Desde Gro.,
México
12/Diciembre/2014
Dolor, Vergüenza e Indignación
Por La Matanza De Iguala
Por
Carlos Reyes Romero
Así han
calificado diversas personalidades de la vida pública las declaraciones del
procurador Jesús Murillo Karam sobre los avances en la investigación del
paradero de los 43 normalistas desaparecidos.
Vergüenza e
indignación por la cachaza y la indolencia mostrada tanto por el procurador
como por el presidente Peña Nieto al dar por cierto que los jóvenes están muertos.
Dolor de los
padres de los estudiantes y de toda la sociedad mexicana por la tragedia que
implica que en México sucedan estos hechos con la plena complicidad y
encubrimiento de quienes pudieron haberlos evitado si hubieran actuado a tiempo
para detener y llevar ante la ley al ex alcalde de Iguala por el asesinato de
Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez; de haberse
hecho así no hubieran sucedido en Iguala los crímenes de lesa humanidad que
todos lamentamos.
Con la certeza
de quienes están convencidos de que promueven una causa justa, los padres de
los normalistas desaparecidos condicionaron la aceptación de que los
estudiantes fueron asesinados e incinerados, a que los peritos argentinos en
antropología forense confirmen de manera fehaciente y concluyente que
efectivamente se trata de ellos.
Asimismo,
demandaron que el gobierno mexicano firme cuanto antes el convenio con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que especialistas de
este organismo participen y asesoren en la búsqueda de los desaparecidos y
también que se brinden todas las facilidades a los representantes legales de
los padres de los desaparecidos para que puedan participar y tener acceso sin
límites a toda la averiguación que realizan las autoridades ministeriales y
gubernamentales.
Exigieron
también al presidente Peña Nieto que cumpla los compromisos suscritos el 29 de
octubre pasado, particularmente el de redoblar e intensificar la búsqueda de
los jóvenes.
Los padres y
buena parte de la sociedad mantienen la esperanza de que los normalistas
todavía estén con vida.
El propio
Murillo Karam mañosamente evadió dar como concluyentes los avances de la
investigación que presento y adelanto que el gobierno mexicano someterá el
análisis de los cuerpos calcinados a especialistas de la Universidad de
Innsbruck en Austria.
Antes de
partir a su gira por China y Australia, Peña Nieto reconoció por primera vez la
debilidad institucional del gobierno de Aguirre Rivero y la complicidad con el
crimen organizado del gobierno municipal de José Luis Abarca Velázquez, ahora
detenido junto con su esposa María de los Ángeles Pineda, y prometió que no se cejará hasta que se haga justicia.
No hay muchas
razones para confiar en la palabra del Presidente, dado el involucramiento que
tanto él como el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y el procurador
General Jesús Murillo Karam, tienen en la protección y encubrimiento del ahora
ex alcalde de Iguala, además de haber obstruido la justicia al no haberlo
separado a tiempo del cargo y procesarlo.
Los tres
sabían de la participación de José Luis Abarca Velázquez en los asesinatos
arriba mencionados, como lo sabían el gobernador Aguirre Rivero, el secretario
de Gobierno Jesús Martínez Garnelo ˗en su caso desde que era presidente del
Tribunal Superior de Justicia˗, el fiscal general de Guerrero Iñaki Blanco
Cabrera y el secretario de Seguridad Pública Leonardo Vázquez Pérez.
Todos ellos
tienen responsabilidad oficial que debe ser investigada a fondo para fincarles
los delitos a que haya lugar y sujetarlos a proceso. La impunidad no debe
prevalecer.
El Congreso de
la Unión está obligado a ir más allá de la integración de la Comisión de la
Verdad y la Justicia, propuesta en el senado de la República; debe de inmediato
retirarle la inmunidad constitucional cuando menos al secretario de Gobernación
y al procurador General de Justicia, para que respondan de sus actos.
Tan es así,
que ya la Revista New York Times adelanta la necesaria remoción de Osorio Chong
y hasta nomina a su posible sucesor.
Lo propio debe
hacer el Congreso del Estado de Guerrero, en cuanto a la inmunidad
constitucional de que todavía gozan tanto el ex alcalde de Iguala como el ex
gobernador Aguirre Rivero. La separación del cargo no quita automáticamente la
protección del fuero, que en el caso de Guerrero, de acuerdo con la nueva
Constitución, se prolonga hasta dos años después de dejar el cargo.
Deben
deslindarse también las responsabilidades en que pudieron haber incurrido tanto
el secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo como el ex secretario
de Seguridad Pública Leonardo Vázquez Pérez, quien recién renunció al cargo.
Lo malo es que
el entramado jurídico del país no permite fincarle responsabilidades a ningún servidor
público de los que constitucionalmente pueden ser sujetos a juicio político o a
juicio de procedencia, porque la constitución y las leyes de responsabilidades
de los servidores públicos están deliberadamente diseñadas para favorecer la
impunidad y eludir la justicia.
¿Qué
alternativa le están dejando al pueblo?
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