ESCUELAS PÚBLICAS: ENTRE BUROCRACIA Y VANDALISMO - IG

Desde Panamá
Fecha: 27/Jun/2015

Escuelas Públicas: Entre Burocracia Y Vandalismo

Ileana Gólcher

El año escolar 2015 empieza con una de las crisis más impactantes en infraestructura, problema histórico desde hace décadas. Hay planteles oficiales que tendrán que ser demolidos debido a la inseguridad de sus instalaciones. Además, la falta de agua, de mobiliario y la precariedad de las instalaciones sanitarias y académicas desmotivan el aprendizaje.

El incremento creciente de la matrícula oficial, sin planificación, trajo como consecuencia la proliferación de escuelas rancho, indicador vergonzoso, porque Panamá es uno de los países de la región con el mayor índice per cápita de presupuesto en educación. Otra lectura del tema la advierten algunos gremios docentes al aseverar que cerca del 90% de las escuelas no reúne las condiciones mínimas para el aprendizaje, y muestran su disconformidad por la disposición ministerial de otorgarles a las juntas comunales (estrictamente político-partidistas) la responsabilidad de repararlas. La lejanía de los planteles de difícil acceso complica la contratación de empresas que se dediquen a estas labores en el escaso periodo y ante la burocracia que agudiza más la situación.

Las escuelas oficiales son, además, víctimas de vandalismo que de forma permanente destruye sus instalaciones, sobre todo en lo concerniente a tecnología e insumos. La disposición que penaliza estas acciones delictivas es antigua, pero las autoridades educativas no proponen iniciativas legislativas para hacerle frente con mayor rigor. Resultaría más económico que las instalaciones, sobre todo las que poseen mayores insumos, fueran protegidas por agencias de seguridad a tiempo completo.

Es de prever que nos espera una ola de paros y movilizaciones de la comunidad que reclamará su derecho a una educación digna, con suministro de luz, agua y mobiliario escolar suficiente y moderno. Según estadísticas oficiales de 2010, solo el 50% de las escuelas tiene acceso a luz eléctrica y agua potable. El sitio web del Ministerio de Educación (Meduca) no dispone de datos actualizados al respecto.

Una política de mantenimiento ha estado ausente de los planes educativos, pese a la existencia del Fondo de Calidad de la Educación. El subsidio escolar anual es significativo, sin embargo, muchos directores no logran o no tienen la disposición y/o suficiente capacitación para ejecutar el presupuesto. La situación se agravó en el Instituto América, el José A. Remón Cantera, Richard Neumann y la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía, en estado casi de total abandono. Un sentimiento de destrucción prevalece en un alto porcentaje de estudiantes y la cultura de la irresponsabilidad se acrecienta, pues no se responsabiliza a nadie por los daños.

Las vacaciones escolares son ahora más reducidas e impiden el mantenimiento oportuno. Burocracia, trámites administrativos complejos, reglamentos en Panamá Compra, dificultan la ejecución de trabajos de reparación. El año escolar en algunos casos bien pudiera prorrogarse un poco más, de forma que el Meduca disponga de mayor tiempo para cumplir con su cometido. Hay que tomar decisiones por muy dramáticas que resulten y prolongar el periodo escolar para que empiece en mayo. Se destaca la falta de autoridad y la indiferencia de los profesores, padres y madres de familia para que sancionen, de forma oportuna, y se obligue a pagar los destrozos, de manera que se proteja la alta inversión en mobiliario y equipo. Solo así se logrará que las escuelas sean primero y que Panamá ocupe un sitial educativo.

 

Movimiento de Bases Torrijistas [MOBAT]

Coordinación Nacional

DERECHOS HUMANOS AL VANDALISMO - RA

Desde DF, México

11/Enero/2015

Derecho Humano Al Vandalismo

Por Artículo de Ricardo Alemán

Durante casi medio siglo –y hasta hoy–, nadie ha podido explicar el galimatías que significa el temor de los gobiernos municipales, estatales y el federal al uso legítimo de la fuerza del Estado. Nadie sabe si es por miedo, culpa o porque nadie, sean políticos o gobernantes, quieren pagar el costo político de hacer valer la ley.

Peor aún, en los dos primeros años de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Miguel Mancera –y en no pocos gobiernos como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, entre otros–, ninguna autoridad ha podido explicar por qué razón no sanciona a grupos vandálicos como la CNTE y sus franquicias como la CETEG y la APPO –entre otras–, que desde el 1 de diciembre de 2013 han convertido a Oaxaca, Guerrero, Michoacán y el DF, en tierra de nadie, donde no hay más ley que la del vandalismo.

Más aún, es ridículo que si los gobiernos de Peña y Mancera saben quiénes son los anarquistas, dónde viven, como se llaman y quién los financia; no sean capaces de detenerlos, sancionarlos y –con toda esa información–, poner fin al vandalismo que destruye propiedad privada, lastima derechos de terceros, denigra a las instituciones y confirma que en México existen castas de intocables.

Pero si no hay un valiente capaz de explicar todas las expresiones anteriores de ingobernabilidad, impunidad y complicidad, menos habrá un político, gobernante o líder que explique por qué desde el 1 de diciembre –a la fecha–, no hay Ministerio Público o juez capaz de sancionar de manera correcta a los anarquistas que vandalizan, roban, saquean, secuestran, dañan propiedad pública y privada y casi matan a policías.

¿Por qué nunca los detiene la Policía? ¿Por qué cuando los detienen salen libres sin más? ¿Por qué un sector social los convierte en la moderna versión de los “niños héroes del vandalismo”? ¿Por qué diputados, políticos y dirigentes de las izquierdas los solapan, defienden, dan leyes de excepción? ¿Por qué la autoridad del DF, la federal y las estatales y las municipales suelen canjear delincuentes a cambio de calmar a los vándalos?

Y si hasta hace unas horas habíamos visto en vivo, en directo y en horario estelar de televisión el vandalismo sin freno, la ingobernabilidad, complicidad e impunidad que brindan todo tipo de autoridades a los violentos; y si habíamos visto como matan policías, destruyen propiedad privada, saquen oficinas públicas, secuestran vehículos, llevan a la ruina entidades federativas completas como Oaxaca y Guerrero; lo cierto es que no lo habíamos visto todo. ¿Por qué?

Porque el pasado 1 de diciembre vimos lo impensable; que en congruencia con todo lo anterior, la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, inventó un nuevo derecho ciudadano; el derecho humano al vandalismo. Y no, no es broma de mal gusto y aún no llega el Día de los Inocentes. No, resulta que de golpe y porrazo la nueva CNDH inventó otro galimatías –sin pies ni cabeza–, al convertirse en juez y parte; en policía y defensora de delincuentes; en solapa de delincuentes y luchadora contra policías a los que, casualmente, impidió detener a los delincuentes. ¿Alguien entendió?

Y es que el pasado 1 de diciembre, anarquistas vandalizaron a placer propiedad privada y pública; saquearon y robaron, ante la indiferencia de policías y empleados de la CNDH. Pero cuando la Policía intentó detener a los vándalos, entonces trabajadores de la CNDH cercaron a los violentos, los custodiaron, defendieron, dieron protección y, con ello, impidieron que la Policía los detuviera. ¿Por qué? ¡Brillante respuesta! Porque impidieron que la Policía detuviera y golpeara inocentes.

Lo que no dice la CNDH es ¿cuál es el criterio y quien lo dicta, para decir si un marchista es o no anarquista, sobre todo cuando se cambian de ropa? ¿Cuál es el criterio para saber si un policía va a reprimir o va a detener? ¿Cuándo se emplea fuerza extrema de un policía, si los uniformados sólo llevan escudos y a veces toletes, mientras los vándalos llevan petardos con clavos, bombas, martillos, bates, aerosol para quemar cuerpos? ¿Qué dice la CNDH a la estadística macabra que muestra que en los enfrentamientos entre policías y anarquistas, siempre los heridos y casi muertos son los policías?

No, podrán decir misa, pero la nueva CNDH resultó peor que la anterior CNDH, porque su nuevo protocolo es de policías que defienden delincuentes. ¿Y quién atiende los derechos de los afectados por el vandalismo; trabajadores, comerciantes, empleados, empresas, turistas, ciudadanos de a pie? Los derechos no humanos de esos humanos le valen madre a la CNDH y a los gobiernos. Al tiempo.

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