actividades en la normalidad y por el otro lado, hacer que los grupos de
autodefensa no tengan más elementos para salir a la calle con total impunidad y
armados bajo el argumento de combatir a los delincuentes.
Por su parte,
los narcotraficantes han cambiado su estrategia de combatir a los cárteles
contrarios, haciendo ejecuciones sin mayores aspavientos y enterrar a las
víctimas en fosas clandestinas que después encuentran por casualidad o avisos
anónimos los cuerpos de seguridad.
Lo raro de
estos casos es que nunca dan a conocer las autoridades las identidades de los
cuerpos encontrados, cuando menos en el estado de Guerrero, para conocer a
quienes corresponden y porque causas fueron sacrificados. Esto nunca ha
acontecido y se continúan descubriendo fosas clandestinas en toda la entidad.
Luego
entonces, si el narcotráfico ha pasado a segundo término en función a las
prioridades de las autoridades de seguridad del Estado, para poner toda su
energía para combatir a los que provocan la inseguridad pública, lo que estamos
viendo es la insuficiencia del o los gobiernos para contener a los criminales
con un solo frente, lo cual nos lleva a explicar aquella conseja que decía con
puntualidad y exactitud que CUANDO FALLAS, LA ESTRATEGIA SE PIERDE EL CONTROL.
Periodista/Analista
Político*
porteno4964@gmail.com
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