NO A LA REPRESIÓN SOLUCIONES JUSTAS A LA BARBARIE DE IGUALA - CRR

Desde Guerrero, México
12/Diciembre/2014


No A La Represión. Soluciones Justas A La Barbarie De Iguala
Carlos Reyes Romero

Post scríptum: La PGR informó del envío de jóvenes detenidos la noche del 20 a penales de alta seguridad en Perote y Nayarit. Deben dar marcha atrás; por ese camino la situación puede precipitarse a simas sin fondo.

Desde que el presidente Peña Nieto regreso de su gira por China y Australia, se le advierte una marcada tentación de recurrir a una solución de fuerza para sofocar el movimiento por la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos. Sería un grave error que el gobierno recurriera a la fuerza pública contra los padres de los normalistas, los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y las fuerzas sociales que apoyan este movimiento.

Ciertamente, la acción de grupos extremistas, de los cuales se están deslindando públicamente los principales dirigentes del movimiento, sirve de pretexto para que los sectores más conservadores del gobierno presionen para el uso de la fuerza pública, lo cual sólo ahondaría más la crispación, el hartazgo social y el desencuentro entre el gobierno y la sociedad.

El problema es básicamente político, aunque tenga raíces en la polarización económica y la desigualdad social que hace décadas padece el país, en la inseguridad, impunidad e injusticia que reinan en México y en el contubernio de policías, autoridades y crimen organizado que impera en vastas zonas de la nación y del aparato gubernamental. De ahí que más que de represión, se necesita de soluciones y acuerdos políticos. Aún hay tiempo para que las autoridades adopten este enfoque.

Es urgente implementar un conjunto de medidas y acciones que hagan posible reencauzar el país hacia el reinicio de la transición democrática y la instauración de un auténtico y efectivo estado de derecho, para que tanto el gobierno como el pueblo se sujeten a leyes, y éstas no sólo se apliquen al ciudadano común y corriente mientras los funcionarios públicos de alto nivel gozan de total impunidad por un modelo de fuero constitucional y leyes de responsabilidades que los hacen prácticamente inmunes a la acción de la justicia.

El hecho de que la clase política mexicana, la de todos los partidos, considere la cosa pública como patrimonio propio, del cual puede disponer con absoluta discrecionalidad y sin rendición veraz y efectiva de cuentas, es la causa más profunda y viral de la corrupción e impunidad imperantes y del profundo malestar y descontento que azota al país. Insistimos. Remontar la actual crisis política, requiere de acciones políticas justas y urgentes, entre las cuales proponemos:

§ Aplicar estrategias más efectivas y contundentes para la búsqueda de los normalistas desaparecidos, con una mayor y efectiva coadyuvancia de los padres de los normalistas desaparecidos y de sus asesores legales y técnicos.

§ Cumplir los compromisos establecidos el 29 de octubre de 2014, entre el presidente Enrique Peña Nieto y los beneficiarios de las medidas cautelares decretadas por la CIDH para el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

§ Garantizar el acatamiento de las recomendaciones que emitan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ˗bajo su nueva presidencia˗ y el grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instituciones que contribuirán a la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos y la investigación de las presuntas responsabilidades oficiales en que se haya incurrido con motivo de la barbarie de Iguala.

§ Investigar y sancionar a los funcionarios estatales y federales que habiendo conocido de los asesinatos del ex edil de Iguala José Luis Abarca, lo protegieron a él, a su esposa y a su jefe de seguridad pública; de haberse actuado a tiempo seguramente se hubiera evitado esta barbarie que tanto indigna a la sociedad.

§ Retirar el fuero que todavía gozan constitucionalmente el ex edil de Iguala y los ex funcionarios públicos del saliente gobierno de Guerrero, para que puedan ser investigados, sujetos a proceso y sancionados conforme a las responsabilidades en que hayan incurrido.

§ Establecer un Acuerdo Nacional para la Erradicación de la Impunidad y la Corrupción en la vida pública del país, a fin de aplicar una política de tolerancia cero contra la corrupción y la impunidad, combatir la colusión de servidores públicos en la comisión de delitos al amparo de los cargos públicos y blindar el sistema electoral de la infiltración de la narcodelincuencia. Se trata de un Acuerdo que vaya más allá de los instrumentos legales e institucionales ya planteados en el Congreso de la Unión, implementando un sólido acuerdo de voluntades de toda la clase política, con una amplia concurrencia de la sociedad civil.

§ Crear un Consejo de Estado que garantice la eficacia y cumplimiento de este Acuerdo, integrado honoríficamente por los titulares de los tres Poderes de la Unión, los presidentes de los partidos políticos nacionales, los titulares de la CNDH y el IFAI y cuando menos cinco representantes de prestigiados organismos sociales defensores de los derechos humanos y promotores de la veraz y efectiva rendición de cuentas. En los países políticamente más avanzados funcionan acuerdos e instituciones de esta naturaleza.

§ Reformar la inmunidad constitucional de que gozan el presidente de la República y los servidores públicos que ahora solo pueden ser removidos de su cargo o sujetos a proceso mediante juicio político o de procedencia, a fin de que puedan ser enjuiciados independientemente del cargo que tengan; el cual perderán en caso de ser hallados culpables.

§ Acelerar la implantación en todo el país del sistema de justicia penal acusatorio y oral y revisar sus fines y procedimientos a fin de garantizar que el debido proceso no se sobreponga ni haga nugatoria la debida justicia. De otra manera, la prevaricación de la justicia y la impunidad se estarían volviendo la característica del nuevo sistema.

§ Reconsiderar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la consulta sobre la reforma energética, el monto de los salarios mínimos y la reducción de diputaciones plurinominales, planteadas  para realizarse el 7 de junio de 2015. El pueblo tiene pleno y total derecho a decidir sobre estas cuestiones y no sólo los políticos, en quienes provisionalmente se ha delegado la soberanía popular. Convendría también analizar la pertinencia de reducir a 200 los diputados de mayoría relativa; al país no le sirve un poder legislativo voluminoso, costoso e ineficaz.

En nuestra opinión, estas son algunas de las medidas que en lo inmediato se pueden tomar para encauzar la solución de la actual crisis mediante el diálogo y la construcción de acuerdos y diseños más democráticos, federalistas y socialmente participativos para el país. No son las únicas posibles, pero si son bastante viables para abordar con actitudes políticas justas lo complejo y dramático de los sucesos de Iguala.

Otros sectores y personalidades, entre ellos el Instituto de Estudios para la Transición Democrática han aportado análisis y propuestas para la superación democrática del país. Eso es bueno, porque muestra que aún en la más siniestra adversidad los mexicanos buscamos caminos y alternativas para salir adelante. Ojalá haya más interesados en contribuir a este debate.


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