Desde InternacionalPress
Fecha: 20/Abril/2016
En La Araucanía Hay
Terrorismo De Estado
Por Dr. Tito Tricot*
La violencia es un ojo de agua que relampaguea cuando uno menos lo
espera. Como las tormentas de altamar o los movimientos telúricos, aquellos que
serpentean bajo la tierra y uno sabe cuándo comienzan, pero jamás cuando
terminan. Como el conflicto chileno-mapuche que se inició con la ocupación
militar del territorio mapuche por parte
del Estado chileno a mediados del siglo XIX, pero que no sabemos cuándo
concluirá.
Incluso el presidente José Joaquín Prieto de manera implícita reconoce
la existencia de la nación mapuche como entidad autónoma. Prieto señaló en un
discurso en 1841que la guerra contra la Confederación Perú-boliviana y con “las
tribus bárbaras del Sur” habían sido los únicos problemas de paz exterior. Es
decir, de relaciones con potencias extranjeras, como él las llama. Por
consiguiente, el país mapuche es un territorio ocupado militarmente. Ese es el
origen del conflicto. Este es un conflicto chileno o, a lo sumo, un conflicto
chileno-mapuche.
Claro porque la clase dominante no entiende que este es un conflicto
político y no delictual, criminalizándolo, recurriendo a la represión y
perpetuando la violencia del siglo XIX, pero ahora en el siglo XXI. Por una
parte, se unilateraliza el problema denominándolo conflicto mapuche, para de
este modo estigmatizar al pueblo mapuche y, por el otro, deslindar la
responsabilidad del Estado chileno. Asimismo, se despolitiza el tema, pues,
como ha señalado el Intendente Andrés Jouannet, todo se reduciría a un tipo de
delincuencia rural.
Está meridianamente claro que no existe conflicto mapuche, sino que aquí
tenemos un conflicto chileno que se consolidó con la ocupación definitiva en
1883 mediante la circunloquiamente designada “Pacificación” de La Araucanía que
nada tuvo de pacífica. Si un Estado llega por la fuerza a otro país soberano,
como lo era el país mapuche, y usurpa el 90% de su territorio ¿No tendrían los
mapuches el derecho a llamarle a eso delincuencia rural?
¿No es delincuencia rural el proceso de contra-reforma agraria, llevado
a cabo por la dictadura que despojó al mapuche de 152 mil hectáreas, que les
habían sido restituidas por el gobierno de la Unidad Popular? Es terrorismo de
Estado la represión experimentada por el pueblo mapuche por militares y
agricultores; y es violencia estructural también la consolidación de la
industria forestal en su territorio; de las centrales hidroeléctricas, las
carreteras, los vertederos, las plantas de tratamiento de aguas servidas, la
pesca industrial y prospecciones mineras.
Ante dicha violencia estructural, agenciada por el Estado y, en el caso
de las forestales, por empresas de seguridad con guardias que constantemente
amedrentaban a las comunidades,
confrontado con la posibilidad de desintegración territorial, social y
cultural, segmentos del pueblo mapuche concluyen que deben confiar en su propia
fuerza e inteligencia para luchar por sus derechos colectivos. Surge así un
movimiento de resistencia a la violencia estatal y el Estado responde con el
terror, militarizando el territorio mapuche, aplicando la Ley de Seguridad
Interior del Estado y La Ley anti-terrorista después.
Hoy, 14 años después de haberse aplicado la Ley anti-terrorista por el presidente
Ricardo Lagos en 2002, el actual ministro del Interior Jorge Burgos la invoca
en el caso del matrimonio Luchsinger-Mackay quienes murieron en el condenable
ataque a su casa en enero del 2013. Ello no obstante el hecho que Rodolfo
Stavengahen y James Anaya, relatores especiales de las Naciones Unidas
para los pueblos indígenas han sido
inequívocos en señalar que la legislación anti-terrorista, implementada ante la
supuesta existencia del terrorismo mapuche, ha atentado contra cualquier tipo
de juicio justo. Ben Emmerson, relator especial sobre la promoción y protección
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el
terrorismo, fue aún más allá al puntualizar que la Ley se ha convertido en
parte del problema y no de la solución
del conflicto. Por lo mismo, enfatizó: “todo uso de la ley Antiterrorista debe
cesar inmediatamente”.
En esta ocasión, con la detención de once comuneros del sector Padre Las
Casas, nuevamente se evidencia la histeria racista. Basados en el testimonio de
una persona quien, en el mismo tribunal públicamente se retractó de su
declaración explicitando que la policía lo había obligado a confesar algo que
no es verdad, tanto los medios de comunicación como la fiscalía, ya dan por
hecho que los detenidos –todos mapuches– son culpables de un acto delictual.
Incluso los niños mapuches son tratados como criminales; es lo acaecido
en octubre de 2014 donde fueron detenidos 2 comuneros adultos y 3 niños en la comunidad Coñomil Epuleo. Los niños
fueron golpeados y uno de ellos baleado con perdigones. Estuvieron 4 días
detenidos y fueron llevados esposados y los mantuvieron en esa condición en el
Tribunal de garantía de Collipulli. El ministro de Justicia, José Antonio
Gómez, sostuvo que no habría sanciones o sumario alguno a los gendarmes, porque
se habían cumplido todos los protocolos. Además, uno de los niños mapuche
relató que cuando lo llevaron al hospital a constatar lesiones, el doctor le
dijo: “ojalá todos los de tu clase se murieran, ojala tú te hubieras muerto…”.
Es que para algunos los mapuche no existen, para otros son terroristas
del Estado Islámico –como lo dicen panfletos de un delirante autodenominado
grupo paramilitar Húsares de la Muerte. Para otros son simplemente chilenos o,
quizás, piezas de museo. A éstos últimos, al mapuche arqueológico, se le
acepta, porque está distante en el tiempo y en el espacio, no es peligroso. Al
de hoy, al de carne y hueso, se le discrimina, se le empobrece, se le reduce,
se le obliga a emigrar. Por eso se inventan vínculos con las FARC, Al Qaeda,
con la ETA, entre otros. Jamás se ha podido comprobar nexo alguno, pues no
existen. La rebelión mapuche, la insurrección mapuche, el alzamiento mapuche,
la zona roja mapuche, son inventos mediáticos y estrategias de guerra
psicológica para justificar la represión
y reproducir el modelo neoliberal y el capitalismo en territorio
mapuche.
A jóvenes mapuche, como Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza
Collío, se les asesina, pero Juan de
Dios Fuentes, agricultor y presidente de “Paz
en La Araucanía” se pasea armado con una pistola al cinto en una
manifestación y nada le sucede. Aquí hay un trato discriminatorio ante la Ley:
al mapuche se le presupone culpable por el sólo hecho de ser mapuche. Esto es
racismo jurídico.
Además, valga recordar que grupos paramilitares han desempeñado un papel
infausto en lo concerniente a pueblos indígenas en países como Brasil,
Colombia, Guatemala, México, Paraguay, entre otros. Esperemos que no sea lo
mismo en territorio mapuche, pero el gobierno o los políticos no hablan de
paramilitarismo, sino que sólo de terrorismo mapuche. Es más, el ex ministro de
agricultura, Luis Mayol, dijo entender que los agricultores se armaran para
defenderse de posibles atentados. Esto es sumamente peligroso, especialmente si
los agricultores y los transportistas ya han demostrado su poder y evidenciado,
al mismo tiempo, la debilidad del gobierno. Es inaudito que un grupo de
camioneros paralice las carreteras, tenga al país en vilo y que, además, sean recibidos
en el palacio presidencial por el ministro del Interior. ¿Qué pasaría si los
mapuches hicieran lo mismo? Los dejarían siquiera salir de Temuco.
Una pregunta que uno debiese hacerse es: ¿Si realmente existiere
terrorismo en territorio mapuche, cómo es posible que la industria forestal
haya crecido exponencialmente en las últimas décadas y haberse expandido sus
plantaciones de 300 mil hectáreas en 1970 a 2,5 millones de hectáreas en la
actualidad? ¿Cómo ha logrado transformarse en la tercera industria más
importante de Chile luego de haber sido un sector marginal en 1970? ¿Cómo
pueden haber sido el valor de sus exportaciones 1.829 millones de dólares en
1997 –año de inicio del conflicto chileno-mapuche- y haber ascendido a 6 mil
millones de dólares en 2015? Algo no calza. Si es que hubiese terrorismo, como
dicen que hay, si hubiera el clima de terror, inestabilidad e incertidumbre que afirman que existe, cómo
siguen operando y obteniendo tantas utilidades en territorio mapuche. Algo no
calza
En el sur no existe terrorismo mapuche, sino que violencia política
ejercida por ciertos sectores minoritarios del movimiento mapuche que
consideran legítimo bregar no sólo por tierra, sino que también por territorio.
Luchan por la libre-determinación, derecho consagrado en el artículo 3 de la
Declaración Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas –firmada también
por Chile– en 2007. Si el Estado chileno lleva más de siglo y medio utilizando
la violencia contra ellos, sienten tener el legítimo derecho a la autodefensa.
El recurso a la violencia política es un instrumento descolonizador ante la
violencia histórica. La violencia utilizada por algunas organizaciones mapuches
es substancialmente contra la propiedad privada, sea esta de empresas
forestales o de agricultores particulares.
Desconocer la existencia del fenómeno de la violencia política es tan
absurdo como sostener la existencia del terrorismo mapuche. También es
necesario puntualizar que no sólo las comunidades en resistencia postulan la
demanda autonómica sino que, de diversas maneras, otras organizaciones –la
mayoría– también lo hacen a través de cauces institucionales y ninguna está
planteando, como lo ha señalado Jorge Burgos: “un Estado dentro de otro
Estado”.
Lo que sí está claro es que el gobierno está profundamente errado si
piensa que recurriendo a la represión va a resolver un problema que el mismo
Estado originó. El conflicto no se detendrá con más violencia, por el
contrario, sólo generará mayor violencia. El problema no es policial, sino que
político, el conflicto chileno-mapuche no se resuelve con la designación de un
fiscal preferente o la detención de comuneros basado en la prueba de una
persona cuya confesión se obtuvo de manera dudosa y que hace recordar otros
montajes pasados.
Las políticas represivas de sucesivos gobiernos de la Concertación, de
Sebastián Piñera y de la Nueva Mayoría no han resuelto nada, por el contrario,
han agravado la situación, toda vez que existe una nueva generación de mapuche
que viven permanentemente bajo el asedio policial, que conocen de
allanamientos, helicópteros, tanquetas y fuerzas especiales. La violencia acá
es estructural, tiene un contenido histórico y un origen chileno. El Estado
chileno surgió, se desarrolló y consolidó negando a los pueblos originarios.
Aquí hay que decir las cosas por su nombre: el
país mapuche es un país ocupado por un ejército extranjero por la
fuerza. Así de simple y así de terrible. Esto es terrorismo de Estado.
*Director Centro de Estudios de América Latina y El Caribe-CEALC
tricot18@gmail.com
Publicación Barómetro
internacional.barometro@gmail.com
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