Desde Brasil
29/Julio/2013
Reforma política: La propuesta de Dilma
Niko
Schvarz
En su mensaje al
país en la noche del 21 de junio, la presidenta Dilma Rousseff anunció que se
reuniría con los gobernadores estaduales y los alcaldes de las principales ciudades
para firmar un gran pacto en torno a la mejora de los servicios públicos,
atendiendo al clamor de la calle expresado en grandes manifestaciones. Esta
reunión se celebró y en su transcurso gobernadores y prefeitos respaldaron las
propuestas de la jefa de Estado de avanzar en cinco objetivos fundamentales:
responsabilidad fiscal y control de la inflación, reforma política, salud,
transporte público y educación.
Algunos de estos
objetivos ya comenzaron a concretarse. El precio del transporte público de ómnibus,
tren y metro se rebajó en varias de las principales ciudades a los niveles
anteriores a la última suba, y se encara el boleto gratuito (pase libre) para
los estudiantes, reclamo del Movimiento Paso Libre (MPL) que originó las
movilizaciones. En materia de salud, Dilma se comprometió en su alocución a
traer miles de médicos del extranjero para mejorar la atención en el SUS
(Servicio Único de Salud), a la vez que se va a ampliar la formación de médicos
en Brasil, estando prevista la creación de 12 mil puestos de especialistas
hasta 2017. Sobre educación, la presidenta recordó que el objetivo de su
gobierno es asignar la totalidad de los beneficios de la explotación del
petróleo (en particular la capa del pré-sal recientemente incorporada) al rubro
educativo, tal cual lo expresa el proyecto del Ejecutivo elevado al Congreso
pero que éste no aprobó, por lo cual instó a los movimientos sociales a
presionar al Legislativo para que lo vote. De esta suerte se iría entrelazando
la labor del gobierno con el movimiento popular, por objetivos compartidos. El
ministro de Educación, Aloizio Mercadante, anunció la creación de cuatro grupos
de trabajo, integrados por las autoridades de los 26 estados y el DF, más los
prefeitos de las capitales estaduales, para determinar las medidas inmediatas a
adoptar en materia de transporte, educación y salud.
Sobre los gastos
para los certámenes deportivos internacionales, la actual Copa de
Confederaciones y los de 2014 y 2016, Dilma expresó que los fondos públicos
utilizados son financiamientos que serán recuperados, ya que serán “debidamente
pagados por las empresas y los gobiernos que están explotando dichos estadios”.
Sobre este tema de actualidad, dijo que “Brasil merece y hará una gran Copa”.
La presidenta fue
categórica en rechazar los actos de violencia, saqueos e incendios producidos
en el curso de varias manifestaciones. En una carta abierta a la mandataria,
las entidades organizadoras, en número de 32, se deslindaron totalmente de
estos actos de violencia. Boaventura de Sousa Santos señala que dichos
movimientos, que fueron el ancla del Foro Social Mundial, “se distanciaron de
los grupos fascistoides y violentos infiltrados en las protestas y de las
fuerzas políticas conservadoras, que tienen a su servicio los grandes medios de
comunicación y apuestan a extraer dividendos de las expresiones populares”.
La mandataria
expresó su voluntad de “contribuir a la construcción de una amplia y profunda
reforma política, que amplíe la participación popular”, objetivo también compartido
por el movimiento popular. Inicialmente concretó esta propuesta en la
realización de un plebiscito para convocar una Asamblea Constituyente que
elaborara dicha reforma política. En una nota titulada: “Reforma política en
las manos del pueblo”, Emir Sader recuerda que en la campaña electoral de 2010
Lula y Dilma promovieron el tema de la convocatoria de una Asamblea Constituyente para una
reforma política, y agrega que “Dilma dio un paso audaz al proponer un plebiscito
por una Constituyente exclusiva para la reforma política”.
El tema fue
planteado por la presidenta en una reunión de alto nivel con el presidente del
Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa; el presidente de la Orden de
Abogados de Brasil (OAB), Marcos Vinicius Furtado Coelho; los presidentes de la
Cámara de Diputados y del Senado, Henrique Eduardo Alves y Renan Calheiros. En
primera instancia, la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente (para
que ésta aborde la reforma política) fue objetada por las autoridades
entrevistadas. No obstante, quedó en pie la idea de convocar a un plebiscito
consultando al pueblo sobre diversos aspectos de una reforma política. El
ministro de Justicia, José Eduardo
Cardozo, dijo luego de la reunión de la presidenta con el titular de la OAB que
“la reforma política es imprescindible y no hay cómo hacer reforma política sin
la participación de la sociedad, ésa es la condición: ofrecer al pueblo la
posibilidad de dar él mismo las respuestas”. Se considera que en el Congreso
encallan los proyectos impulsados por el gobierno para reformar el sistema
político, atacar la corrupción y aumentar la inversión en educación.
El tema sigue en primer plano de la agenda
política y social.
nikomar@adinet.com.uy
Publicación
Barómetro 01-07-13
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