NARCO Y POLÍTICA - RHP

25/Abril/2014
Desde México, Gro.


NARCO Y POLITICA
Rodrigo Huerta Pegueros*

Cuando se habla de lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno están haciendo para disminuir la inseguridad pública en la entidad, no se tiene en claro las responsabilidades de cada una de las dependencias para para enfrentar esta calamidad y por ende no se tienen tampoco los grados de irresponsabilidad, ineficacia u omisión en las que han incurrido y ante la ausencia de evaluación, no se ha logrado tener una visión respecto a si las estrategias de seguridad aplicadas en los últimos años ha sido o no las correctas.

Luego entonces, se olvida casi en automático, que cuando se inició en México la cruzada contra el narcotráfico, Guerrero fue uno de los lugares preferidos por los gobiernos panistas y fue entonces cuando se desató la violencia entre grupos delictivos y las fuerzas federales, dando como consecuencia que poco después se enteraran que en las entidades y en los municipios, las fuerzas del orden público, estaban involucradas o cooptadas por el crimen organizado, dándose entonces la recuperación de la confianza de los cuerpos policiacos mediante exámenes llevados a cabo por la federación.

Tras la batida contra los narcotraficantes, el gobierno estatal y los municipales, continuaron cada vez siendo presa de los capos de las drogas y fueron amenazados y llegaron incluso a llegar hasta sus oficinas, abofetearlos, tirarles cabezas de personas descuartizadas frente a las instalaciones del ayuntamiento y funcionarios cercanos o de dependencias importantes como el catastro, fueron asesinados una y otra vez.

La federación continuó su guerra sin cuartel, provocando que en calles y avenidas principales, se tuvieran tiroteos cruzados en donde personas de la sociedad civil fueron víctimas de dichas balaceras.

Al tiempo de que se daba esta guerra contra los capos de las drogas, los criminales extendieron sus tentáculos hacia la sociedad civil, hacia los empresarios y después hacia los trabajadores de distintos rubros a quienes no solo extorsionaban sino que secuestraban y les exigían pago de piso.

Fue entonces cuando los maestros y catedráticos de escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universitarias fueron víctimas de la extorsión y ante este hecho, se iniciaron las primeras movilizaciones y las protestas por la inseguridad púbica rampante y las denuncias de que algunos elementos policiacos continuaban colaborando con los criminales.

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación de Guerrero, ofreció seguridad a los maestros y a la ciudadanía en general, mas sin embargo, estos ofrecimientos fueron en vano pues se continuaron las extorsiones, los secuestros y hasta asesinatos de algunos mentores.

Esta situación dio como resultado que la federación hiciera presencia masiva en la entidad y se apropiara de las dependencias de seguridad a fin de que no continuaran siendo correa de trasmisión con los criminales.

Los tentáculos de los narcotraficantes se expandieron entonces hacia otras regiones de la entidad—mas allá de Acapulco, su periferia y la costa grande con Zihuatanejo a la cabeza—como la tierra caliente, Taxco de Alarcón, Iguala, Chilpancingo, Tlapa y Ometepec, entre otras, lo cual produjo una reacción de los ciudadanos, quienes a la vez de demandar protección para regresar la paz y la tranquilidad, solicitaban la presencia de las fuerzas públicas a fin de detener las violaciones, la trata de blancas, la extorsión, el secuestro y el pago de piso.

La tolerancia de las comunidades invadidas por los criminales tuvo su límite y se inició la conformación de policías comunitarias, de policías ciudadanas, de las ahora llamadas autodefensas y de autoprotección.

Fue entonces cuando el gobierno estatal solicitó nuevamente la presencia del gobierno federal pero no solo para atender el caso de la inseguridad sino también para frenar los nuevos delitos aleatorios que cometían los criminales como la extorsión, el secuestro, la trata de personas y la violación a mujeres en regiones de la alta montaña y en la costa chica, particularmente.

Luego entonces, la federación tenía peticiones distintas de una autoridad que se decía rebasada en sus capacidades para hacer frente a los criminales. No podía contra los grupos del narcotráfico y no lograba contener la inseguridad pública y los delitos que se cometían alrededor del narcotráfico.

La opinión pública se dio cuenta de que el gobierno estatal estaba rebasado. El nuevo gobierno federal ofreció el apoyo. Se aplicó una nueva estrategia para combatir al narco y la inseguridad. Esta no dio resultado. Las autodefensas se multiplicaban a consecuencia del propio fracaso federal y fue entonces cuando las dependencias de seguridad del estado mexicano diseñaron una nueva estrategia para combatir la inseguridad pero enfocadas a impedir que los ciudadanos hicieran justicia por su propia mano, olvidándose o disminuyendo su capacidad para combatir a los narcotraficantes que se multiplicaban cada día mas en todas las regiones de la entidad.

Información de las propias autoridades federales revelan que en Guerrero operan cerca de 20 grupos criminales del narcotráfico entre los que destacan a los grupos de los Beltrán, los Zetas, Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Cartel Independiente de Acapulco, Cartel de Sinaloa, La Barredora, Los Pelones, Los Rojos, la Resistencia, Comando del Diablo, El Vengador del Pueblo, Ejército Libertador del Pueblo, Nueva Alianza de Guerrero, La Tejona, Los Calentanos, Pueblo Pacifista Unidos, La Empresa, Nuevo Cártel de la Barbi, La Oficina, La Máquina, Santana Ríos Bahena, El Mudo, El Yey, El Güero Guetamo, El Pelos, El Solano, Los Granados, Nuevo Cártel de la SDierra, Los Zafiro, El Tigre, Los Ardillas entre otros más.

Sin embargo, varias personas y grupos que se refieren en esta información de la federación, han sido aprehendidos y desintegrados, lo cual ha provocado una recomposición de los grupos que se han repartido el territorio estatal, lo cual resulta harto difícil que las fuerzas federales puedan combatirlas y destruirlas y a sus capos los puedan detener y enjuiciar.

Pero lo más grave es que ahora, con la nueva estrategia contra la inseguridad pública, el gobierno federal ha decidido combatir los delitos de la extorsión, el secuestro, la trata de blancas, el pago de derecho de piso a fin de que la población civil se vea libre de estas presiones criminales y puedan desempeñar sus actividades en la normalidad y por el otro lado, hacer que los grupos de autodefensa no tengan más elementos para salir a la calle con total impunidad y armados bajo el argumento de combatir a los delincuentes.

Por su parte, los narcotraficantes han cambiado su estrategia de combatir a los cárteles contrarios, haciendo ejecuciones sin mayores aspavientos y enterrar a las víctimas en fosas clandestinas que después encuentran por casualidad o avisos anónimos los cuerpos de seguridad.

Lo raro de estos casos es que nunca dan a conocer las autoridades las identidades de los cuerpos encontrados, cuando menos en el estado de Guerrero, para conocer a quienes corresponden y porque causas fueron sacrificados. Esto nunca ha acontecido y se continúan descubriendo fosas clandestinas en toda la entidad.

Luego entonces, si el narcotráfico ha pasado a segundo término en función a las prioridades de las autoridades de seguridad del Estado, para poner toda su energía para combatir a los que provocan la inseguridad pública, lo que estamos viendo es la insuficiencia del o los gobiernos para contener a los criminales con un solo frente, lo cual nos lleva a explicar aquella conseja que decía con puntualidad y exactitud que CUANDO FALLAS, LA ESTRATEGIA SE PIERDE EL CONTROL.

Periodista/Analista Político*

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