Desde
México
27/Mayo/2013
Dos clases de guerrerenses
Xavier Carreto
A.
El doctor Urbino, uno de los personajes
de la novela El amor en los tiempos del cólera, del Nobel colombiano Gabriel
García Márquez, expresaba que el mundo
se divide en dos clases de personas, los que defecan bien y quienes lo hacen
mal -con otras palabras, por supuesto. Así, en nuestra entidad hay dos clases
de guerrerenses, quienes viven del erario público y los que no tienen esa
oportunidad. El porcentaje de los primeros representa alrededor del cinco por
ciento de la población total del estado, estimada en 3.4 millones, es decir alrededor de 170 mil personas, si
consideramos que cada punto porcentual es de 34 mil habitantes.
En el otro grupo, el más numeroso, se
encuentra el 95 por ciento restante; y son, para mayor precisión, los
guerrerenses más pobres, entre ellos podemos identificar al 43 por ciento que
no tiene asegurada el acceso a los alimentos, entre ellos muchos de los
habitantes de los 46 municipios en los cuales se aplicará el programa de
Cruzada Contra el Hambre; un gran número de los 54 de cada cien mayores de 15
años, que viven en el rezago educativo; la mayoría que no tiene acceso a la
seguridad social por carecer de un empleo formal y cuando concluya su vida
productiva será beneficiario de Pensión Guerrero, 65 y más o, si vive en Acapulco,
podrá acceder al Programa Acapulco Puede
Ayudar a sus Adultos mayores, pues recordemos que ocho de cada 10 guerrerenses obtienen sus ingresos en la
economía informal. Y en lo que hay
coincidencia es que casi todos estamos expuestos a la inseguridad y la
violencia, que genera la pobreza, el hambre, la ignorancia, etcétera; y un
factor importante que explica esta situación, es por este desaprovechamiento de los escasos
recursos públicos de los cuales se dispone cada año y que en 2013 son por el
orden de los 40 mil millones de pesos.
Por el otro lado, el grupo minoritario
lo conforman los 87 mil guerrerenses que cobran en la Secretaría de Educación
Pública, que incluye a los profesores del Sistema Estatal, trabajen o no
trabajen; los 14 mil que tienen sus ingresos en los Servicios Estatales de
Salud; los 18 mil que van cada quincena a cobrar en las estructuras del
Gobierno del Estado, incluidos los organismos públicos descentralizados como el
Colegio de Bachilleres, el Conalep; los más de mil que acuden por su sueldo en
los podres Legislativo y Judicial; los 300 que forman parte del Instituto
electoral del Estado de Guerrero y del Tribunal Estatal Electoral; los 6 mil
500 de la UAG, a los que se deben agregar las nuevas estructuras
administrativas creadas por el actual rector, a pesar del déficit presupuestal
del cual siempre se quejan pero no hacen mucho por resolver. Además, los 40 mil que forman parte de la nómina de
los 81 ayuntamientos; el reducido grupo
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
También, se incluye en la lista a los empleados de las dependencias
federales, aunque éstos están cargados a los egresos del Gobierno de la
República.
Obviamente que en este pequeño grupo hay
grandes diferencias, pues un núcleo todavía menor obtienen ingresos muy
superiores. Empezando por el gobernador, los miembros de su gabinete, los directores de los organismos públicos
descentralizados, que agregan a sus sueldos las comisiones recibidas por la
adquisición de los bienes y servicios de las dependencias a su cargo. Asimismo,
hay que sumar a esta élite a los
diputados locales, al auditor general y a los auditores especiales. Igualmente, se deben incluir a
los magistrados, miembros de la judicatura y jueces que integran el Poder
Judicial. Sin olvidar a los diputados federales y senadores, al igual que a los
presidentes municipales que cada tres años, como viene sucediendo con más
frecuencia, se incorporan al privilegio de ser nuevos ricos a costa del
sufrimiento de sus gobernados.
En teoría, los recursos públicos deben servir
para mejorar al pueblo, a través de servicios de calidad en educación,
seguridad, salud, entre los que tienen mayor asignación presupuestal, los
cuales están orientados en más del 90 por ciento al pago de la nómina; y, en el
caso de la Secretaria de Educación Guerrero, se eleva al 99 por ciento. Cada
peso que se desaprovecha por ineficiencia o deshonestidad en los tres niveles
de gobierno y en los tres poderes que lo integran, es un recurso que alguien
privatiza en su beneficio y que no sirve para a elevar el bienestar del sufrido
pueblo de Guerrero.
El reto que tenemos la mayoría de los
guerrerenses es que los recursos públicos nos lleguen en la mayor cantidad
posible y que ese cinco por ciento de privilegiados empiecen a trabajar con
eficiencia y honestidad para superar nuestros rezagos.
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