EEUU Y ARABIA SAUDITA: DERECHOS HUMANOS, TERRORISMO Y PETRÓLEO - AGGD

Desde Medio Oriente

Fecha: 11/Julio/2016

EEUU Y Arabia Saudita: Derechos Humanos, Terrorismo Y Petróleo

Por Antonio Guillermo García Danglades

El presidente de EEUU, Barack Obama, acaba de realizar una visita oficial al Reino de Arabia Saudita. Esta ha sido la cuarta vez en siete años que Obama viaja a Riad, lo que no ha hecho con ningún otro país del mundo durante su mandato.

Arabia Saudita siempre ha sido un aliado estratégico de EEUU, y su mayor proveedor de petróleo barato con 1.06 millones de barriles por día. Ambos países mantienen estrechos lazos políticos y económicos desde hace décadas. Durante la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, la monarquía saudita contribuyó con las operaciones estadounidenses para apoyar a los fundamentalistas islámicos que terminaron por derrocar al gobierno secular comunista y expulsar al ejército rojo, dando así origen al Talibán y a la organización terrorista Al Qaeda. Su fundador, Osaba bin Laden, proveniente de una de las familias más ricas de Arabia Saudita y con fuerte presencia económica en EEUU, habría sido uno de los miles de muyahidines árabes entrenados y financiados por la CIA de manera encubierta durante la presidencia de Reagan para librar la yihad contra la ocupación soviética. Desde entonces, la monarquía absolutista Saudita ha gozado de una relación muy especial con Washington. A cambio, EEUU se convirtió en su protector.

Sin embargo, según reporta el portal digital Publico es, el recibimiento de Obama en Riad fue parco. El Rey Salman no fue al aeropuerto y su llegada no fue transmitida en vivo por televisión, como si había ocurrido en las otras tres ocasiones. Portavoces de Washington, en cambio, aseguraron que la reunión bilateral de dos horas y media fue la más larga de todas, y que ambos mandatarios sostuvieron una “discusión bastante abierta y honesta” en asuntos que han sido fuente de tensión.

Las recientes decisiones que ha tomado EEUU con respecto a su política en el Medio Oriente habrían causado inquietud en Arabia Saudita. En efecto, la desastrosa situación actual de inestabilidad en la región, producto de la criminal política imperialista norteamericana con el apoyo sumiso europeo, ha forzado a la administración de Obama a replantear su estrategia, particularmente frente a Siria e Irán. El propio Obama hacía recientemente un “mea culpa” de lo que ha considerado su peor error en el cargo: haber invadido Libia sin prever las consecuencias. No es casual que su antecesor, el neoconservador George W. Bush, haya admitido el mismo error, también meses antes de dejar la presidencia, con respecto a la invasión y ocupación de Irak. Ambos, demócrata y republicano, fueron advertidos  y cuestionados por sus decisiones, pero ninguno de ellos escuchó, como tampoco lo hará presidente estadounidense alguno en el futuro, al menos hasta el final de su mandato cuando sea demasiado tarde.

EEUU ha respaldado el acuerdo de cese al fuego en Siria suscrito con Moscú; ha suscrito con Irán un acuerdo sobre su programa nuclear que ha permitido el levantamiento de sanciones económicas; ha presentado su inquietud por los desastrosos resultados de la intervención militar de Arabia Saudita en Yemen; y ha exhortado a Riad a que se involucre activamente en la guerra contra el Estados Islámico. Sin embargo, Arabia Saudita no comparte las decisiones de Washington. Por el contrario, su prioridad es la defenestración del régimen iraní y lograr una invasión norteamericana en Siria que instale un gobierno suní bajo su tutela. También aspira a que Obama mantenga su promesa de abastecerle militarmente con la venta de armamento por un valor de hasta 33 mil millones de dólares. La administración de Obama ha sido la que ha dado mayor apoyo militar a Arabia Saudita, incluso más que todas las administraciones estadounidenses anteriores juntas.

Ante las preocupaciones de Arabia Saudita, el presidente Obama ha asegurado que su postura es firme frente a Siria e Irán, y que su compromiso con garantizar la seguridad de sus aliados en el Medio Oriente se mantiene inquebrantable. De allí su anuncio al partir de Riad, que su gobierno desplegará 250 fuerzas de operaciones especiales adicionales en Siria. Ni una palabra sobre el apoyo al terrorismo, democracia y derechos humanos.

Mientras la Casa Blanca declara a Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional, intenta aplicarle la Carta Democrática de la OEA y despotrica de su gobierno electo democraticamente por supuestamente violentar las libertades fundamentales y no combatir el terrorismo y narcotráfico, por otra parte extiende su mano generosa y protectora hacia un régimen señalado abiertamente por la comunidad internacional de violar sistemáticamente los derechos humanos y financiar el extremismo islámico.

Derechos Humanos

En Arabia Saudita no hay Carta Democrática y a EEUU ni le importa. Cualquier intento de promover algún rasgo que sutilmente sugiera algo parecido a la democracia es considerado un crimen de violencia contra el Estado y sus promotores castigados con cadena perpetua o sentencias de muerte por lapidación y crucifixión en espacios públicos, y degollamiento, el método más común de ejecución.

Las reuniones públicas también han sido prohibidas, y quienes las realicen son arrestados y enjuiciados por incitación contra las autoridades públicas. Las mujeres son tratadas como menores de edad. Tienen terminantemente prohibido conducir vehículos, y requieren ser supervisadas las 24 horas del día por un sistema de vigilancia que le otorga al hombre el poder protector de aprobar permisos de viaje, trabajo y ausencia del hogar. Las minorías chiitas son también discriminadas incluso desde el Estado cuando restringen su acceso a servicios gubernamentales esenciales para todo ciudadano.

 La lista de casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Arabia Saudita es interminable. Entre los más conocidos destacan los ocho años de prisión para los abogados Abdulrahman al-Subaihi, Bander al-Nogaithan y Abdulrahman al-Rumaih por utilizar Twitter para criticar al Ministerio de Justicia; los mil latigazos y diez años de prisión para Raif Badawi por utilizar su blog para criticar al clero saudita; la solicitud de sentencia de muerte por crucifixión para Dawood al-Marhoon, arrestado a los 17 años de edad por participar en una protesta contra el gobierno; y la sentencia de muerte por degollamiento y crucifixión para Ali Mohammed al-Nimr, arrestado a la edad de 16 años por también participar en protestas durante la llamada “Primavera Árabe”.

Más recientemente, diversas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Campaña Contra el Comercio de Armas, han acusado a Arabia Saudita de utilizar bombas de racimo, adquiridas del gobierno estadounidenses, durante su desastrosa campaña de bombardeos en Yemen que han ocasionado la muerte de más de 3 mil civiles inocentes, lo que a juicio de estas organizaciones, constituye crímenes de guerra.

Este nefasto registro le ha hecho merecedora de una palmadita en el hombro de parte de Obama por su buena actuación en la defensa y protección de los derechos humanos. La verdadera amenaza a las libertades fundamentales se encuentra al norte de Suramérica.

Terrorismo

Diversos analistas han sostenido por décadas que la radicalización de jóvenes musulmanes ha sido financiada en EEUU directamente por Arabia Saudita. De los 19 terroristas que llevaron a cabo el ataque del 11-S contra las torres gemelas de Nueva York, doce provenían de este país y dos de ellos fueron reportados como hijos de un ex-secretario de la embajada saudita en Washington. Inmediatamente después del ataque, numerosas personalidades adineradas sauditas, incluyendo a unos doce miembros de la propia familia bin Laden, fueron trasladados urgentemente fuera del país en aeronaves privadas que salieron de Los Ángeles, Washington, Boston y Houston con expresa autorización de la Casa Blanca y sin ser requisadas por las autoridades gubernamentales, justo cuando el espacio aéreo estadounidense permanecía clausurado.

A pesar de distintas iniciativas para ahondar en la conexión saudita con el ataque del 11-S, el gobierno norteamericano nunca accedió a cuestionar el papel que podía haber desempeñado este país debido a los fuertes vínculos políticos y económicos que lo une a la monarquía saudita. En aquel momento, el profesor de ciencias políticas de la Universidad de California en San Diego y experto en extremismo islámico en Pakistán, Seyyed Vali Reza Nasr (Schwartz, 2001), aseguraba que si EEUU deseaba hacer algo en contra del islam radical, tendría que lidiar con Arabia Saudita, “que a diferencia de Irak y Libia es donde se encuentra la causa más importante del apoyo a la radicalización, ideologización y fanatización general del Islam”.

A 15 años del ataque terrorista, el congreso estadounidense está por aprobar un proyecto de ley que permitiría a las familias de las víctimas del 11-S demandar al Reino de Arabia Saudita y sus dirigentes por el apoyo que este país habría brindado a Osama bin Laden, lo cual estaría comprobado en 28 páginas de un informe de inteligencia que el gobierno estadounidense ha mantenido celosamente clasificado. 

La monarquía saudita ha reaccionado airadamente. Ha amenazado a Washington con retirar mil millones de dólares de los bancos estadounidenses si esta ley llegase a ser aprobada. Como era de esperarse, el presidente Obama ha prometido vetar la ley, aun cuando es apoyada por su propio partido demócrata. Dice que la misma abriría las puertas para que las tropas estadounidenses sean demandadas en todo el mundo por crímenes de guerra. Nadie le ha comprado este absurdo argumento. Todos saben que Obama quiere evitar a toda costa que se deterioren las relaciones con su viejo aliado y deje de percibir sus frutos en oro negro.

Petróleo

En un artículo publicado por la famosa revista norteamericana The Atlantic (24 de enero de 2015), el periodista Matt Schiavenza se pregunta por qué EEUU debe aguantarle todo a Arabia Saudita. Su respuesta es simple y concisa: petróleo. En ello coincide el afamado periodista Robert Fisk (The Independent, 20-04-2016), una de las voces más autorizadas en asuntos del Medio Oriente, cuando afirma que “las masivas reservas de petróleo del país, sus millones de barriles producidos por día, su ubicación estratégica y control de las finanzas musulmanes sunitas, significa que Occidente tiene que seguir pagando homenaje a todos los degolladores de cabezas de la región”.

Además de servir a los intereses geoestratégicos de Washington en el Medio Oriente, el más grande exportador de petróleo de la OPEP le ha asegurado al mayor importador de petróleo del mundo, el suministro de petróleo barato por más de 50 años. Incluso en la coyuntura actual, la monarquía saudita se ha negado rotundamente a recortar la producción de petróleo para detener el vertiginoso descenso del precio del crudo. A pesar de haber calculado su presupuesto con el precio del barril a 80 dólares, Arabia Saudita ha sacrificado parte de sus 750 mil millones de dólares en reservas para soportar la caída del precio en beneficio de su aliado protector.

En efecto, EEUU sabe que su fortaleza como productor de petróleo tiene corta vida. De acuerdo a estimaciones de la agencia norteamericana de Información sobre Energía, su producción de petróleo de esquito mediante el “fracking” alcanzará su tope en 2020, y sus reservas probadas apenas alcanzan 37 mil millones, muy por debajo de Arabia Saudita con 268 mil millones y la propia Venezuela con 298 mil millones de barriles.

Aun con los actuales bajos precios del crudo, el llamado el “pico petrolero” no parecería estar muy distante. Los geocientíficos aseguran que la rata máxima de extracción de petróleo está a la vuelta de la esquina, y a partir de entonces, la tasa de producción entrará en una fase de declive terminal. Según los investigadores Richard Miller y Steven Sorrell (2014), este “declive sustancial en la producción de petróleo convencional parece probable antes de 2030”. En este contexto, diversos analistas afirman que para el año 2020, EEUU dispondrá el 80% de su petróleo del Norte y Suramérica. Para ello es indispensable hacerse con el petróleo venezolano.

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Publicación Barómetro

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ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO - CRR

Desde Gro. México

11/Diciembre/2015

Estado De Los Derechos Humanos En México

Carlos Reyes Romero

El estado mexicano se defiende como loco ante las aseveraciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe preliminar sobre su visita “in loco” (en el terreno) a México realizada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015.

No es para menos. Nunca el estado mexicano había sido cuestionado tan acremente por un organismo internacional sobre la situación que guardan los derechos humanos en el país.

Vamos, ni siquiera durante los años de la guerra sucia que inundaron las cárceles militares y civiles de presos y desaparecidos políticos, cuando se ejecutó extrajudicialmente a cientos de activistas opositores al régimen priista y se torturo y desterró a miles de sus familiares.

Ni Cuba ni Rusia ni China han sido objeto de tan graves y bien documentados señalamientos, no obstante que estos países vivieron y viven todavía fuertes crisis humanitarias.

El diagnóstico de la CIDH es contundente y demoledor: “La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.”

Y sigue: “La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.”

Con todo la CIDH afirma: “La Comisión valora las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente a esta situación.” Y hace un detallado recuento de las reformas constitucionales y legales que México ha implementado a partir del 2011 en materia de derechos humanos y de implantación a partir del 2008 del sistema de justicia penal acusatorio y oral, así como la publicación en enero del 2013 de la Ley General de Víctimas, acerca de la cual refiere que ha “recibido información respecto a la necesidad de una revisión integral del Sistema Nacional de Atención a Víctimas para cumplir eficazmente con su mandato.”

También reconoce la CIDH el valor de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en marzo de 2014, aunque admite que “ha recibido información que indica que algunas disposiciones contenidas en dicho Código requieren una revisión a la luz de los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.”

Asimismo,  reconoce que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal muestra avances en el territorio nacional, pero expresa sus dudas acerca de que “el Estado, en sus diferentes niveles, cumpla oportunamente con la implementación total de dicho sistema.”

Con todo la CIDH afirma que a pesar de los avances señalados en materia de protocolos, códigos y leyes, la respuesta estatal enfrenta insuficiencias y obstáculos en su implementación.

Y remata: “La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una “simulación”.”

Lo cual terminó de encabronar todavía más a las autoridades mexicanas, las que de inmediato mandaron al ex candidato presidencial de Elba Esther Gordillo en las elecciones del 2006, Roberto Rafael Campa Cifrián, ahora subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, a rechazar y descalificar el informe preliminar de la CIDH.

El ínclito subsecretario se lanzó con todo al ruedo, afirmando que: “el reporte preliminar de la CIDH no refleja la situación de los derechos humanos que se vive en el país” y que por tanto el gobierno federal no comparte que las observaciones realizadas por la CIDH “en cinco días y sobre casos particulares” pueda reflejar la situación general de México.

Y enseguida se lanza a fondo: “El caso Ayotzinapa es una situación extraordinaria. No hay posibilidad de compararla con ninguna otra en el país y mucho menos plantear que esta situación es generalizada en el país (…) Por distintos motivos, razones y características ésta es una situación absolutamente extraordinaria.”

El subsecretario Campa finge ignorar que éste precisamente es el meollo del asunto. Porque precisamente el caso Ayotzinapa puso al descubierto la profunda colusión que existe entre el crimen organizado, los cuerpos de seguridad, los jueces y las autoridades gubernamentales de los tres órdenes de gobierno.

Ayotzinapa mostró a México y al mundo que el estado mexicano es rehén de sus vínculos con la narcopolítica y que la corrupción y el predominio de la impunidad campean en todos los niveles de la administración pública.

No es solo Ayotzinapa. Son también las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el ejército en El Charco, que la ONU exige al estado mexicano que se investiguen y sancionen; son los masacrados en San Fernando por los narcos en complicidad con los cuerpos de seguridad; son los otros desaparecidos de Iguala y los cientos de fosas clandestinas que pululan en el país; son los niños quemados en la guardería ABC de Hermosillo; es Tlataya, es Tanhuato y otros casos señalados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) antes que lo hiciera la CIDH.

Son los crímenes de alto impacto de activistas sociales y políticos que el estado mexicano se niega a investigar y que en muchos casos encubre a sus autores materiales e intelectuales porque son connotados miembros de la clase política.

Es la impunidad que se aprestan a hacer valer ante los tribunales José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, por su responsabilidad en los sucesos de Iguala; a los cuales el PRD ha declarado inocentes por voz de su dirigente Pablo Gómez Álvarez, autor del informe del PRD sobre el caso.

Como bien decía, nuestro finado amigo Armando “El Chito” Fierro, nuestros políticos no solo están hundidos hasta el cuello en el estiércol y la podredumbre moral, sino que todavía se regodean haciendo gorgoritos.

Que con su pan se lo coman.

LA FALACIA DE LA CARGA HAITIANA - NIC

Desde AGE. INT.

Fecha 30 Agosto 2015

La  Falacia De La "Carga" Haitiana

Por Narciso Isa Conde

Matías Bosch, en su contundente artículo titulado: ¿LLEGAN LOS HAITIANOS "COMO PEDRO POR SU CASA"? UNOS DATOS Y UNA REFLEXIÓN, ha incluido datos que pulverizan la tristemente célebre tesis de la "carga haitiana" sobre el pueblo dominicano.

Los mismos que copiaron ese pérfido disparate son los que han callado hechos y cifras como éstas:

El presupuesto para la seguridad del METRO de Santo Domingo en el 2010 era de de 109 millones de pesos anuales y el asignado a la seguridad fronteriza (CEFRONT) era de solo 77 millones. Ese absurdo se mantiene: lo asignado hoy al Metro sigue siendo mayor, aunque lo destinado al CEFRONT aumentó a 230 millones, equivalente al 1.15% del presupuesto militar y al 0,04 del nacional. ¡Cuán celosos han sido del cuido de nuestras fronteras terrestres estos estigmatizadores de la emigración haitiana dedicados a saquear al Estado, a empobrecer al pueblo y a chuparle la sangre a los que cruzan la frontera!

Los servicios de salud y educación han sido consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU como derechos gratuitos e inalienables, no importa de dónde procedan ni en el territorio que se encuentren sus usuarios/as.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2012, éstos/as, de los/as cuales el 87%  son procedentes de Haití, aportaron el 5.4% al PBI de nuestro país, equivalente a 3,300 millones de dólares.

Los gastos totales en salud y en educación pre-universitaria alcanzaron los 3,955 millones de dólares y por concepto de atención a la población inmigrante haitiana se calculó un gasto de unos 150 millones de dólares. El país, en consecuencia, les debe 3,150 millones de dólares del total ingresado, y si nos limitáramos a examinar esos dos renglones hay que decir que la población procedente de Haití aportó el 76.6% de lo gastado y consumió el 2.9%. ¡Qué fardo, qué saco más pesado!

Haití, entre 221 países investigados por Index Mundi, es el número 190 en la lista de los  que menos población recibe y más nacionales salen de su territorio. El nuestro es el número 164. Según la ONU, al 2013 había emigrado el 11.4 de la población haitiana y el 11.5 de la dominicana.

En el 2010 Haití recibió unos 1,300 millones de dólares en remesas y la República Dominicana unos 4,200. La diferencia se explica porque el componente más alto de la emigración haitiana es hacia aquí, de donde los/as dominicanos/as emigran en tal alta proporción como resultado de la depresión socio-económica y la desesperanza, mientras que de aquí se van hacia EEUU, Puerto Rico y EUROPA, países con más recursos y mayores posibilidades.

La ley del embudo:

Así las corrompidas elites capitalistas y la delincuencia de Estado de ambas partes se chupan una gran parte de las riquezas naturales y las generadas por el trabajo y el talento de amplios segmentos de ambos pueblos; empobreciendo y degradando con variada intensidad a gran parte de las dos sociedades dominadas por elites deshumanizadas, una receptora de una migración paupérrima y otra no; ambas expulsora de sus sectores más sufridos o desesperanzados.

Los/as pobres procedentes de Haití, radicados/as en nuestro país, se quedan en el nivel o por debajo de pobreza de los/as dominicanos más pobres, sin que en tales circunstancias -y dados las gradaciones dentro de la pobreza- cesen los flujos migratorios con diversos destinos parecidos; siendo el escenario dominicano el de más precariedades para los/as inmigrantes haitianos, aunque no tantas como la de su depredado e invadido país.

En ambos casos, salarios, remesas y servicios gratuitos recibidos, son sumas muy inferiores a las que se apropian los ricos, los estados y entes receptores- explotadores de las poblaciones emigrantes y los patrimonios naturales previamente empobrecidos por los grandes capitalistas y las burocracias y tecnocracias corrompidas. La ley del embudo siempre.

!De que carga, coñazo, nos hablan los mentirosos racistas y xenófobos del patio!

Observen bien las fortunas de los magnates del azúcar, de la construcción, del café, del arroz, de las plantaciones agrícola, de los políticos y generales ladrones... resultará inocultable la sangre, el sudor, el dolor y las penurias de la inmigración haitianas.

Dejémonos de convertir a las víctimas haitianas y dominicanas de la rapacidad capitalista en amenazas, y de exculpar la dominación que genera la tragedia migratoria en ambas parte de la isla, en un continente y un planeta que bien podrían ser escenarios de bienestar social y libertad para todos los seres humanos sin importar color de piel, identidad cultural, sexo, edad, creencias….

Hagamos conciencia que EEUU, UE y todas las potencias capitalistas-imperialistas quieren poseer nuestras repúblicas, nuestras islas, nuestro continente… sus riquezas y bellezas…descartando cada vez a los seres humanos que los habitan y/o exprimiéndolos hasta la inanición.

EL PUEBLO MEXICANO BUSCARÁ OTRAS FORMAS DE LUCHA - PEV

Desde DF, México

11/Enero/2015

Gobierno mafioso filo fascista amenaza con ley anti marchas

El  Pueblo Mexicano Buscará Otras Formas De Lucha

Por Pedro Echeverría V.

1. Los corruptos parlamentarios de PRI, PAN y PVEM  desempolvaron ayer un dictamen de reforma a la Constitución (que en abril aprobó también el traidorcillo PRD) que define el “derecho a la movilidad”, pero que en realidad autoriza “al Estado a buscar mecanismos alternativos” para prohibir, desbaratar, reprimir con cualquier pretexto, todo tipo de protestas y manifestaciones. Pretextan los hipócritas legisladores: ¿Cómo una manifestación de protesta, un plantón o un bloqueo va a impedir la “libre movilidad” de personas, coches, metrobús, cuando este país necesita movilidad? Me recuerda a un imbécil y bobo funcionario que me dijo: “Pedro, yo estoy de acuerdo con las manifestaciones porque son justas, pero háganlas a los tres de la mañana y en el periférico, para no perjudicar a nadie”.

2. De esta gente sin compromiso, que busca pretextos para no apoyar, hay mucha. Quisieran que les lleven su comidita a la casa sin luchar por ella y cuando se la quitan prefieren arrodillarse pidiendo favores para no tener que enfrentarse con el despojador. Dicen: “¿Para qué pelear si siempre dios provee?”. Por ello el gobierno –que dice que los que protestan en las calles son minoría- hace leyes para acabar con las marchas de descontento. Hoy el PRD, que dice oponerse, quiere deslindarse cínicamente del PRI y PAN, pero silencian que también ellos aprobaron esa ley represiva y muchas más, cuando formaban el famoso “Pacto por México” y recibían jugosos dividendos del gobierno del PRI. Todos esos políticos son parte del Estado, cobran gigantescos salarios y votan por él.

3. Se calumnia a los jóvenes que al defender sus derechos y los del pueblo se cubren los rostros para no ser identificados y encarcelados por la policía; pero se olvida que las “caras risueñas” de Peña, Salinas, Cevallos, Azcárraga, Slim, son sólo máscaras o “cubrecaras” que tapan a gobernantes y empresarios represores y ladrones responsables del saqueo que ejercen sobre el país y sus trabajadores. Todos los políticos mexicanos guardan su “caradura” y se colocan la “cara política” risueña para conseguir votos. Tú lector, piensa nada más en la “cara bonita” que han puesto Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña para no ser llevados a prisión acusados de desfalcos y asesinatos.

4. ¿Por qué tantas campañas contra los “vándalos que descomponen las manifestaciones” si gracias a esos jóvenes que se cubren el rostro estamos aprendiendo a defender con dignidad nuestros derechos pisoteados por décadas? ¿Acaso no conocemos que el desprecio contra los “Vandalorum”, los Hunos de Atila, los Bárbaros que llegaron a Roma, el esclavo Espartaco, los comunistas expropiadores y anarquistas libertarios,  es el odio del poder contra quienes exigen sus derechos y luchan con él? Los poderosos –que son los que hacen las leyes- exigen con razón el “respeto a la ley”; los idiotas, que sólo repiten, también piden “respeto a la ley”. ¿No se dan cuenta estos tontos que las leyes las hicieron y las hacen para sujetar y reprimir al pueblo?

5. Las leyes del pueblo son otra cosa distinta porque deberían prohibir de entrada la gran propiedad privada, la acumulación de riquezas, la explotación del trabajo, la desigualdad social, la riqueza y la pobreza económica, obligar a trabajar para tener derecho a comer. Si se promulgaran estas leyes y se penara su incumplimiento, no existirían protestas ni manifestaciones. Pero en un país capitalista lo primero que se impone en las leyes es el derecho a la gran propiedad, el derecho a la acumulación de la riqueza, el derecho a la explotación del trabajo, a que es “natural” de que haya desigualdad y a una cruel y despótica división del trabajo entre el material y el intelectual y, desde de este, la explotación brutal del trabajo humano.

6. Los estudiantes de las universidades, del Politécnico, de las Normales rurales y urbanas, los jóvenes que se ubican en los 16 y 30 años de edad, ya no son más el “futuro” sino siempre han sido el presente, mucho más cuando luchan y saben defenderse, cuando piensan que sólo las rebeldías y las revoluciones pueden trasformar el mundo. Pero los “jóvenes” son indudablemente el pasado, cuando piensan como los viejos que sólo buscan la paz, el orden y el progreso. ¿No es acaso un magnífico ejemplo de los valerosos estudiantes del Poli que al iniciar su lucha, parecieron como un manjar fácil de tragarse por Gobernación y la SEP y ahora han desarrollado una maravillosa conciencia crítica y solidaria con los desaparecidos de Ayotzinapa, en la llamada mesa de diálogo?

7. No permitamos que los hipócritas gobernantes nos sigan viendo la cara de tontos. Debemos batallar contra la imposición por el poder de esas leyes represivas luchando en las calles contra ellas y no respetándolas. ¿Por qué no preguntan al pueblo si quieren leyes para que los repriman o asesinen en las protestas?  “Aplicar la ley”,  hecha por gobierno y empresarios, en México, significa golpear y castigar al pueblo porque nunca éste ha intervenido en su elaboración. La ley de “movilidad” que nos están imponiendo debe ser tirada a la basura, pisoteada, no respetada. ¿O están obligando al pueblo a tomar otros caminos más eficaces para enfrentar el poder?  Los jóvenes y demás trabajadores darán la respuesta porque ellos tienen la palabra. (3/XII/14)

Publicación Barómetro

DERECHOS HUMANOS AL VANDALISMO - RA

Desde DF, México

11/Enero/2015

Derecho Humano Al Vandalismo

Por Artículo de Ricardo Alemán

Durante casi medio siglo –y hasta hoy–, nadie ha podido explicar el galimatías que significa el temor de los gobiernos municipales, estatales y el federal al uso legítimo de la fuerza del Estado. Nadie sabe si es por miedo, culpa o porque nadie, sean políticos o gobernantes, quieren pagar el costo político de hacer valer la ley.

Peor aún, en los dos primeros años de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Miguel Mancera –y en no pocos gobiernos como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, entre otros–, ninguna autoridad ha podido explicar por qué razón no sanciona a grupos vandálicos como la CNTE y sus franquicias como la CETEG y la APPO –entre otras–, que desde el 1 de diciembre de 2013 han convertido a Oaxaca, Guerrero, Michoacán y el DF, en tierra de nadie, donde no hay más ley que la del vandalismo.

Más aún, es ridículo que si los gobiernos de Peña y Mancera saben quiénes son los anarquistas, dónde viven, como se llaman y quién los financia; no sean capaces de detenerlos, sancionarlos y –con toda esa información–, poner fin al vandalismo que destruye propiedad privada, lastima derechos de terceros, denigra a las instituciones y confirma que en México existen castas de intocables.

Pero si no hay un valiente capaz de explicar todas las expresiones anteriores de ingobernabilidad, impunidad y complicidad, menos habrá un político, gobernante o líder que explique por qué desde el 1 de diciembre –a la fecha–, no hay Ministerio Público o juez capaz de sancionar de manera correcta a los anarquistas que vandalizan, roban, saquean, secuestran, dañan propiedad pública y privada y casi matan a policías.

¿Por qué nunca los detiene la Policía? ¿Por qué cuando los detienen salen libres sin más? ¿Por qué un sector social los convierte en la moderna versión de los “niños héroes del vandalismo”? ¿Por qué diputados, políticos y dirigentes de las izquierdas los solapan, defienden, dan leyes de excepción? ¿Por qué la autoridad del DF, la federal y las estatales y las municipales suelen canjear delincuentes a cambio de calmar a los vándalos?

Y si hasta hace unas horas habíamos visto en vivo, en directo y en horario estelar de televisión el vandalismo sin freno, la ingobernabilidad, complicidad e impunidad que brindan todo tipo de autoridades a los violentos; y si habíamos visto como matan policías, destruyen propiedad privada, saquen oficinas públicas, secuestran vehículos, llevan a la ruina entidades federativas completas como Oaxaca y Guerrero; lo cierto es que no lo habíamos visto todo. ¿Por qué?

Porque el pasado 1 de diciembre vimos lo impensable; que en congruencia con todo lo anterior, la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, inventó un nuevo derecho ciudadano; el derecho humano al vandalismo. Y no, no es broma de mal gusto y aún no llega el Día de los Inocentes. No, resulta que de golpe y porrazo la nueva CNDH inventó otro galimatías –sin pies ni cabeza–, al convertirse en juez y parte; en policía y defensora de delincuentes; en solapa de delincuentes y luchadora contra policías a los que, casualmente, impidió detener a los delincuentes. ¿Alguien entendió?

Y es que el pasado 1 de diciembre, anarquistas vandalizaron a placer propiedad privada y pública; saquearon y robaron, ante la indiferencia de policías y empleados de la CNDH. Pero cuando la Policía intentó detener a los vándalos, entonces trabajadores de la CNDH cercaron a los violentos, los custodiaron, defendieron, dieron protección y, con ello, impidieron que la Policía los detuviera. ¿Por qué? ¡Brillante respuesta! Porque impidieron que la Policía detuviera y golpeara inocentes.

Lo que no dice la CNDH es ¿cuál es el criterio y quien lo dicta, para decir si un marchista es o no anarquista, sobre todo cuando se cambian de ropa? ¿Cuál es el criterio para saber si un policía va a reprimir o va a detener? ¿Cuándo se emplea fuerza extrema de un policía, si los uniformados sólo llevan escudos y a veces toletes, mientras los vándalos llevan petardos con clavos, bombas, martillos, bates, aerosol para quemar cuerpos? ¿Qué dice la CNDH a la estadística macabra que muestra que en los enfrentamientos entre policías y anarquistas, siempre los heridos y casi muertos son los policías?

No, podrán decir misa, pero la nueva CNDH resultó peor que la anterior CNDH, porque su nuevo protocolo es de policías que defienden delincuentes. ¿Y quién atiende los derechos de los afectados por el vandalismo; trabajadores, comerciantes, empleados, empresas, turistas, ciudadanos de a pie? Los derechos no humanos de esos humanos le valen madre a la CNDH y a los gobiernos. Al tiempo.

Los contenidos de los análisis publicados por Revista Lema, son responsabilidad de los autores.

MARTIN LUTHER KING, UN VERDADERO PREMIO NOBEL DE LA PAZ - SRG

Desde Venezuela

Fecha: 10/Nov.2014

Martin Luther King, un verdadero Premio Nobel de la Paz

Sergio Rodríguez Gelfenstein

El acontecer político de Estados Unidos en el año 1964 estuvo caracterizado por la profunda conflictividad emanada del rechazo de la sociedad a la participación de sus soldados en la guerra de Vietnam, así como la creciente movilización en pro del reconocimiento de los  derechos civiles de las minorías raciales, en particular de los afrodescendientes.

Se vivían tiempos de mucha tensión. Pocos años antes, se habían establecido políticas claramente segregacionistas que generaron continuos hechos de violencia. En 1963 fue asesinado el presidente John F. Kennedy. La organización extremista  Ku Klux Klan que promocionaba la superioridad blanca campeaba por sus fueros desarrollando acciones vandálicas de toda índole contra personas de otras razas y sus propiedades. En el sureño estado de Mississippi, todavía a los negros se les negaba la educación superior y el derecho a voto, así mismo había fuentes de agua públicas y cines, separados para negros y blancos.

En ese contexto, en junio de ese año, fueron asesinados los activistas pro derechos civiles James Earl Chaney,  Michael Schwerner y Andrew Goodman, dos de los cuales eran blancos. Chaney y Schwerner se proponían construir un centro de formación educativa para los niños segregados en la localidad de Neshoba. En el hecho que les costó la vida participaron miembros del Ku Klux Klan quienes actuaron con apoyo de la policía del Condado.

El hecho causó gran conmoción en Mississippi y en todo el país. Los restos de los activistas fueron encontrados 44 días después de su desaparición.  La movilización generalizada en contra de la masacre devino en hechos violentos que no tenían parangón desde el fin de la guerra civil que había ocurrido más de 100 años antes. El levantamiento ciudadano logró que ese año se aprobara la Ley por los Derechos Civiles y al año siguiente, la Ley de Derecho al Voto. Los negros habían tenido que vivir más de 70 años bajo un entramado jurídico segregacionista a pesar que éste había sido formalmente derogado en Mississippi en el año 1890.

En otro plano, en ese mismo año las acciones de los patriotas vietnamitas habían arreciado en contra de la intervención estadounidense. Durante el verano, el ejército de Vietnam del Norte inició  la primera gran ofensiva contra el sur. La debilidad del gobierno títere en el sur era evidente. El Presidente Lyndon Johnson quien había ocupado esa investidura tras el asesinato de Kennedy estimó necesaria una intervención militar directa en gran escala. Tal como ha ocurrido a través de la historia, se necesitaba una acción que justificara esa decisión ante la opinión pública estadounidense. En esas condiciones, Estados Unidos concibió una operación mediante la cual dio a conocer al mundo que el ejército vietnamita había atacado sus barcos de guerra  en el Golfo de Tonkín, próximo a las costas del norte del norte de Vietnam. Tal pretexto sirvió para que en agosto, el Congreso de Estados Unidos emitiera una ley mediante la cual autorizó al presidente Johnson a una intervención integral en Vietnam.

La intromisión de Estados Unidos en el país asiático se hizo al margen del Derecho Internacional y sin que mediara declaración de guerra alguna.  Ya en ese entonces el presidente de Estados Unidos había esbozado la idea de participar a través de bombardeos masivos resguardando sus tropas del enfrentamiento directo. Ese objetivo jamás pudo ser cumplido, elevando el número de bajas como jamás había tenido las fuerzas armadas de Estados Unidos en sus incursiones fuera de su país. Todo esto devino en un rechazo mundial al involucramiento de Estados Unidos en Vietnam. La propia opinión pública estadounidense comenzó a jugar un papel activo en el desenmascaramiento de los objetivos imperiales de la potencia americana en el sudeste de Asia.

En este marco de elevado conflicto tanto interno como externo en Estados Unidos emergió la figura del pastor bautista Martin Luther King quien primero ejerció una labor protagónica al frente del Movimiento por los Derechos Civiles a favor de los negros, simultaneando posteriormente esa lucha con la denuncia y rechazo a la intervención de Estados Unidos en el sudeste asiático. Hace 50 años, en este mismo mes de octubre, el Doctor King recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por eliminar la discriminación racial por medios no violentos, convirtiéndose a los 35 años en la persona más joven en haberlo recibido.

Medio siglo después, en el estado de Missouri, medio oeste de Estados Unidos, vuelven a ocurrir circunstancias similares, la segregación racial y la violencia de las autoridades descargan su odio contra jóvenes negros. En agosto, en Ferguson,  suburbio de la ciudad de San Luis, Michael Brown de 18 años es asesinado por un policía blanco. El hecho nuevamente perturba la nación, grandes protestas exigen la captura y el juicio de los implicados en la acción criminal. Dos meses después, en octubre, hace pocos días, Vonderrit Myers Jr., fue ultimado en las mismas condiciones que Brown. Pareciera que nada ha cambiado.

Sin embargo, no sería acertado afirmar tal cosa. Hoy, un afroamericano es el presidente de Estados Unidos. También, -al igual que Martin Luther King- recibió el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, hay una sustancial diferencia. Mientras King se oponía férreamente a la guerra,  Barack Obama ha sido un entusiasta promotor de la misma. Bajo su conducción, Estados Unidos se ha involucrado en diversas acciones intervencionistas en distintas latitudes del planeta, superando incluso en ímpetu bélico de sus colegas republicanos Ronald Reagan y George Bush, lo cual, hace unos años, parecía imposible.

Obama pareciera no recordar la prédica del Dr.King cuando dijo que “Los hombres, a lo largo de la historia, han hablado de la guerra y de la paz. Pero ahora ya no pueden quedarse solo en el hablar. No es una elección entre la violencia y la no violencia en este mundo; es una elección entre la violencia y la existencia”

Dos negros, dos estadounidenses, dos Premios Nobel de la Paz, pero una gran diferencia. King dijo que rechazaba “… aceptar la noción cínica de que naciones tras naciones deben descender la escala militarista hacia el infierno de la destrucción termonuclear. Creo que la verdad desarmada y el amor incondicional tendrán finalmente la palabra. Porque el bien, incluso temporalmente vencido, es más fuerte que el mal triunfante”

Cuando en 2009 Barack Obama se hizo acreedor del premio Nobel recordó las palabras pronunciadas por Martin Luther King al recibirlo 45 años antes, “La violencia nunca trae la paz permanente”, pero a continuación el presidente estadounidense agregó “Mientras tenga una nación que defender, no puedo  seguir sus enseñanzas”.

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Publicación Barómetro 23-10-14

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