Desde
Guerrero, México
Fecha: 24/Febrero/2015
INFAMIAS RECURRENTES
Carlos
Reyes Romero
I.- Hemos llegado
al cuarto mes de la barbarie de Iguala y el presidente Peña Nieto mantiene
contra viento y marea la decisión de achicar el problema y presentarlo como un
evento solamente imputable al crimen organizado, cuya cabeza en este caso
serían el grupo Guerreros Unidos, el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su
esposa María de los Ángeles Pineda.
Aunque a nivel
nacional e internacional la opinión pública y las más calificadas voces de
defensores de derechos humanos, de diversos gobiernos y de organismos
internacionales, apremian al gobierno mexicano para enfrentar con todas sus
consecuencias la colusión entre gobernantes, jueces, policías y la narco delincuencia
que Iguala sacó a la luz, Peña Nieto y su equipo continúan haciéndose como el
Tío Lolo.
Aunque las
evidencias sean muy endebles, contradictorias y poco creíbles, Peña Nieto
insiste en que los 43 normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula;
versión que cuestionan tanto científicos de la UNAM y la UAM como los peritos
forenses argentinos y que cada vez cree menos la opinión pública.
La maniobra
distractora de darle más preeminencia a lo electoral en los medios de
comunicación que a los acontecimientos de Iguala, tampoco está dando los
resultados esperados para el régimen; por todos lados continúan brotando las
exigencias de solución y justicia para los asesinados, heridos y desaparecidos
de Iguala.
Más aún, las
cosas se le están complicando aceleradamente al gobierno y a la clase política
mexicana. El acelerado desplome de los precios del petróleo, la caída del peso
frente al dólar, la retracción de la inversión nacional y extranjera ante un
panorama económico incierto y el bajo crecimiento actual y el previsto de la
economía nacional, son factores que amenazan seriamente la de por sí maltrecha
economía y el deteriorado bienestar de los sectores mayoritarios del país y
presagian estallidos de malestar social.
La gente
pierde aceleradamente la confianza en el gobierno y en el sistema político
mexicano, lo que tendrá consecuencias fuertemente abstencionistas en los
resultados electorales.
Urge ir al
fondo del asunto y desentrañar no sólo la responsabilidad que tienen en los
sucesos de Iguala los autores materiales de la masacre, sino también en las que
incurrieron los personeros políticos que los encubrieron y protegieron;
concretamente el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, el ex procurador
estatal Iñaki Blanco Cabrera, el procurador general de justicia Jesús Murillo
Karam, el secretario de gobernación Miguel Osorio Chong, el presidente Peña
Nieto, los mandos militares destacamentados en Guerrero y los líderes del PRD,
que tuvieron conocimiento y deliberadamente solaparon los crímenes imputados a
José Luis Abarca y su esposa y sus vínculos con la narco delincuencia.
II.- La reciente
renuncia al PRD del senador Alejandro Encinas, ha sacado a flote la profunda
podredumbre moral y política en que se ha desbarrancado esa formación política,
surgida inicialmente de la revuelta electoral de 1988.
Los que más
han enseñado el cobre son los integrantes de la corriente Nueva Izquierda,
tribu conocida coloquialmente como “Los Chuchos”, entre quienes destacan Jesús
Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete Ruiz, Graco Ramírez Abreu, Guadalupe
Acosta Naranjo y recientemente la actualmente senadora Angélica de la Peña.
Es un grupo
que proviene de lo que fue el Partido Socialista de los Trabajadores y que
desde entonces se ha movido a la sombra del poder, lo que les ha dado poder
político y bastante bienestar económico a sus capos.
Siempre han
sido la extensión del PRI en la izquierda y negociaron prebendas y espacios
políticos con Vicente Fox y Felipe Calderón. Con este último negociaron en lo
oscurito su reconocimiento, a cambio entre otras cosas de facilitar el acceso
de Guadalupe Acosta Naranjo, en ese entonces presidente interino del PRD, a la
gubernatura de Nayarit. López Obrador echó abajo sus pretensiones y los obligo
a romper con el PAN.
Los casos de
narcopolíticos imputados al PRD han estado siempre ligados a “Los Chuchos” ˗Gregorio
“Greg” Sánchez, en Quintana Roo; Julio César Godoy Toscano, en Michoacán; José
Luis Abarca Velázquez, en Iguala˗ por nombrar sólo los más sobresalientes.
Hoy estos
señores reclaman a Alejandro Encinas el haber obtenido cargos públicos y de
elección popular por el PRD, como si este partido fuera patrimonio de “Los
Chuchos” e incluso le exigen renunciar a la fracción parlamentaria y a la
comisión senatorial que ocupa, dizque porque pertenecen al partido.
Bueno, la
verdad es que en su lógica patrimonialista ˗común a toda la clase política
mexicana˗ el poder político y todos los cargos que el PRD ha logrado son de su
propiedad. Así lo conciben.
Para ellos
˗como para toda la clase política mexicana˗, aquello de que la soberanía dimana
directamente del pueblo y debe establecerse y ejercerse exclusivamente en su
beneficio, es una frase desafortunada de los enciclopedistas europeos, de los
revolucionarios franceses y americanos del siglo XVIII y de Hidalgo y Morelos,
que nada tiene que ver con ellos.
El poder que
han alcanzado es de ellos y de nadie más y están dispuestos a defenderlo a toda
costa y por encima de lo que sea. Faltaba más; para eso son la principal mafia
política del PRD en pleno siglo XXI.
Qué bueno que
Alejandro Encinas mantiene una sana distancia crítica con el proyecto
partidista de López Obrador y que se abre a opciones ciudadanas que no tengan
que ver con la construcción de aparatos y estructuras jerárquicas, que
necesariamente terminan ahogando e inhibiendo la iniciativa y la energía
popular. Enhorabuena.
III.- En Guerrero,
el gobernador Rogelio Ortega Martínez, le está dando demasiadas vueltas a la
puesta en libertad de la comandanta Nestora Salgado García, coordinadora
regional en Olinalá; de Gonzalo Molina González, coordinador regional en
Tixtla; de Arturo Campos Herrera, coordinador regional en Ayutla de los Libres;
todos ellos integrantes de la CRAC-PC. Así como, a la liberación de Marco
Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras
a la Parota (CECOP), y de todos los policías comunitarios injustamente presos
por defender a sus pueblos.
Ya un juez
federal estableció los fundamentos jurídicos por los cuales Nestora fue
exonerada por los delitos del fuero federal; lo cual es aplicable a los demás
indiciados.
Falta que el
gobierno del estado se desista efectivamente de la acción por esos mismos
delitos en cuanto al fuero común.
Hasta ahora el
fiscal general del estado, ha hecho caso omiso de la reiterada públicamente
petición del gobernador Ortega Martínez.
¿Por qué? No
más por sus pistolas. O será porque en realidad responde más y directamente al
gobierno federal, de donde proviene, cuyos efectivos militares fueron quienes
aprendieron a Nestora.
El gobernador
tiene la opción de conceder indulto a Nestora y a los demás presos políticos de
la CRAC-PC y del CECOP, como se lo facultan la Constitución y el Código Penal
del Estado. ¿Qué espera, entonces?
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