25/Abril/2014
Desde Uruguay
Panamá y EEUU en la OEA
La gran conspiración contra
Venezuela
Niko Schvarz
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA)
analizó el jueves 6 de marzo en una reunión a puertas cerradas una propuesta de
Panamá, respaldada por Estados Unidos, de convocar a una reunión de consulta de
cancilleres para tratar la crítica situación imperante en Venezuela (donde un
mes de provocaciones y “guarimbas”
impulsadas por sectores de la oposición han generado a esta altura 21 muertos).
La propuesta se parecía como una gota de agua a la moción que derivó en la
Conferencia de Cancilleres de la OEA efectuada en enero de 1962 en San Rafael,
Uruguay, en la cual, después de muchos días de una presión inaudita ejercida
por EEUU, se alcanzaron los votos mínimos para expulsar a Cuba revolucionaria del sistema
interamericano. Esto aconteció unos meses después de la participación del Ché
Guevara en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) de
la OEA en Punta del Este (agosto de 1961), en que denunció la fementida Alianza
para el Progreso en pleno rostro del delegado estadounidense Douglas Dillon.
La propuesta de Panamá, por la cual el presidente Ricardo Martinelli
estaba actuando como un simple mandadero del gobierno de los Estados Unidos,
llevó al presidente venezolano Nicolás Maduro a decretar la ruptura de
relaciones con Panamá, al considerarla como una intromisión en los asuntos
internos de su país. Maduro declaró que el presidente y el canciller de Panamá,
Francisco Álvarez de Soto, así como el embajador de ese país en Washington,
“están conspirando contra Venezuela para que se produzca una intervención
extranjera en nuestro país”. La cancillería venezolana informó a la embajada panameña en Caracas que
su embajador y otros tres diplomáticos fueron consideradas personas no gratas y
tenían 48 horas para abandonar el país. Simultáneamente el presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, afirmó que el gobierno de Estados Unidos,
en conjunción con el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, estaba tratando de
desestabilizar a Venezuela. Todos estos elementos juntos integran la gran
conspiración contra la República bolivariana.
En el organismo de la OEA la propuesta de Panamá fue rechazada de plano.
Se opusieron decididamente todos los países integrantes del ALBA, así como
Uruguay, Argentina y Brasil, entre otros. Simultáneamente, Cuba se pronunciaba
a través de su canciller Bruno Rodríguez Parrilla contra las maniobras de la
OEA y contra las actitudes injerencistas de Estados Unidos. Al tiempo de
reiterar su “invariable solidaridad” con el gobierno de Maduro, el canciller
cubano manifestó: “Deseo expresar nuestra enérgica condena a las resoluciones
sobre Venezuela aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos, y a los intentos de injerencia de la Organización de Estados
Americanos”.
Otro dato revelador: el Departamento de Estado exigió la liberación de
Leopoldo López, uno de los principales líderes de la oposición. Éste ha asido
condenado por la justicia por sus actividades conspirativas y por reclamar
públicamente que las manifestaciones prosigan hasta derribar al gobierno de
Maduro. El State Department parece ignorar que Leopoldo López fue contactado
por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y que resolvió
entregarse cuando se convenció que sus propios correligionarios proyectaban
matarlo a fin de convertirlo en un mártir. Para que no quepan dudas, esto lo
declaró la propia esposa de Leopoldo López a la CNN, que lo difundió. El
objetivo era responsabilizar de ese crimen al gobierno y de esa manera atizar
el clima de guerra civil y abrir paso a la intervención extranjera.
En el debate continental suscitado a raíz de estos hechos, el presidente
ecuatoriano Rafael Correa (que obviamente rechazó la propuesta panameña) señaló
que una alternativa viable sería considerar el tema de Venezuela en una reunión
de la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas), destacando la circunstancia de
que los mandatarios de las naciones sureñas se
encontrarán sin duda en la asunción de la presidencia de Chile por parte
de Michelle Bachelet, el próximo martes 11 en Santiago. En definitiva es lo que
se resolvió. Los mandatarios se reunirán en esa fecha, y para el día siguiente,
miércoles 12, ya está agendada una reunión de los cancilleres de los países
sudamericanos en la capital chilena para definir su posición sobre la situación
imperante en Venezuela. Como se sabe, la presidencia pro tempore de UNASUR está
actualmente en manos de la República de Surinam (la antigua Guayana holandesa)
y su presidente, Desi Bouterse, se ha pronunciado en forma categórica a favor
de la reunión del organismo.
En las horas siguientes, y ya descartada la amenaza de la propuesta de
Panamá, la propia OEA en su conjunto votó en forma unánime una declaración
abogando por el cese de la violencia en Venezuela, en lo que fue considerado
como una “decisión histórica”.
Al mismo tiempo, y como señal de la
activa participación de Venezuela en todos los frentes, el canciller
Elías Jaua, que junto a un grupo de diputados venezolanos realizó una gira
relámpago por varios países sudamericanos, incluso el nuestro, compareció ante
la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde denunció los planes
de intervención extranjera contra su país y la intensificada campaña mediática
de mentiras y tergiversaciones sobre la realidad venezolana a nivel
internacional.
El gobierno persiste con firmeza en su objetivo de alcanzar la paz, y en
ese sentido ha integrado la Conferencia Nacional por la Paz y la Vida, con
amplia representación de diversos sectores (aunque con manifiesta reticencia de
la mayor parte de los sectores de la oposición a incorporarse) y también ha
creado la Comisión de la Paz y la Verdad, conformada por los presidentes de las Comisiones de la Asamblea Nacional
legislativa y de personalidades representativas de la iglesia y de los diversos
sectores incorporados a la Conferencia por la Paz y la Vida. Estos organismos
están ahora en un proceso de descentralización, para llegar a conformar sus
filiales en los diversos estados. Así, se anuncia la instalación de la Mesa por
la Paz en el estado de Táchira, uno de los más conflictivos y donde más se han
evidenciado las maniobras depredatorias de los sectores de la oposición.
Las movilizaciones de estos sectores se han ido desflecando. Lo que
persiste en todo su vigor es la campaña de tergiversación mediática. Ya se ha
desenmascarado hasta la saciedad una de las modalidades más utilizadas a ese
respecto: la de atribuir al gobierno de Venezuela actos de represión que en
realidad ocurrieron en Chile, Siria, Egipto, Cataluña, Grecia, Bulgaria, Río de
Janeiro y en los propios Estados Unidos. Se falsificaron las leyendas de las
notas gráficas respectivas. Se ha ido demostrando un día tras otro las
falsificaciones de este tipo, de parte de la agencia CNN y del diario ABC de
Madrid, entre los más destacados. Sobre este último, la ministra de
Comunicación de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que demandará judicialmente
al diario ABC, que “…tuvo la desfachatez de presentar unas fotos de unas
protestas en Egipto como violación de los derechos humanos en Venezuela”. Es un
ejemplo entre muchos. Hay otros, referidos específicamente a la campaña de CNN,
como el caso del estudiante Ramón Soto, que fue presentado como una víctima de
la represión del gobierno y que en realidad es miembro de la Juventud del
Partido Socialista Unido de Venezuela y fue objeto de un atentado por parte de
los grupos mafiosos de Voluntad Popular (el mini partido de Leopoldo López),
que le partieron la cara de un botellazo.
Ignacio Ramonet ha escrito un notable artículo titulado: “¿Está en riesgo
la democracia en Venezuela?”, que con ejemplar brevedad sintetiza la situación
en el país. Recuerda que en los meses recientes se registraron en Venezuela dos
votaciones presidenciales, elecciones a gobernadores y comicios municipales, y
en todos ganó el bloque bolivariano. En abril 2013 Maduro le ganó la elección
presidencial a Capriles. Los opositores dijeron que las municipales de
diciembre 2013 serían un plebiscito, y en ellas el chavismo ganó por 77% a 23%,
conquistando 256 municipios contra 76 de la oposición. Ningún resultado ha sido
impugnado por las misiones internacionales de observación electoral.
Traza luego un resumen a vuelo de pájaro de los logros de la revolución
bolivariana desde 1998. Millones de personas, que por ser pobres no tenían
documento de identidad, recibieron el estatuto de ciudadanos que les permitió
votar. Consagró más del 42% del presupuesto del Estado a las inversiones
sociales, sacó a 5 millones de personas de la pobreza, redujo la mortalidad
infantil, erradicó el analfabetismo, multiplicó por 5 el número de maestros en
las escuelas públicas, creó 11 nuevas universidades, concedió pensiones de
jubilación a todos los trabajadores, incluso los informales, y un largo
etcétera. Este fue el basamento de sus reiteradas victorias electorales: de
Chávez ayer, de Maduro hoy.
No hay que olvidar –dice luego- que Venezuela, por poseer las principales
reservas de hidrocarburos del planeta, es objeto de tentativas de
desestabilización y de campañas mediáticas sistemáticamente hostiles. Por otra
parte la oposición bajo el liderazgo de Capriles perdió cuatro elecciones
sucesivas, y frente a ello su fracción más derechista, ligada a EEUU y dirigida
por el ex golpista (desde 2002) Leopoldo López, apuesta ahora a un golpe de
Estado lento, aplicando las técnicas del manual de Eugene Sharp (que hemos
expuesto en notas anteriores).
Esto es lo que está en marcha en el momento actual, y explica desde las
maniobras de acaparamiento masivo de productos de primera necesidad hasta el
acoso mediático intensivo. A partir del 12 de febrero se pasó a la segunda
fase, propiamente insurreccional, utilizando a un grupo social (un sector de
estudiantes muy minoritario, según se ha demostrado con cifras) para provocar
protestas violentas e introducir entre los manifestantes a pistoleros con la
misión de provocar víctimas en ambos bandos. Cita al respecto un ejemplo
revelador: la experticia balística determinó que los disparos que mataron en
Caracas el 12 de febrero al estudiante Bassil Alejandro Dacosta y al chavista
Juan Montoya fueron hechos con una misma pistola, una Glock calibre 9
milímetros. El plan sigue con el
incremento de las protestas y su nivel de violencia, redoblar la acometida
mediática, obtener pronunciamientos de instituciones y gobiernos contra la
presunta represión del chavismo, etc. En esa etapa estamos.
En conclusión, Ramonet repite la pregunta del título: “¿Está en riesgo la
democracia en Venezuela?” Y responde: “Sí, amenazada, una vez más, por el
golpismo de siempre”.
nikomar@adinet.com.uy
Publicación Barómetro 13-03-14
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