Desde Brasil
Fecha: 11/Julio/2016
Una Situación Complicada Para La
Izquierda Radical
Joao Machado Y Bea Whitaker *
Brasil vive una
profunda crisis institucional. La más importante desde la dictadura. El
gobierno de Dilma Roussef ha sido alcanzado en pleno rostro, provocando su
parálisis, pero también lo han sido las principales instituciones de la
democracia burguesa. Los principales dirigentes del Parlamento están implicados
en la Operación Lava Jato/1, entre ellos Eduardo Cunha, presidente de la Cámara
de Diputados, en tanto que uno de los acusados del proceso. Los dirigentes de
los partidos tradicionales, tanto los que forman parte del gobierno como los de
la oposición de derechas (incluyendo el PMDB, partido de Cunha y del vicepresidente
Michel Temer, que ha abandonado recientemente el gobierno), son objeto de
investigaciones.
Una situación
así contribuye a un gran caos en el seno de las instituciones con un poder
judicial dividido a todos los niveles. A esto se añade una crisis intensa de
credibilidad de las instituciones tradicionales y del modus operandi de la
democracia burguesa, cuyos primeros signos se expresaron en las calles en
2013/2.
Brasil vive pues
una grave crisis política que se añade a la grave crisis económica, social y
medioambiental. Esto se traduce en desempleo creciente, inflación, congelación
salarial, hundimiento de los servicios públicos, desastres y crímenes contra el
medio ambiente…, que simbolizan el fracaso de un modelo de desarrollo. El
agotamiento del modelo de “crecimiento”, adoptado durante los “períodos” Lula,
con la aplicación ahora de una política de ajuste neoliberal y de recesión, ha
producido un escenario de estancamiento duradero. Cualquiera que sea el
resultado a corto plazo, la suma de crisis a medio plazo se mantendrá con
tensiones sociales y políticas.
El ciclo
“lulopetista” está herido de muerte. Las posibilidades de mantener el modelo de
crecimiento “neo-extractivista” y exportador se están agotando. Aunque
sobreviviera políticamente, debido a la polarización reciente entre los dos
campos en la guerra institucional, la estrategia establecida por el lulismo de
favorecer a los empresarios, a la agroindustria y al capital financiero y, al
mismo tiempo, hacer algunas concesiones a los más pobres, ya no tiene ninguna
posibilidad política y ética de aparecer como una inflexión de izquierdas.
Incluso tras haber puesto más de 100 000 personas en la calle en Sao Paolo,
Lula continúa rogando a los representantes del capital que confíen en él para ser
el garante del pacto social. En este marco, reedita, en términos más
humillantes, la “Carta al pueblo brasileño” de 2002. Es el final de un largo
ciclo de la izquierda brasileña.
En medio de la
polarización política que se ha desarrollado durante estos dos años de gobierno
Dilma, en la sociedad brasileña, las ideas y los sentimientos de derechas se
desarrollan con la voluntad de castigo penal y de la búsqueda de un Salvador,
es decir un Bonaparte, capaz de poner término a la corrupción.
El espectro antipetismo
está dividido en dos partes: uno más liberal y otro conservador, con muchos
puntos de intersección entre ellas. Algunos movimientos de carácter liberal,
por ejemplo Movimiento Brasil Libre (MBL) y “Ven a manifestarte” (Vem para a
Rua) y otros más reaccionarios, entre ellos algunos jefes religiosos y algunos
partidarios de la vuelta a la dictadura militar, como Bolsonaro, han visto
crecer su capacidad de influencia.
En este
contexto, se han desarrollado actitudes violentas y discursos de odio contra la
izquierda en general. Además, los medios cumplen un papel de incitación al odio
y de manipulación de las informaciones, a veces contribuyendo directa o
indirectamente a episodios de violencia más o menos graves.
La crisis de la
vieja izquierda en el poder que ha realizado políticas impopulares y represivas
(en particular en las grandes periferias urbanas, contra los jóvenes y los
negros), y la ofensiva de la derecha intolerante e incitadora al odio recaen
sobre el conjunto de las ideas de izquierda y socialista. Debería abrirse un
período de reorganización del movimiento de masas y la posibilidad de un nuevo
ciclo para la reconstrucción de un proyecto de izquierdas.
La juventud vive
actualmente la realidad del desempleo, la violencia, la ausencia de servicios
públicos y de derechos democráticos. Además, no se identifica con ninguno de
los dos principales polos que están en guerra, lo que explica su escasa
participación en las movilizaciones del mes de marzo. Hay que señalar también
la presencia de sectores más progresistas de la sociedad y de las “bases
obreras” del antiguo bloque histórico, que se han manifestado en masa en
defensa de las libertades democráticas con numerosas críticas al gobierno,
tanto sobre la política económica impopular como contra la corrupción evidente.
El actual
escenario en Brasil es muy difícil de gestionar para la izquierda
anticapitalista y socialista. Un gobierno originario del movimiento obrero y
popular está siendo derrocado por la derecha, cuyos principales agentes son los
poderes judiciales, la oposición del Parlamento y los medios orquestados por el
grupo Globo, hegemónico entre éstos.
Este gobierno,
en caída libre, no es un gobierno progresista, sino un gobierno que desarrolla
una política de ajuste neoliberal que, cuando se ve presionado, va aún más a la
derecha: la ley antiterrorista, el anuncio de recortes salariales y de las
conquistas de la función pública, la reforma de las pensiones, la perspectiva
de suspender los ajustes del salario mínimo.
A pesar de las
medidas que favorecen claramente los intereses del capital, los sindicatos
patronales, los representantes de las finanzas y de los medios están de acuerdo
en la incapacidad de Dilma Roussef para aplicar los planes de ajuste para
garantizar su estabilidad. Juzgan por tanto que su reemplazo es necesario.
Las masivas
movilizaciones del 13 de marzo (por la destitución de Dilma), del 18 y la del
31 (contra la destitución de Dilma), han sido bastante heterogéneas según las
ciudades o regiones. la última, unas 700 mil personas en todo el país, ha visto
marchas globalmente contra la destitución de Dilma, por la democracia y contra
las medidas antisociales del gobierno. Sin embargo, la gran mayoría dela
población está a favor de la retirada de la presidenta y el gobierno ha perdido
su base popular mayoritaria.
La posibilidad
de un nuevo golpe de Estado, como el que hubo en 1964, no está al orden del
día. Sin embargo, el peso de las instituciones fundamentalistas religiosas, la
influencia de sectores oligárquicos, de los ligados a la industria belicista y
de las fuerzas policiales hace avanzar proyectos retrógrados e intentan
suprimir las conquistas populares.
Al inicio de las
investigaciones sobre la corrupción fueron encarcelados algunos empresarios,
algunas personalidades de derechas, fueran del gobierno o no lo fueran. Pero,
gracias a la Operación Lava Jato, la crisis institucional prolongada ha creado
un ambiente en el que todo está permitido, con operaciones judiciales
aberrantes y antidemocráticas contra los acusados identificados con el
gobierno, todo ello coordinado con los grandes medios y la oposición de
derechas. La indignación general contra la corrupción y el PT ayuda a las
fuerzas mayoritarias representantes del capital a trabajar por el cambio de
gobierno, sin ninguna modificación democrática del régimen político.
El período
abierto ofrece una transición difícil a causa de la ausencia de una izquierda
socialista con influencia suficiente como para convertirse en protagonista de
una alternativa a la crisis. El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) respetado
en las luchas sociales, interviene en sectores de la juventud, de los
diferentes sectores oprimidos y moviliza algunos millones de votos en las
elecciones. Es el principal partido de la izquierda socialista. Sin embargo,
aún no es capaz de presentar una alternativa real a la crisis, aunque se sitúe
como oposición de izquierdas, contra las concesiones del gobierno al capital,
contra los privilegios de la clase dominante, contra la corrupción. En
cualquier caso, no defiende en absoluto las maniobras de la derecha para hacer
caer a Dilma Roussef.
En efecto, el
proceso de destitución de la presidenta impulsado por el Parlamento está
dirigido por su presidente, él mismo implicado en las investigaciones de
Petrobras y en una serie de crímenes. Al mismo tiempo se llevan a cabo muchos
esfuerzos (por los medios, por el sistema judicial) para no plantear la
implicación de personalidades de la oposición de derechas en la Operación Lava
Jato, incluyendo miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño
(PMDB), que acaba de abandonar el gobierno y del que Temer, el vicepresidente,
forma parte.
En caso de que
la destitución de Dilma se lleve a cabo por canales “normales” o legales,
habría que impedir que Temer asumiera la dirección del país. Por otra parte,
incluso una parte de los grandes medios, que en general ahora están en el campo
anti-PT, dicen que Temer no tiene apoyo para gobernar. Demandan la destitución
tanto de Dilma como de Temer. Hay sondeos que dicen que, si hubiera elecciones
hoy, Temer no tendría más del 1 % de los votos.
La salida a una
crisis así es la convocatoria de elecciones presidenciales y al Parlamento.
Campañas
concretas contra los ataques de los conservadores a los derechos sociales,
contra la violencia policial, contra el ajuste presupuestario, entre otras,
deben continuar traduciéndose en movimientos reales y reivindicativos que
refuercen la organización social de la izquierda socialista. En este estadio de
reorganización aún mal delimitada, deben realizarse iniciativas transitorias
para construir de nuevo instrumentos y herramientas unitarias de la oposición
de izquierdas, que sean independientes del gobierno.
germain5@chasque.net
* Militantes del
PSOL:.
Notas
1/ Operación
Lava Jato. Se trata de una investigación judicial sobre desvío y blanqueo de
dinero en Petrobras (empresa brasileña ligada al petróleo), que implica a muy
importantes empresarios y políticos.
2/ En 2013, una
inmensa oleada de huelgas, de movilizaciones espontáneas de la juventud,
revueltas diversas se ha desarrollado en el país.
