Desde Colombia
Fecha:
20/Abril/2016
El Plan
Colombia
Su Fracaso En El Propósito Por Acabar Con La Insurgencia
Por
José Eulícer Mosquera Rentería*
El muy publicitado
Plan Colombia, junto con la imposición del modelo neoliberal de las
privatizaciones aperturas económicas y los TLC, han sido considerados por
respetados analistas internacionales, como la periodista e investigadora
social, argentina, Stella Calloni, como “el mayor proyecto geoestratégico que
se haya trazado para recolonizar América Latina”.
Hace dos semanas
cumplió 15 años dicho plan y aunque inicialmente se quiso presentar como un
plan estratégico dentro del combate del narcotráfico y la contribución a la
construcción de la paz en Colombia, muy pronto quedó en evidencia su propósito
prioritario de aniquilar a la insurgencia y a las fuerzas progresistas y
revolucionarias consideradas por la ultraderecha nacional y el imperialismo
yanqui como aliadas de la misma, y del “comunismo internacional” ó
“castro-chavismo”, según el cínico ex presidente Uribe.
Lo cual ha tenido
su máxima manifestación en el crecimiento exagerado del aparato militar del
Estado colombiano, bajo la asesoría y orientación del Departamento de Estado y
el Comando Sur de USA, que de tener 53.000 efectivos cuando se iniciaron las
Conversaciones del Caguán, en enero de 1999, ha pasado a más de 200.000, de los
cuales el 30% son soldados profesionales.
Buenaventura: Narcoparamilitarismo, Militarismo, Violencia y Pobreza Vs
Opulencia para Unos Pocos Foráneos.
Con su propuesta
del Plan Colombia los asesores gringos le calentaron la cabeza a Uribe Vélez, a
tal punto, que al posesionarse en su primera presidencia anunció que en menos
de seis meses habría derrotado a la insurgencia, convencido de que por la vía
militar su establecimiento resolvería el conflicto de más de medio siglo.
Durante los
gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, los recursos del Plan
Colombia se concentraron en su denominada política de “Seguridad Democrática”
contra la insurgencia y las fuerzas de oposición de izquierda; y el
acondicionamiento militar del territorio, en alianza con el narco
paramilitarismo, para “la confianza inversionista” de los megaproyectos minero
energéticos y el saqueo extractivista de las transnacionales y multinacionales,
que traen consigo la depredación del medio ambiente y de ecosistemas
maravillosos, fundamentales para el país y el planeta.
Después de gastar
mucho más de 10.000 millones de dólares en la ejecución de este plan, Colombia,
además de haber sido su mayor financiadora, sigue siendo el mayor productor de
cocaína en el mundo; el conflicto social, político y armado se continúa
agudizando, por lo cual el Gobierno Colombiano se ha visto forzado a adelantar
acercamientos, diálogos y negociaciones de paz con la insurgencia, dejando
atrás las calenturas guerreristas de Uribe Vélez, que solo han traído
sufrimientos y agudización de la pobreza a las comunidades rurales,
afrocolombianas e indo colombianas.
Sin embargo, siguen
creciendo los grupos narco paramilitares y de delincuencia común organizada, y
su accionar criminal sobre las comunidades. Por tanto, uno no entiende cual es
el éxito del Plan Colombia que están celebrando los gobiernos de Colombia y
Estados Unidos y sus áulicos de los grandes medios de desinformación. La
violación a los derechos humanos en Colombia durante los gobiernos que han
puesto en práctica el Plan Colombia, ha sido alarmante y signada por las
masacres, violaciones a mujeres, crímenes de lesa humanidad y el desplazamiento
forzado.
Según la Unidad
Nacional de Víctimas, solo en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) hubo
más de 1.550.000 desplazados forzados; durante los dos gobiernos de Álvaro
Uribe (2002-2010), fueron desplazadas casi 3.000.000 de personas; y durante el
mandato de Juan Manuel Santos, se han desplazado cerca de 1.000.000 de
personas. Al punto que en 2014, el Informe de la Agencia de la Organización de
Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ubicó a Colombia en el segundo
lugar con mayor número de personas en condición de desplazamiento forzado, al
registrar la escandalosa cifra de seis millones de personas. Aunque otros
organismos especializados en el estudio del tema consideran que las cifras
pueden ser mayores.
A través del Plan
Colombia se realizaron fumigaciones con glifosato en miles de hectáreas de
campos y selvas colombianas, con el propósito de destruir plantaciones de coca
y amapola, con lo cual también se afectó los cultivos de los campesinos,
comunidades afrocolombianas e indo colombianas que vieron destruidos sus
sembradíos de yuca, maíz, ñame, sorgo, arroz, coco, chontaduro, entre otros. Lo
cual contribuyó a envilecer más las condiciones de vida de miles de familias
campesinas, afrocolombianas e Indo colombianas, impulsando a algunos hacer
nuevos cultivos de coca en aras de la supervivencia familiar y a otros al
desplazamiento forzado. El Gobierno Colombiano autorizó estas fumigaciones con
glifosato a pesar de que había sido prohibido por la Organización Mundial de la
Salud, de la ONU, porque había causado
graves daños a la salud de muchas gentes en diferentes partes del mundo. Este
herbicida es producido y distribuido por la multinacional Monsanto, que es la
más grande productora/exportadora de los transgénicos, que tanto daño vienen
causando a la salud de muchas personas en el mundo.
El año pasado, El
informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas creada por el
Gobierno colombiano y las FARC, informó que entre 2003 y 2007, soldados y
contratistas norteamericanos abusaron sexualmente de más de 50 adolescentes
colombianas. Violaciones que fueron grabadas y luego vendidas como material
pornográfico, y los autores de estos actos violentos, indignantes y violatorios
de la integridad humana, por cláusulas de los convenios del plan, fueron cobijados
por la impunidad.
Mediante el Plan
Colombia también se incentivó en las Fuerzas Armadas la necesidad de ofrecer
resultados a sus superiores, ávidos de mostrar ante el Gobierno Nacional y el
Gobierno de Estados Unidos logros contundentes en la lucha contrainsurgente, y
de paso cobrar las jugosas bonificaciones o recompensas preestablecidas por
instrucciones de los presidentes Bush y su Departamento de Estado. Por lo cual
militares colombianos asesinaron a miles de jóvenes que luego fueron
presentados como integrantes de la
guerrilla dados de baja en combate, práctica conocida como “los falsos
positivos”, que en su mayoría de casos se mantienen en la impunidad. Pues según
el portal Verdad Abierta, existen más de 5.700 denuncias de las cuales la
Fiscalía solo investiga unas 3.500.
Entidades dedicadas al estudio de la violencia en Colombia consideran que estos
casos de falsos positivos también podrían ser mayores del número oficialmente
reconocido, si se suman víctimas de la población civil y guerrilleros asesinados
en estado de indefensión.
Por otra parte, la
Organización No Gubernamental estadounidense Fellowship of Reconciliation Peace
Presence y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos –CCEEU–, consideran
que existe una conexión directa entre el entrenamiento militar de Estados
Unidos y los casos de falsos positivos.
A partir del Plan
Colombia el intervencionismo militar de Estados Unidos se intensificó en
Colombia. Llegaron más de 2.000 asesores militares estadounidenses; en 2009 el
Gobierno de Álvaro Uribe autorizó la instalación de siete bases militares del
Ejército de los Estados Unidos en nuestro territorio nacional, desde las cuales
ha quedado claro que además, las Fuerzas Militares Estadounidenses ejercen su
control geopolítico sobre Latinoamérica, amenazando todo intento de proceso de
cambio progresista y revolucionario en la región, especialmente los que se
adelantan en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
Como lo denunciaron
varios parlamentarios del Polo Democrático en su momento, el Gobierno
Colombiano destinó a la financiación del Plan Colombia recursos que deberían
destinarse presupuestalmente para el gasto público y la inversión social, en
materias de educación, salud, saneamiento básico, atención al agro y la
seguridad alimentaria del país. Además, el Departamento Nacional de Planeación
ha reconocido que muchos de los recursos provenientes de USA para el Plan
Colombia, no han sido donaciones sino préstamos, lo que quiere decir que ese
plan ha contribuido a incrementar la deuda externa y la dependencia de nuestro
país. Y según datos de ese departamento, realmente lo gastado en el Plan
Colombia durante sus 15 años de ejecución, equivale a invertir cerca de 20
veces el Producto Interno Bruto colombiano del año 2015. La mayor parte de
estos recursos se pagaron en contrataciones con empresas del ámbito militar de
Estados Unidos, Israel y algunas potencias europeas.
Con sus
acostumbrados comportamientos imperiales y arrogantes, el Gobierno de Estados
Unidos ha presentado un nuevo plan, que en el fondo constituye la continuidad
de su contrainsurgente Plan Colombia, denominado ahora por el presidente Barack
Obama, “PaxColombia”, el cual fue acogido sin chitar una palabra por el
presidente Juan Manuel Santos y el ex presidente Pastrana Arango, durante su
pasada visita del 10 de febrero de 2016 a la Casa Blanca, con la acostumbrada
genuflexión de la dirigencia de las oligarquías liberal-conservadoras
colombianas ante la dirigencia del imperio neocolonial.
Lo preocupante es
que “PaxColombia” entre sus rubros de
“inversión” de los 450 millones de dólares que le está asignando el Gobierno
USA, pendientes de aprobación por el Congreso de ese país, no se contempla ni
un dólar para combatir y acabar el narco paramilitarismo en Colombia, ni para
la parte social. Lo que viene a confirmar que Estados Unidos no está interesado
en acabar con el flagelo paramilitar, sino al contrario, como viene ocurriendo
en países africanos y del oriente medio y cercano, está interesado que se
mantenga como fuerza generadora de caos, amovilidad, saqueo, atraso y
dependencia, y de mercado para su Complejo Militar Industrial. De tal manera que si nos basamos
en esta segunda versión del Plan Colombia, la paz en Colombia queda en veremos,
porque con militarismo y sin justicia social no se podrá arribar a ella.
Para las
comunidades afrocolombianas e Indo colombianas en particular, el Plan Colombia
les significó las mayores escaladas de violencia, de crímenes terribles,
desapariciones, violaciones de mujeres y desplazamientos forzados, generados
por las fuerzas armadas oficiales, el narco paramilitarismo y otros grupos
armados ilegales. Además de la destrucción de muchos de sus ecosistemas
territoriales y cultivos básicos para su supervivencia, por las fumigaciones
militares contra los cultivos de coca, el desarrollo de proyectos mineros
grandes y medianos, legales e ilegales, por parte de transnacionales y otros
agentes foráneos, al punto de
desaparecer especies vegetales, de peces y animales de caza en muchos
lugares, con lo cual se incrementó y profundizó su pobreza, y su marginalidad
social histórica.
Precisamente, un
año después de entrar en vigor el Plan Colombia, se produjo la masacre de
Bojayá, Chocó, el 2 de mayo de 2002, donde quedó demostrada la alianza del narco
paramilitarismo con el Ejército Nacional, enfrentados a la FARC-EP, quien lanzó
un cilindro-bomba a los paramilitares, el cual se desvió y fue a caer dentro de
la iglesia donde se encontraban refugiadas muchas gentes del pueblo; y
finalmente aparecieron efectivos del Ejército Nacional por lanchas y
helicópteros artillados atacando a las FARC-EP, protegiendo a los narco
paramilitares y lanzando insultos y manifestaciones de menosprecio a las gentes
del pueblo, incluidos los heridos en estado grave, a quienes el personal médico
del Ejército Nacional no le prestó atención alguna, faltando gravemente a la
ética profesional y al Juramento Hipocrático.
Por todo lo
anterior, una vez más, uno no entiende cual es el éxito del Plan Colombia que
se encuentran celebrando los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, algunos
desfachatados dirigentes de las oligarquías colombianas, sus medios y
periodistas incondicionales. Al pueblo colombiano solo le queda la esperanza
que siga avanzando exitosamente hasta llegar a feliz término el proceso de paz
que se ha iniciado en la Habana, y que debe iniciarse con otros grupos
insurgentes, en aras de aliviarse de tantos martirios y que se creen
condiciones para la construcción de una vida digna, tranquila, de convivencia
pacífica y con justicia social.
Pero para que este
proceso llegue a feliz término, debe ser más participativo e incluyente,
especialmente de los sectores o grupos sociales como los afrocolombianos e indo
colombianos que han sido los más golpeados por el conflicto en los últimos 25
años. No es posible que se sigan tomando unas decisiones que van afectar sus
vidas, territorios y culturas sin contar con sus opiniones o puntos de vista y
sus propuestas. Pues eso es violatorio de convenios internacionales acogidos
por Colombia y de la Constitución Política Nacional, que estableció una
democracia participativa y que el Estado debe reconocer y proteger la
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
*Instituto AZABACHE
jlicher001@yahoo.es
Publicación
Barómetro
internacional.barometro@gmail.com
