Desde Guerrero, México
12/Diciembre/2014
No A
La Represión. Soluciones Justas A La Barbarie De Iguala
Carlos Reyes Romero
Post scríptum: La PGR
informó del envío de jóvenes detenidos la noche del 20 a penales de alta
seguridad en Perote y Nayarit. Deben dar marcha atrás; por ese camino la
situación puede precipitarse a simas sin fondo.
Desde que el presidente Peña Nieto regreso de su gira por China y
Australia, se le advierte una marcada tentación de recurrir a una solución de
fuerza para sofocar el movimiento por la búsqueda de los 43 normalistas
desaparecidos. Sería un grave error que el gobierno recurriera a la fuerza pública
contra los padres de los normalistas, los estudiantes de la Normal Rural “Raúl
Isidro Burgos” y las fuerzas sociales que apoyan este movimiento.
Ciertamente, la acción de grupos extremistas, de los cuales se están
deslindando públicamente los principales dirigentes del movimiento, sirve de
pretexto para que los sectores más conservadores del gobierno presionen para el
uso de la fuerza pública, lo cual sólo ahondaría más la crispación, el hartazgo
social y el desencuentro entre el gobierno y la sociedad.
El problema es básicamente político, aunque tenga raíces en la
polarización económica y la desigualdad social que hace décadas padece el país,
en la inseguridad, impunidad e injusticia que reinan en México y en el
contubernio de policías, autoridades y crimen organizado que impera en vastas
zonas de la nación y del aparato gubernamental. De ahí que más que de
represión, se necesita de soluciones y acuerdos políticos. Aún hay tiempo para
que las autoridades adopten este enfoque.
Es urgente implementar un conjunto de medidas y acciones que hagan
posible reencauzar el país hacia el reinicio de la transición democrática y la
instauración de un auténtico y efectivo estado de derecho, para que tanto el
gobierno como el pueblo se sujeten a leyes, y éstas no sólo se apliquen al
ciudadano común y corriente mientras los funcionarios públicos de alto nivel
gozan de total impunidad por un modelo de fuero constitucional y leyes de
responsabilidades que los hacen prácticamente inmunes a la acción de la
justicia.
El hecho de que la clase política mexicana, la de todos los partidos,
considere la cosa pública como patrimonio propio, del cual puede disponer con
absoluta discrecionalidad y sin rendición veraz y efectiva de cuentas, es la
causa más profunda y viral de la corrupción e impunidad imperantes y del
profundo malestar y descontento que azota al país. Insistimos. Remontar la
actual crisis política, requiere de acciones políticas justas y urgentes, entre
las cuales proponemos:
§ Aplicar estrategias más efectivas y contundentes para la búsqueda de
los normalistas desaparecidos, con una mayor y efectiva coadyuvancia de los
padres de los normalistas desaparecidos y de sus asesores legales y técnicos.
§ Cumplir los compromisos establecidos el 29 de octubre de 2014, entre
el presidente Enrique Peña Nieto y los beneficiarios de las medidas cautelares
decretadas por la CIDH para el caso de los estudiantes de la Escuela Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos”.
§ Garantizar el acatamiento de las recomendaciones que emitan la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos ˗bajo su nueva presidencia˗ y el
grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), instituciones que contribuirán a la búsqueda de los 43 normalistas
desaparecidos y la investigación de las presuntas responsabilidades oficiales
en que se haya incurrido con motivo de la barbarie de Iguala.
§ Investigar y sancionar a los funcionarios estatales y federales que
habiendo conocido de los asesinatos del ex edil de Iguala José Luis Abarca, lo
protegieron a él, a su esposa y a su jefe de seguridad pública; de haberse
actuado a tiempo seguramente se hubiera evitado esta barbarie que tanto indigna
a la sociedad.
§ Retirar el fuero que todavía gozan constitucionalmente el ex edil de
Iguala y los ex funcionarios públicos del saliente gobierno de Guerrero, para
que puedan ser investigados, sujetos a proceso y sancionados conforme a las
responsabilidades en que hayan incurrido.
§ Establecer un Acuerdo Nacional para la Erradicación de la Impunidad y
la Corrupción en la vida pública del país, a fin de aplicar una política de
tolerancia cero contra la corrupción y la impunidad, combatir la colusión de
servidores públicos en la comisión de delitos al amparo de los cargos públicos
y blindar el sistema electoral de la infiltración de la narcodelincuencia. Se
trata de un Acuerdo que vaya más allá de los instrumentos legales e
institucionales ya planteados en el Congreso de la Unión, implementando un
sólido acuerdo de voluntades de toda la clase política, con una amplia
concurrencia de la sociedad civil.
§ Crear un Consejo de Estado que garantice la eficacia y cumplimiento de
este Acuerdo, integrado honoríficamente por los titulares de los tres Poderes
de la Unión, los presidentes de los partidos políticos nacionales, los
titulares de la CNDH y el IFAI y cuando menos cinco representantes de
prestigiados organismos sociales defensores de los derechos humanos y
promotores de la veraz y efectiva rendición de cuentas. En los países
políticamente más avanzados funcionan acuerdos e instituciones de esta
naturaleza.
§ Reformar la inmunidad constitucional de que gozan el presidente de la
República y los servidores públicos que ahora solo pueden ser removidos de su
cargo o sujetos a proceso mediante juicio político o de procedencia, a fin de
que puedan ser enjuiciados independientemente del cargo que tengan; el cual
perderán en caso de ser hallados culpables.
§ Acelerar la implantación en todo el país del sistema de justicia penal
acusatorio y oral y revisar sus fines y procedimientos a fin de garantizar que
el debido proceso no se sobreponga ni haga nugatoria la debida justicia. De
otra manera, la prevaricación de la justicia y la impunidad se estarían
volviendo la característica del nuevo sistema.
§ Reconsiderar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en cuanto a la consulta sobre la reforma energética, el monto de los
salarios mínimos y la reducción de diputaciones plurinominales, planteadas para realizarse el 7 de junio de 2015. El
pueblo tiene pleno y total derecho a decidir sobre estas cuestiones y no sólo
los políticos, en quienes provisionalmente se ha delegado la soberanía popular.
Convendría también analizar la pertinencia de reducir a 200 los diputados de
mayoría relativa; al país no le sirve un poder legislativo voluminoso, costoso
e ineficaz.
En nuestra opinión, estas son algunas de las medidas que en lo inmediato
se pueden tomar para encauzar la solución de la actual crisis mediante el diálogo
y la construcción de acuerdos y diseños más democráticos, federalistas y
socialmente participativos para el país. No son las únicas posibles, pero si
son bastante viables para abordar con actitudes políticas justas lo complejo y
dramático de los sucesos de Iguala.
Otros sectores y personalidades, entre ellos el Instituto de Estudios
para la Transición Democrática han aportado análisis y propuestas para la
superación democrática del país. Eso es bueno, porque muestra que aún en la más
siniestra adversidad los mexicanos buscamos caminos y alternativas para salir
adelante. Ojalá haya más interesados en contribuir a este debate.
