Desde Estados Unidos
01-febrero-2014
Partidos capitalistas de México capitulan ante
EE.UU.
Senado mexicano
accede a venta recursos energéticos
Berta Joubert-
Ceci
Con 3500 policías fuertemente armados
rodeando el edificio que alberga al Senado Mexicano, una mayoría de ese órgano
aprobó un proyecto de ley de "reforma energética" en la medianoche
del 11 de diciembre. La amplia legislación fue aprobada con sólo 10 horas de
discusión. Esta abrirá el camino a la privatización de los activos más valiosos
del país: el sector de la energía, incluyendo petróleo, gas natural y
electricidad.
Horas más tarde, el proyecto de ley fue
aprobado por la Cámara de Diputados y se envió a los 31 estados de la república
mexicana para su confirmación. Antes de que esta ley pueda ser promulgada, debe
obtener la aprobación de 17 estados, ya que requiere un cambio de varios
artículos de la Constitución. Para el 16 de diciembre, ya 16 estados la habían
endosado.
Esta ley tendrá enormes consecuencias
negativas para las masas populares y su aprobación ya ha despertado la
oposición de las masas. La única forma en que se podía aprobar era a través del
proceso de "vía rápida", que dio a algunos diputados sólo 10 minutos
para emitir su voto, junto con la fuerte presencia policial. En algunas zonas,
los senadores y/o diputados fueron escoltados a las cámaras en camiones
policiales. Cambios de última hora de la agenda en algunos estados impidieron
que diputados de la oposición dieran sus votos.
La "reforma" permitirá la
inversión privada, tanto nacional como transnacional, en el sector energético,
que ha estado bajo la propiedad y control del Estado mexicano a través de la
empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos conocida como Pemex. Esta ley
otorgará derechos amplios a empresas privadas para la exploración, extracción,
refinación y comercialización de petróleo y gas natural. También eliminará por
completo las cinco plazas ocupadas por el sindicato de los trabajadores
petroleros en el consejo de Pemex compuesto de 15 miembros.
Los que promueven la privatización
tratan de justificarlo diciendo que Pemex no cuenta con los recursos necesarios
para extraer petróleo en las aguas profundas del Golfo de México, donde hay
depósitos significativos - se estima en un 50 por ciento de los recursos de
petróleo sin explotar del país. También dicen que se necesitan mejoras
tecnológicas con el fin de ser "más competitivo". Los privatizadores
afirman que Pemex quedará en bancarrota dentro de 20 años si no hay cambios.
(Jornada.unam.mx )
Impacto potencial
Pemex proporciona la mayor fuente de
ingresos de México. Según Manuel Bartlett, un senador de la oposición
perteneciente al izquierdista Partido del Trabajo (PT), "los recursos que
Petróleos Mexicanos (Pemex) paga al erario pasarían de 68 por ciento actual a
55 por ciento, en el mejor de los casos, y hasta 27 por ciento en el peor de
los escenarios, según el tipo de contrato de que se trate".
(jornada.unam.mx, 13 de diciembre) Pemex actualmente ayuda a financiar muchos
servicios y programas sociales como la educación y la atención de la salud.
En virtud de la reforma, los recursos
que ahora pagan por estos servicios se desplazarán a manos privadas, en su
mayoría fuera del país y lejos del pueblo mexicano quien más lo necesita. Según
la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), México en este
momento es el único país de América Latina donde la pobreza ha ido en aumento.
Un estudio reciente mostró que el número de mexicanas/os que viven por debajo
del nivel de pobreza ha aumentado a 60 millones, en una población de poco más
de 112 millones. Es revelador que el Estado de México tenga la mayor pobreza.
El actual presidente del país, Enrique Peña Nieto, fue gobernador del Estado de
México desde el 2005 hasta el 2011.
También se predicen impactos no
económicos como la posible destrucción del medio ambiente y la devastación
cultural.
La riqueza de Pemex
La Jornada, el periódico de la
prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México, en un artículo titulado
"Petroleras tendrán acceso a riqueza de 3 billones de dólares",
refutó la afirmación hecha por los autores de la reforma que aducen que Pemex
está en bancarrota. Citando a economistas mexicanos, Israel Rodríguez escribe:
"los cálculos más conservadores indican que México posee reservas probadas
de crudo por 14 mil millones de barriles. En hidrocarburos de lutitas (shale),
las existencias de crudo en México son de 13 mil millones de barriles
adicionales, y las de gas natural de 545 billones de pies cúbicos".
Rodríguez continúa diciendo que:
"Pemex se mantiene como el quinto productor mundial de petróleo, es
también el quinto exportador y las reservas mexicanas se ubican en el
decimotercer lugar mundial; los costos de extracción son los más bajos: 6.84
dólares por barril frente a 7.55 de Statoil, 9.55 de Exxon o 13.62 de
Petrobras. Sus ingresos antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA)
pasaron de 71 mil millones de dólares en 2008 a 88 mil millones en 2012;
durante los últimos tres años ha mantenido un promedio de inversión de 22 mil
millones de dólares, mientras que empresas como Exxon o British Petroleum
realizan inversiones globales por 36 mil millones de dólares; además, el pago
de su deuda ocupa 6.4 por ciento en proporción de su capital de operación, por
lo que resulta muy discutible la afirmación de que carece de recursos para
afrontar nuevos retos”.
¿Quién está detrás de la reforma?
El presidente Peña Nieto pertenece al
derechista Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó al país
durante décadas hasta el año 2000. Cuando recuperó el poder hace un año,
después de una elección ampliamente corrupta, prometió un plan completamente
neoliberal disfrazado de un plan para "salvar a la nación". Este
plan, llamado el Pacto por México, abarca entre otras, grandes reformas en la
educación, las finanzas, las telecomunicaciones y la seguridad.
Estas reformas han sido un camino directo
a las políticas anti sindicales y de privatización. Los tres partidos
principales apoyaron el Pacto: el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN), que
bajo el predecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón, militarizó el país y desató
una violencia terrible, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Desde
entonces, el PRD se ha separado del Pacto, sobre todo por su oposición a la
reforma.
Básicamente, tanto el PRI como el PAN
quieren imponer una agenda neoliberal en nombre de los ricos y las empresas
transnacionales. Ambos sirven como sustitutos del imperialismo estadounidense
en México y en la región.
Los primeros elogios aprobando la
reforma fueron Washington y los grandes medios corporativos de Estados Unidos.
La oposición ha señalado desde el principio que la reforma fue redactada por y
en nombre de Exxon Mobil, Chevron y otras grandes corporaciones energéticas. La
dominación imperialista avanzará en México con terribles consecuencias.
La oposición mexicana considera a la
reforma energética como el desarrollo más devastador en la historia reciente,
igual a la aprobación del TLC en 1994. Señala el fin de la soberanía mexicana
en el sector energético. Fue en 1938, cuando las empresas petroleras
extranjeras estaban robando el petróleo del pueblo mexicano y otros recursos
naturales, que el entonces presidente Lázaro Cárdenas lo aseguró a través de
una legislación que nacionalizó la industria petrolera. Ahora, 75 años más
tarde, las compañías petroleras de Estados Unidos finalmente han logrado,
después de muchos intentos, abrir los recursos naturales más importantes de
México para su posterior explotación.
La oposición
La reforma energética, así como otras
medidas anti-populares en materia de educación, transporte y otras, ha sido
opuesta por senadoras/es y diputadas/os la izquierdistas, así como por
sindicatos y movimientos sociales. Esfuerzos por detener la legislación fueron
hechos por el PT, el Movimiento Ciudadano y el Movimiento de Regeneración
Nacional, cuyo fundador, Andrés Manuel López Obrador, fue despojado de la
elección presidencial en el año 2006 por las maquinaciones de los partidos
institucionales de la derecha. Sin embargo, la abrumadora presencia de la
policía y la velocidad del proceso impidieron una enérgica resistencia exitosa
y oportuna.
La militarización y la violencia del
estado han desempeñado un importante papel en la prevención de una lucha
eficaz. La represión e incluso los asesinatos de activistas políticos, son
comunes en México. El Estado ha aprobado una nueva legislación para reducir las
manifestaciones públicas en la capital, yendo tan lejos como prohibiendo las
marchas que hacen demandas a la ciudad o al gobierno federal.
Las fuerzas progresistas han realizado
varios intentos de unirse para llevar una lucha más concertada. Varias
movilizaciones han tenido lugar, convocadas por diversas organizaciones. Un
frente unido está formándose organizado por el PT, PRD, Movimiento Ciudadano,
Unión Nacional de Trabajadores, y los sindicatos de trabajadoras/es
universitarios y teléfono, entre otros. Las/os artistas se han unido para
oponerse a la reforma en un colectivo llamado "El Grito Más Fuerte".
Y se están recogiendo firmas en una
petición para que se lleve a cabo una consulta popular para la derogación de la
ley.
La insatisfacción aumenta. Ningún
acuerdo puede tener éxito si el pueblo une sus fuerzas para luchar
conjuntamente. El movimiento progresista en los Estados Unidos debe ayudar a
las fuerzas progresistas en México en todas las formas posibles y exponer la
crueldad y la hipocresía del gobierno capitalista estadounidense, que no sólo
no ha logrado aprobar una reforma inmigratoria plena que pueda ayudar a las/os
inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, sino que ahora va a devastarles en su
propio país a través de la intensificación de la explotación de los recursos
mexicanos.
